Actualizado: 20/10/2017 18:43
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España

Sean realistas, pidan lo posible (II)

Segundo de una serie de dos sobre una generación que parecía adormilada entre el hedonismo y el desinterés, y ha salido a la calle armada de ideas

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Si visitamos la página de ¡Democracia Real Ya! encontraremos desgranadas por acápites las reivindicaciones del movimiento 15-M, la Spanish Revolution. En qué medida son viables o pertinentes es algo que comenzamos a analizar ayer y que ahora concluiremos. De ello dependerá la solvencia del movimiento y su posibilidad de traducirse en acciones concretas.

En lo que se refiere al derecho a la vivienda, el 15-M propone la expropiación por el Estado de las viviendas construidas que no se han vendido, para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido; ayudas al alquiler para jóvenes y personas de bajos recursos, y que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

De hecho, la vivienda es un bien esencial, y con la explosión de la burbuja inmobiliaria, la crisis y el aumento del paro, se ha creado en España una situación caótica. Miles de obras a medio terminar por la quiebra de las constructoras, miles de viviendas sujetas a embargo por impago, viviendas cuyo valor ha descendido, de modo que ni entregándola al banco el comprador salda su deuda. Y miles de pisos desocupados que, de salir al mercado, abaratarían los alquileres. Al mismo tiempo, los bancos, propietarios de decenas de miles de viviendas expropiadas, se han convertido en inmobiliarias involuntarias. Al respecto, podría haber muchas soluciones que contribuyan a paliar la descompensación del mercado.

Primero, en caso de que se trate de una vivienda habitual (excepto las de lujo), la dación de la vivienda debería saldar la deuda con el banco. Quien quiso comprarse un chalet de trescientos metros sin calcular sus posibilidades, o quien compró cuatro pisos con el propósito de especular, deberá asumir las consecuencias de sus actos. Otra posibilidad es decretar una moratoria de tres años para evitar las expropiaciones masivas, con lo cual los bancos mantienen su expectativa de cobro. Los bancos podrían vender al Estado su stock inmobiliario, o saldar con él parte de su deuda por las ayudas recibidas, y éste, colocarlo mediante las agencias locales para su alquiler a precio regulado. Por otra parte, como en Alemania, gravar fiscalmente las viviendas vacías, de modo que se impulse su salida al mercado y el abaratamiento de los alquileres. Y, por último, el Estado podría asumir la terminación de las obras abandonadas por constructoras en quiebra, con lo que se crearía empleo y se fomentaría la movilidad laboral con su salida al mercado en régimen de alquiler. Amén de otras fórmulas de ayudas directas a personas de bajos recursos.

El control de las entidades bancarias es la siguiente reclamación: prohibir cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias y devolución de todo capital público aportado; elevación de los impuestos a la banca en proporción al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión; prohibición a los bancos españoles de invertir en paraísos fiscales y sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria; aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas; eliminación de las SICAV —Sociedades de Inversión de Capital Variable, que permiten invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos, así como tributar un exiguo 1 % en impuesto sobre sociedades—; recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio; el control del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, y promover a nivel mundial la adopción de la tasa Tobin a las transacciones internacionales.

Todo muy bonito pero, en la práctica, inviable en su mayoría, a menos que se concierten acuerdos internacionales.

Comenzando por lo primero, si el Estado no hubiera inyectado liquidez a los bancos y se hubieran producido quiebras, millones de ahorradores, pensionistas y empresas habrían pagado las consecuencias. Esas inyecciones fueron préstamos, no graciosos regalos, y los bancos deberán devolverlos. Ahora bien, en la mayor parte de los casos, esos préstamos a bajo interés no redundaron en un aumento del crédito a las empresas españolas, condición que debió imponer el Gobierno antes de concederlos, sino que se han invertido en sectores más suculentos, dentro o fuera de España, lo que explica que los bancos no solo no han quebrado, sino que han tenido importantes ganancias. El dinero jamás ha alardeado de su responsabilidad social o su patriotismo.

Sería deseable recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, pero me temo que no ocurrirá. La elevación de los impuestos a las grandes fortunas es justa y correcta; pero en el caso de los bancos (“en proporción al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión” no pasa de ser una boutade, una frase ingeniosa, ¿quién lo ha calculado?) deberá jugarse más con la atracción que con la coacción. El dinero es fluido y alarmista, se escurre hacia rentabilidades superiores y huye del peligro como una gacela. Un paquete de medidas bien pensadas que incluya atractivos fiscales para invertir en empresas españolas, en especial las de I+D y las que fomenten el empleo, puede ser más efectivo que un diktat terminante. La mala praxis bancaria debe ser sancionada, desde luego, y deberán consensuarse leyes internacionales para regular el mercado financiero, así como la tasa Tobin, impracticable a nivel local. En un mercado globalizado, las acciones locales solo consiguen empujar al capital de las altas a las bajas presiones, como muchos fenómenos meteorológicos. Una economía sólida y saneada es el mejor antídoto contra los movimientos especulativos, y no es necesario prohibir las SICAV, basta modificar sus prerrogativas.

Perseguir el fraude fiscal es algo que se viene haciendo cada vez mejor, aunque sea perfectible. Y prohibir la fuga de capitales y las inversiones en los opacos paraísos fiscales solo se conseguirá erradicando los paraísos fiscales, algo imposible sin la cooperación internacional. También podrían gravarse al máximo los bonus de los directivos de las empresas españolas, al 100 % incluso para aquellas que han recibido ayudas públicas.

En cuanto a las libertades ciudadanas y la democracia participativa, exigen que no exista control de Internet; la abolición de la Ley Sinde sobre los derechos intelectuales en la red; la protección de la libertad de información y del periodismo de investigación; referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos, y para la introducción de las medidas dictadas desde la Unión Europea; modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, incluyendo la representación en el legislativo del voto en blanco y el voto nulo; la independencia del Poder Judicial con la reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, y que no sea el Poder Ejecutivo el que nombre a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, y el establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.

Como en el punto anterior, aquí hay una suerte de arroz con mango.

Creo que la libertad de información y del periodismo de investigación está perfectamente protegida por la Constitución y sobran pruebas de ello, entre otras, la libertad de que gozan los indignados. Y la democracia interna de los partidos políticos es “interna”. Si no te gusta, puedes no afiliarte, ni votarlos. El control de Internet no es, desde luego, deseable, pero tampoco creo que nadie lo haya propuesto. Otra cosa es que se persigan los comportamientos delictivos en la red. Y la ley Sinde debe repensarse con más calma y al compás de los cambios tecnológicos, aunque, sin dudas, se necesitan regulaciones que protejan los derechos intelectuales, cuya vulneración atenta directamente contra la viabilidad del proceso creativo. Que haya “referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado” me parece crucial y una garantía de que la política responda a la voluntad de los ciudadanos, pero de ahí a llevar a referendo toda medida de la UE va un largo trecho: tendríamos que aprobar (o no) normativas sobre el tratamiento de productos reciclados o cuotas pesqueras.

La Ley Electoral deberá ser, efectivamente, modificada, de modo que cada partido, sea nacional o nacionalista, tenga una participación en el parlamento estrictamente proporcional a los votos obtenidos. La actual, con su norma absurda de circunscripciones y porcentajes, solo consigue que en una provincia poco poblada un voto valga hasta 3,5 veces más que el de una más poblada, y potencia artificialmente a los partidos nacionalistas gracias a la concentración local del voto. En las Elecciones Generales de 2008, Unión Progreso y Democracia obtuvo un escaño con más votos que el Partido Nacionalista Vasco, que consiguió seis. Y el voto en blanco debería cuantificarse como voto en blanco, no importa que la cámara tenga en una legislatura 350 miembros y en la siguiente 320. Ese es el reflejo exacto de la voluntad popular. Y para que fuese más fiel, el voto debería ser un derecho y una obligación ciudadana (no votar no es una opinión, sino obsequiar mi silencio para que sea manipulado). Votar es obligatorio en Australia, Austria, Nueva Zelanda y Francia, pero también en muchos países de Sudamérica, por lo que no hace ni mejor ni peor a una democracia, sino más fiel al juicio de la ciudadanía. Y para facilitarlo, así como los referendos, ya se puede implementar el voto online mediante firma electrónica y una clave personal.

En cuanto al Poder Judicial, es algo que en España necesita una reforma integral. Las enormes demoras de los procesos, los frecuentes errores por sobrecarga de los juzgados, la precaria aplicación de las nuevas tecnologías. Todo debe sufrir una reforma a fondo. En cuanto al nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la figura del Ministerio Fiscal, es algo que deberá someterse a un análisis más serio que una pancarta. Creo que no son escasas las demostraciones de la independencia del poder judicial, también perfectible. ¿Quién deberá nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial si no es el ejecutivo? ¿El Legislativo? Viene siendo lo mismo. ¿El Poder Judicial al que nadie ha elegido? Si no queremos hacerlo motivo de una nueva votación, donde legos en la materia elegirán magistrados, tendría que ser una comisión de expertos de probada capacidad (y renovable) la que lo haga en lugar de los políticos. Algo que me parece más sabio, aunque siempre sujeto a errores, como toda obra humana. Pero antes, repito, el sistema requiere cirugía mayor y terapia intensiva.

El último reclamo de los indignados es la reducción del gasto militar. Dicho así, ya se ha cumplido, al descender un 5,19 % respecto al ejercicio anterior. Todos aspiramos a un mundo sin armas ni ejércitos, pero eso, lamentablemente, seguirá siendo una utopía durante muchos años. Con un modesto 1,2 % del PIB en gasto militar, España ocupa un honorable puesto 128 entre todos los países del mundo. Toda reducción será bienvenida, siempre que ello no ponga en peligro a las tropas que, más que prevenir una invasión de nuestros vecinos, desempeñan importantes misiones en países en conflicto.

El movimiento 15-M es, sin dudas, un soplo de aire fresco en el enrarecido panorama de la política nacional, un despertar de una conciencia ciudadana que el país necesita desesperadamente, pero deberá reflexionar a fondo sobre la pertinencia y viabilidad de sus reivindicaciones si aspira a convertirse en un elemento de peso en la real politik española y que sus pancartas se traduzcan en hechos. Y deberán comprender, ante todo, que antes de repartir beneficios hay que obtenerlos. Cuba, con su vocación de justicia social, comenzó distribuyendo equitativamente el empleo, lo que al cabo fue una repartición del subempleo y del subsalario. Después redistribuyó equitativamente la miseria. Y ahora se prepara para ajustes tan drásticos que las recetas del FMI parecen tisanas de la abuela. Hay mucho que corregir en España, pero lo primero será torcer la senda del crecimiento de las arenas playeras y los chiringuitos hacia el laboratorio. Como en los vasos comunicantes de Pascal, la imaginación y la creatividad política del 15-M deberá desplazarse también hacia la economía del conocimiento, y subvertir por fin la trágica máxima de Unamuno: ¡Que inventen ellos!


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Imagen de una manifestación convocada por la Coordinadora de Pueblos y Barrios en Lucha, a la que se ha sumado el Movimiento 15-M, en la plaza de Neptuno, MadridFoto

Imagen de una manifestación convocada por la Coordinadora de Pueblos y Barrios en Lucha, a la que se ha sumado el Movimiento 15-M, en la plaza de Neptuno, Madrid. (EFE)