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Economía, Cambios

Reformas de Raúl, VI Congreso del PCC y resultados (II-Final)

Análisis de las reformas económicas que lleva a cabo el gobierno cubano, realizado por Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Distinguido Emérito de Economía de la Universidad de Pittsburgh. Segunda parte y final

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Política social

El aumento de ingresos a la seguridad social podría significar una fuente adicional de fondos si realmente se expandiese notablemente la afiliación de cuentapropistas. Pero hay que tener en cuenta el impacto negativo en el ingreso por la caída en el empleo y de las cotizaciones en el sector estatal, donde solo un cuarto de los empleados cotiza y es difícil extender la contribución por los bajos salarios (Mesa-Lago, 2010b). Para elevar el valor real de los salarios habría que generar primero un aumento considerable en la producción y la productividad, lo cual requiere reformas más profundas que las hasta ahora implementadas o aprobadas en el Congreso.

Respecto al gasto social, el economista cubano Pavel Vidal (2011) recomienda que la asistencia social se incremente de manera rápida, sin demoras, pues de lo contrario “habría un costo social muy grande”. De ese modo, los grupos vulnerables deben ser identificados y deben crearse nuevos mecanismos, así como formar el personal para ello. Un acuerdo del Congreso prescribió que la asistencia social la recibieran “las personas que realmente la necesitan”, lo cual si se hace con la focalización adecuada excluiría a beneficiarios que no están en situación de pobreza y así se ahorrarían recursos. Por otra parte, se dispuso “eliminar prestaciones que pueden ser asumidas (…) por los familiares de las personas beneficiadas”, pero la factibilidad de esta acción es dudosa en vista de las necesidades generalizadas de la población.

Por último, el Congreso no sentó las reglas básicas para la compraventa de viviendas ni eliminó la permuta, aunque estipuló que se flexibilizaría (véase más adelante el análisis de la ley promulgada sobre esto). Además, durante la presentación ante la Asamblea Nacional de los resultados económicos del año 2010 y el plan de la economía para 2011, el ministro de Economía, Marino Murillo (2010), anunció la abolición del precio subsidiado a materiales de construcción vendidos a la población para la construcción de sus viviendas, debido a la venta ilegal de dichos materiales con enorme ganancia para quienes especulan con ellos (hay que recordar que el precio subsidiado de un bloque es el 10 % del precio oficial). Esta medida es fiscalmente correcta, pero perjudicará al sector más pobre y de bajos ingresos, ya que no tendrá acceso a dichos materiales a un precio diez veces mayor.

Resultados de las reformas y ajustes aplicados

Aunque el modelo económico aún no ha sido “actualizado”, tanto la experiencia histórica como las limitaciones antes analizadas generan dudas sobre su éxito. En la presentación del informe central al VI Congreso, Raúl Castro (2011) anunció que el proceso tomaría un quinquenio y de paso amonestó: “lo que aprobemos en este Congreso no puede sufrir la misma suerte que los acuerdos de los congresos anteriores, casi todos olvidados sin haberse cumplido”. Por su parte, Pavel Vidal (2011) ha expresado: “No veo un cambio estructural importante en (…) la planificación [hay] que otorgar mayor espacio al mercado (…) regulándolo con instrumentos indirectos de penalización y estímulos, no [actualizar] un sistema centralizado que ha demostrado una y mil veces ser ineficiente en Cuba y fuera de Cuba”. El modelo de socialismo de mercado chino o vietnamita, que otorga un papel mayor al mercado y al sector privado, ha dado excelentes resultados por decenios. Si se hubiese seguido este modelo, adaptado a las necesidades cubanas, hubiese habido mayor probabilidad de éxito.

Respecto al usufructo, a mediados del año 2010, el ministro de Economía, Marino Murillo, expresó su preocupación por la falta de resultados productivos. Por su parte, Pedro Olivera, director general del Centro Nacional de Control de la Tierra del Ministerio de Agricultura, alegó que la evaluación del impacto en la producción tomaría dos años. Pero la producción agrícola disminuyó el 3 % en el año 2010, con resultados negativos en la mayoría de los productos. El impacto más grave se produjo en la producción del tabaco en rama, el arroz, los frijoles y la mayoría de las frutas, con caídas entre

el 19 % y el 27 %. Después encontramos los cítricos y las hortalizas, con descensos entre el 16 % y el 17 %, y luego los huevos y los tubérculos, que disminuyeron entre 0 % y 3 %. Tan solo aumentaron un 2 % las cabezas de ganado, y entre el 5 % y el 6 % la producción de leche y la cosecha del maíz.

Las cifras preliminares del primer trimestre del año 2011 muestran una reducción en la superficie cultivada del sector privado (con poquísimas excepciones), aunque se aprecia un aumento en la producción de la mayoría de los cultivos respecto al deprimido año 2010 (ONE, 2011a, 2011b, 2011c)[5]. Por el contrario, estadísticas también preliminares del período enero-septiembre de 2011, comparadas con el mismo período en 2010, indican que la superficie cultivada total y del Estado se contrajo, pero la privada se había expandido, especialmente en cítricos (un 94 %), aves, ganado porcino y alubias (entre un 42 % y un 49 %). La producción agropecuaria creció un 7,2 %, aunque con diferencias notables: los mayores aumentos se registraron en el arroz (un 64 %) y las alubias (un 62 %), mientras que las peores caídas fueron para los cítricos (un 29 %) y las patatas (un 14 %). La desagregación de la producción por sector demuestra que el sector estatal tuvo un mal resultado y lo opuesto ocurrió en el sector privado. Por ejemplo, las cabezas de ganado disminuyeron el 8 % en el estatal, y crecieron el 92 % en el privado; mientras que las proporciones respectivas en otros productos fueron las siguientes: cítricos, caída del 20 % y aumento del 94 %; tubérculos, caída del 14 % y aumento del 18 %; plátano, caída del 29 % y aumento del 10 %; hortalizas, caída del 19 % y aumento del 7 %; y alubias, aumentos del 6 % y del 43 %, respectivamente (ONE, 2011d).

Estas cifras preliminares adolecen de contradicciones, pues aunque se contrajo la superficie sembrada no dejó de aumentar la producción, lo cual sólo podría explicarse por una mayor eficiencia y por el uso de fertilizantes, herbicidas, etc. Además, ONE define al sector privado como de campesinos no organizados en cooperativas que cultivan tierras no estatales, por lo que parece excluir a los usufructuarios, aunque estos tampoco se identifican con los sectores estatal y cooperativo. Hay que esperar a las estadísticas completas del año 2011 y a la desagregación de la superficie y producción usufructuarias, pero las cifras disponibles indican que después de la caída en 2010 de la producción agrícola, esta aumentó en 2011 en el sector privado y disminuyó o se estancó en el sector estatal. Aun con este adelanto, la producción agrícola en 2011 estaba muy por debajo de la existente en el año 2005, y peor aún respecto al año 1989, antes de la crisis.

En las reformas agrarias de China y Vietnam, el Estado también retuvo la propiedad de la tierra pero, a diferencia de Cuba, dichos países otorgaron contratos de duración indefinida, y dieron libertad a los agricultores para plantar lo que deseasen, vender los productos a quienes quisiesen y fijar su precio de acuerdo con la oferta y la demanda. Bajo estas políticas, se consiguió un enorme y rápido incremento de la producción agrícola, se alcanzó la autosuficiencia alimentaria y se generaron excedentes que luego fueron exportados. A modo de ejemplo, Vietnam es hoy el primer exportador arrocero del mundo, y vende a Cuba la mayor parte del arroz que se consume en la Isla.

En cuanto al trabajo por cuenta propia, los resultados no han sido muy halagüeños. A fines del año 2010 se contabilizaban 147.400 personas registradas, solo 3.600 más que en 2009, aunque el programa había comenzado a implementarse a principios de octubre de 2010 (ONE, 2011c). En el discurso de clausura en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 18 de diciembre de 2010, Raúl Castro (2010) apremió al Partido y al Gobierno para que facilitaran el avance del cuentapropismo, llamó a “no generar estigmas ni prejuicios contra ellos, ni mucho menos demonizarlos” y pidió “modificar la apreciación negativa existente”. Pero a pesar de estos augurios favorables, el 28 de febrero de 2011 se anunció que no se cumpliría la meta de la primera etapa, y tampoco se fijó un plazo para alcanzarla, salvo vagas referencias al plan quinquenal 2011-2014. A fines de octubre de 2011, el Gobierno reveló que solo se había despedido al 10 % del millón de trabajadores que debía ser sacado del sector estatal en diciembre de ese año. También informó que se habían creado 190.600 trabajos por cuenta propia adicionales, es decir, un 76 % de la meta de los 250.000 previstos, además de que dos tercios de las actividades registradas como nuevas se estaban realizando anteriormente de forma ilegal (Arreola, 2011a y b).

Entre el 1 de octubre de 2010, cuando se empezó a aplicar el programa, y el 30 de abril de 2011, justo después del VI Congreso, se habían concedido 221.839 licencias, de las que habría que descontar 27.000 devoluciones por parte de personas que no pudieron llevar a cabo su desempeño. Pero el 68 % de los nuevos trabajadores que accedieron a licencias por cuenta propia no tenía relación laboral previa con el Estado, lo que significa que ya eran antiguos desempleados que hacía tiempo que se habían desvinculado de las actividades controladas por el mismo. Además, el 16 % de las nuevas licencias fueron otorgadas a jubilados o trabajadores estatales, con lo cual el resultado final indicó que solo 35.494 personas, alrededor de otro 16 %, eran en realidad desempleados recientes tras el proceso de despidos masivos. Entre las razones para justificar la lentitud en los despidos y la creación de empleos privados se mencionaron la resistencia de los administradores estatales, la exigencia de documentos y trámites no legales a los cuentapropistas, así como la dilación excesiva para conceder licencias sanitarias (Granma [28.02.2011, 17.05.2011 y 21.05.2011] y Juventud Rebelde [19.03.2011]).

Tras un análisis de la evolución del proceso de despidos y del trabajo por cuenta propia, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2011 varios ajustes: 1) congeló todas las plazas estatales y extendió el cronograma de despidos sin fijar fecha; 2) permitió la contratación de trabajadores no familiares en las 178 ocupaciones aprobadas, y aumentó de 20 a 50 el número de sillas autorizadas en restaurantes privados (paladares), a la vez que facilitó que restaurantes estatales con baja actividad fueran arrendados a cuentapropistas; 3) suspendió el impuesto de utilización de la fuerza laboral en 2011 a los que contraten hasta 5 empleados, y también redujo cuotas mensuales o impuestos a varias actividades; 4) eliminó la obligatoriedad de afiliarse y cotizar a la seguridad social a mujeres de 60 o más años y a hombres de 65 o más; 5) asignó 14 millones de euros para asegurar la venta de mercancías a los cuentapropistas, pero dejó para el futuro la creación del mercado mayorista; 6) autorizó la actividad de agente de seguros; y 7) concedió a las embarazadas despedidas que no encontraran empleo la licencia de maternidad que antes perdían (Granma [17.05.2011 y 27.05.2011]). En septiembre de 2011 el Gobierno redujo las tasas de tributos mensuales a las personas que ofrecen hospedajes a cubanos y extranjeros, así como prometió que se extendería a otras ocupaciones el experimento de arriendo a trabajadores de peluquerías, barberías y salones de belleza. A comienzos de noviembre de 2011 el Consejo de Ministros anunció que habría nuevas cuotas de pagos de impuestos, sin mayor aclaración[6].

En el caso de la educación superior, se observa que la cantidad de alumnos matriculados en medicina, que aumentó un 61 % entre 2005 y 2010, había disminuido el 21 % en el curso 2010-2011. Esto significa un obstáculo para que se haga efectivo el acuerdo del Congreso para que la graduación de especialistas médicos cubra las necesidades del país y las que se generen por los compromisos internacionales. Por otra parte, el gasto en educación se redujo porque el número de universidades municipales había decrecido un 96 % entre 2009 y 2011, mientras que todas las escuelas de trabajadores sociales habían sido cerradas (ONE, 2011c).

Respecto al sistema de pensiones, la reforma del año 2008 se suponía que pospondría de 2015 a 2020 el momento en que habría más retirados que trabajadores entrantes en la fuerza laboral (Peláez, 2011). No obstante, dicha reforma no ha reducido de manera significativa el severo déficit del sistema, ya que para equilibrarlo en el año 2010 habría que haber subido hasta el 21 % la cotización actual del 12 % sobre el salario (pagada por las empresas), y en los años sucesivos ese porcentaje debería ir en aumento. Por otra parte, en abril de 2011 se habían registrado 198.511 personas en el régimen especial de la seguridad social, incluyendo a cuentapropistas que ejercían antes de iniciarse el proceso de extensión del trabajo privado (Granma [30.04.2011]). En cuanto a los gastos en asistencia social, si se hace una comparación con las cifras de los años 2006 a 2008, en 2010 estos gastos se redujeron un 39 %, el número de beneficiarios un 61 %, los adultos mayores con asistencia un 51 % y los beneficiarios de asistencia a domicilio un 67 % (ONE, 2011c). Estos severos recortes, unidos a la eliminación gradual de gratuidades y del racionamiento, más el acuerdo citado que restringe la ayuda a ciertos beneficiarios, perjudica a grupos vulnerables e implica una erosión en la red de protección social que es esencial en la reforma.

Referente a la vivienda, la construcción total de residencias cayó un 6% en el año 2010, mientras que la edificación de viviendas privadas se desplomó un 19% en el mismo año; la eliminación de subsidios a los materiales de construcción pudo ser la causa que provocó esa disminución mayor (ONE, 2011c). En este sentido, el grupo de población de bajos in­gresos no puede comprar los materiales a precios diez ve­ces superiores, por lo que se debería estudiar la posibilidad de ofrecer vivienda subsidiada para los grupos vulnerables. Una medida de gran envergadura fue la promulgación de la esperada ley de vivienda que entró en vigor el 10 de noviembre de 2011. La misma autoriza la compraventa de viviendas por parte de ciudadanos y extranjeros residentes permanentes en la Isla y permite a los compradores y vendedores fijar libremente el precio y mudarse cuando lo deseen. Además, autoriza las ventas y permutas de viviendas de cubanos que emigran definitivamente sin estar sometidas a la aprobación estatal. Se permite la donación de vivienda y la transferencia gratuita a los herederos familiares. La permuta subsiste, pero ahora es legal el pago de una compensación que antes se hacía de forma ilegal. Esta ley puede generar el capital que tanto necesita el sector privado para lanzar y expandir sus pequeños negocios, así como impulsar la reparación de las deterioradas viviendas existentes. También resuelve la situación de parejas divorciadas que son copropietarias de una vivienda al permitir su venta de mutuo acuerdo. Por otra parte, también contiene restricciones: la propiedad se limita a una residencia permanente y otra de veraneo o descanso (a fin de evitar la concentración de la propiedad); el financiamiento debe hacerse a través del Banco Central de Cuba, que obliga a pagar una licencia aún no determinada; se carga un impuesto del 6 % del valor de la compraventa (4 % en caso de permuta), y se establecen penas severas, incluso prisión, para aquellos que mienten sobre el valor real de sus viviendas (Ley general de la vivienda, 2011). Se especula que la autorización para tener una segunda casa de veraneo podría abrir un agujero legal para que cubanos emigrados compren viviendas a través de sus parientes en Cuba. Un potencial efecto indeseado de la ley puede ser el aumento de las desigualdades respecto a la vivienda entre la población, pues los que tengan más dinero comprarán casas en las mejores áreas y los que carezcan de recursos estarán condenados a permanecer en “solares” (una casa dividida entre muchos propietarios de pequeños habitáculos) de los peores barrios. Además, el propietario de una vivienda arrendada puede venderla y el arrendatario quedarse en la calle (Cave, 2011).

Otra disposición importante que entró en vigor en octubre de 2011 es la autorización de la compraventa de automóviles, de manera libre y en pesos nacionales, entre ciudadanos cubanos que viven en la Isla y extranjeros residentes permanentes; se incluyen los viejos coches estadounidenses anteriores a 1959 y los fabricados en la URSS, otorgados por razones de trabajo antes de 1990. Por su parte, el comprador puede tener más de un coche, y los artistas, deportistas, intelectuales y/o otros profesionales que hayan rendido servicios en el extranjero también pueden adquirir autos modernos comprados con autorización. Los cubanos y extranjeros residentes pueden comprar, cada cinco años, un auto nuevo con pesos convertibles o divisas a través de agencias comerciales o importarlos; los residentes extranjeros temporales pueden tener hasta dos coches durante su estadía (Regulaciones para la transmisión de vehículos de motor, 2011).

Las restricciones legales se aplican especialmente a la compra de coches modernos, con trabas burocráticas e inclusiones y exclusiones arbitrarias. Dicha compra debe tramitarse ante el gobierno regional, que a su vez hace una petición al Ministro de Transporte, y el permiso puede tardar hasta cuatro meses. El comprador debe demostrar que sus ingresos han sido obtenidos en servicios prestados al Estado. Asimismo, se les permite la compra de autos a intelectuales o artistas que reciban premios internacionales o derechos de autor a través de entidades oficiales, así como a trabajadores de la pesca, el tabaco, la marina mercante, las aerolíneas y la base naval de Guantánamo; pero se excluye a los receptores de remesas del exterior y a los microempresarios cuando esas son sus fuentes únicas de ingreso, además de a los profesionales de la salud que prestan servicios en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. La compraventa de autos puede ser gravada con tres impuestos: transporte, ingresos personales y transmisión de bienes y herencia. A los cubanos que emigran de forma definitiva, el Estado les confisca su auto, el cual transmite en propiedad a las personas que tienen derecho, aunque les pueden negar este derecho por razones de utilidad pública o interés social, de ahí que sea más restrictiva que en el caso de la vivienda (Regulaciones para la transmisión de vehículos de motor, 2011). El Estado cobra 21.000 euros por un Hyundai Accent nuevo, pero el mismo auto usado se vende por 22.000 euros, y el simple permiso de compra de un coche se revende por 7.500 euros, por lo que la ley no podrá impedir la especulación (Burnett, 2011).

¿Consenso o disenso en la dirigencia sobre las reformas?

Hasta el momento, las dos reformas estructurales principales que se pusieron en marcha no han logrado un éxito claro. En la reforma de la agricultura, a pesar de la cesión de tierras en usufructo, la producción agrícola cayó en 2010 y, aunque aumentó en 2011 en el sector privado, se desconoce si fue por los campesinos no afiliados a cooperativas o por los usufructuarios. En la reforma laboral se incumplió la meta de despidos, y la creación de empleos privados fue insuficiente, en gran medida debido a las trabas y los desincentivos impuestos. En cuanto a la “actualización” del modelo económi­co, con persistente predominio de la planificación centralizada y de la empresa estatal, 52 años de intentos fallidos para mejorar auguran un nuevo fracaso. La combinación de los despidos, la eliminación de gratuidades y el racionamiento, más los recortes sociales —incluyendo la esencial asistencia social— pueden provocar una situación peligrosa. Por último, la autorización de la compraventa de viviendas y automóviles son medidas muy positivas, aunque también repletas de restricciones que son demasiado recientes para evaluar sus efectos.

El interrogante crucial es saber el motivo por el que no fueron corregidas las fallas de las reformas durante los meses de debates previos a la celebración del VI Congreso, en los que participaron nueve millones de cubanos, o por parte de los 1.000 delegados que asistieron a dicho congreso. Tampoco se propusieron posibles soluciones en las reuniones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o en el Comité Central del PCC y su Buró Político. Después del VI Congreso, y en vista de los pobres resultados de las reformas, el Consejo de Ministros hizo ajustes, especialmente en el trabajo por cuenta propia y la compraventa de viviendas y coches, pero aún persisten problemas fundamentales. La Conferencia Nacional del PCC, anunciada para la segunda mitad del año 2011, y pospuesta para enero del 2012, parece estar encaminada a determinar el papel del Partido y sus relaciones con el Gobierno (Castro, 2010), aunque quizás amplíe y profundice las reformas estructurales.

La eficacia de las reformas y de los acuerdos del VI Congreso está obstruida por objetivos contradictorios. Por un lado, se pretende aumentar la producción para reducir las importaciones y expandir las exportaciones, así como eliminar el empleo estatal excedente, y se reconoce el papel creciente del mercado y el sector privado. Pero, por el otro, se pone énfasis en el plan central, el control, la empresa estatal y los fuertes impuestos al sector privado que obstaculizan su desarrollo. A pesar de las reiteradas aseveraciones de Raúl Castro sobre la unidad en la dirigencia, los elementos analizados en este artículo indican que existe un disenso en la cúpula del poder, así como en los niveles intermedios. Mientras unos apoyan las reformas como única vía para mejorar el desempeño económico y social, para así salvar la revolución, otros se resisten a ellas por temor a desatar fuerzas que se escapen del control del régimen o porque la competencia privada amenace sus posiciones y privilegios. El resultado es un compromiso ineficaz e insostenible.

Con el diseño actual, las reformas podrían alcanzar mejoras modestas, pero mientras no se resuelva el disenso en la dirigencia para expandir y profundizar estas reformas, no se conseguirá resolver los problemas económicos y sociales fundamentales de Cuba. Dos alternativas se perfilan en el futuro: a) una lucha en la dirigencia para impulsar las reformas o b) la continuación del statu quo con el riesgo de provocar una mayor erosión económica y social de imprevisibles consecuencias. Desde aquí abrigo la esperanza en que la historia tome el primer derrotero y triunfen los reformadores.



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