Mientras intercambiábamos opiniones las pasadas semanas sobre los abusos de la política migratoria cubana se desencadenó una crisis entre tres países de América del Sur. Sin cortar nuestro diálogo, -que podemos continuar de manera paralela en el espacio de la publicación anterior-, veo la pertinencia de retomar la reflexión sobre el tema de los conflictos a partir de esta experiencia suramericana.

Ayer recibí una llamada de un amigo, diplomático, quien eufórico me comunicaba su alegría por el hecho de que se hubiese “puesto fin al conflicto entre Colombia y Ecuador”. Espero no haberle aguado la fiesta cuando le dije que se había contenido la situación pero que el conflicto permanecía hasta que se le diese solución o saliera de nuevo a la superficie con otra crisis. La incursión colombiana en Ecuador no fue un relámpago en cielo sereno.

Tanto la acción colombiana como los manejos que evidencia la documentación incautada a las FARC son inaceptables a la luz del derecho internacional. Si Ecuador se considera víctima de Colombia, éste último puede reclamar ese papel al demostrarse que dos estados vecinos sostenían relaciones estables a sus espaldas con fuerzas conectadas con el crimen organizado y dedicadas a acciones violentas contra el gobierno en Bogota. La única víctima simultánea de todas las partes han sido las normas que para convivir en paz establecieron los estados desde el fin de la II Guerra Mundial.

No es algo nuevo. En el Medio Oriente sucede cuando Hamas o Hezbollah son anidados en países vecinos a Israel y dejan caer cincuenta cohetes sobre ciudades de ese país. Los organismos regionales e internaciones no ponen coto de manera eficaz a la situación y se escudan en que Israel tampoco ha cumplido las resoluciones sobre los territorios ocupados desde 1967. Ante esa situación, Tel Aviv responde para proteger a sus ciudadanos con golpes aéreos que liquidan a algunos de esos grupos y de paso a otros tantos civiles en las cercanías. He visto muchos apretones de manos y conversaciones que han contenido más de una crisis en aquella región, pero todavía no se ha alcanzado una solución al conflicto. Los que se dieron en la Cumbre de Río en Republica Dominicana han desinflado una crisis, pero no han puesto punto final a las circunstancias que dieron lugar a lo ocurrido en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Lo grave para nosotros es que esa lógica violenta parece trasladarse a América Latina. Ante la incompetencia o parálisis de las instituciones internacionales y regionales encargadas de exigir el cumplimiento de las normas de convivencia, cada cual se siente impelido a procurarse la seguridad por si mismo. El argumento es atendible por excepción, sólo que si se sigue esa senda nadie terminará seguro.

En el siglo XXI todos los estados, aún los más poderosos, son vulnerables a pequeños grupos irregulares dotados de imaginación y nuevas tecnologías. Ninguno puede erradicarlos sin la cooperación de los demás. Pero las instituciones y el derecho internacional han quedado relegadas a apagar fuegos –de ellas se acuerdan, como de Santa Bárbara, cuando truena-, pero no a erradicar conflictos. Y los conflictos internos a menudo terminan transformándose en crisis regionales.

En la raíz de todo conflicto hay una necesidad básica negada al prójimo. Puede ser la del ejercicio de la libertad, la posibilidad real de acceso a una vida material digna, el respeto a la identidad propia (nacional, religiosa, racial, étnica u otra), vivir en seguridad y muchas más. Esa opresión esta latente hasta que el afectado reclama sus derechos. Si no es atendida de manera convincente, su perspectiva puede ser persuadida por las voces de quienes atizan rencores comprensibles en beneficio de su propia agenda. Del resto se encarga la espiral de violencias y odios que se desaten.

En nuestra región se vienen acumulando situaciones conflictivas dentro y entre estados. La respuesta que algunos alientan no ha sido la de revolucionar la democracia como medio de gestión, sino la de remplazarla –valiéndose de sus propios libertades y movilizando el rencor por las necesidades básicas desatendidas- con regimenes demagógicos de vocación autoritaria. Lejos de mejorar la situación regional ella ha venido empeorando como resultado de esa estrategia de polarización.

Continúa la guerra civil en Colombia. Otra acecha en Bolivia. Crece la intolerancia política y violencia en Venezuela. Escalan las tensiones fronterizas entre Colombia, Venezuela y Ecuador. A otra escala, sucede igual entre Uruguay y Argentina. Se ha iniciado una contagiosa carrera regional de armamentos. Y Cuba – país que atravesó dos guerras civiles en la segunda mitad del siglo XX- se adentra en una nueva fase de su prolongado conflicto a cuya solución estructural se resiste una minoría que deriva beneficios del actual status quo. Lo interesante es que algunos de esos conflictos tienden a entrelazarse y por ello siempre poseen el potencial de generar situaciones de mayor gravedad.

¿Cuándo y donde será la próxima crisis? Observen el mapa de conflictos de la región y adivinen. Hay una bomba de tiempo esperando por estallar en más de un lugar. En todos ellos hay un personaje del que hablaré más adelante: el fanático. Ese, por cierto, fue el gran derrotado en las elecciones españolas del domingo

Ayer se ha anunciado por el MINREX una nueva reunión sobre asuntos “migratorios” en La Habana para fines de este mes. En ella participarán los que hayan sido incluidos en una lista de invitados que decide el gobierno cubano, quien además de controlar la sede de estos eventos acostumbra también a imponer su agenda y administrar la lista de oradores.

Me pregunto si hace falta una reunión para discutir o tener que “negociar” un derecho universalmente reconocido que ha sido reclamado de manera pública por toda la población desde el Cabo de San Antonio a la Punta de Maisí. No creo se necesite de nuevas reuniones para aceptar el cambio en la política migratoria, tan demandado dentro y fuera de Cuba por sus nacionales, cuyo reclamo se apoya en las normas del derecho humanitario vigente.

Lo que tiene que hacer el gobierno cubano es muy simple: suprimir los permisos de entrada y salida a todos los ciudadanos cubanos y hacer transparentes sus leyes, regulaciones, orientaciones, procedimientos y mecanismos de decision en asuntos migratorios.

Lo que pudiera discutirse son las abusivas tarifas que imponen a llamadas telefónicas, trámites migratorios, envíos de remesas y otros asuntos. Pero la libertad de movimiento es un derecho universal e inalienable que no se discute ni negocia, sólo se denuncia y exige si es violado.

Lo que corresponde hacer a todos los que somos víctimas de estas arbitrariedades es denunciarlas y oponernos a ellas haciendo uso de las libertades que gozamos fuera de la isla. Defendemos un derecho universal internacionalmente reconocido, arbitrariamente conculcado y ampliamente reclamado por los que viven en Cuba y fuera de la isla. Hoy existe un movimiento mundial por los derechos de los emigrados que debería ser también puesto al tanto de las peculiaridades del caso cubano.

He reunido algunas definiciones que hagan posible el que podamos comunicar nuestras coincidencias o desacuerdos dando el mismo significado a las palabras que empleamos:

• Asilado: Persona que huye de su país y se le permite permanecer en otro porque era perseguido –usualmente por razón de raza/etnicidad, religión, nacionalidad, opinión política o ser miembro de un grupo social particular- o teme ser perseguido si retornase a su país o al lugar de su última residencia. (Manual de Terminología Internacional de Derechos Humanos. H. Víctor Condé, basándose en la Convención de Refugiado de 1951).

• Emigrante: El que se traslada de su propio país a otro, generalmente con el fin de trabajar en él de manera estable o temporal. (Diccionario de la Lengua Española, Edición 22, Madrid, 2001).

• Exiliado: Expatriado generalmente por motivos políticos. (Diccionario de la Lengua Española, Edición 22, Madrid, 2001).

• Destierro: Pena que consiste en expulsar a una persona de lugar o territorio determinado para que temporal o perpetuamente viva fuera de el. (Diccionario de la Lengua Española, Madrid 1970).

• Refugiado: Persona que escapa de su país debido a tener un buen fundado temor a ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular u opiniones políticas, y estando fuera del país de su nacionalidad no puede, o debido a esos temores, no desea volver a él. (Manual de Terminología Internacional de Derechos Humanos. H. Víctor Condé, basándose en la Convención de Refugiado de 1951).

Muchos cubanos ostentan la condición de exiliados porque decidieron salir de Cuba por razones de conciencia y/o temor fundamentado a ser víctima de persecuciones, acosos y discriminaciones o exclusiones sobre la base de tener y expresar ciertas ideas políticas, económicas o culturales. Algunos de los que decidieron exiliarse tuvieron que hacerlo solicitando asilo o refugio en otro país. Otros simplemente salieron y no retornaron.

Pero hay muchos también que hubiesen preferido ser simples emigrantes para probar fortuna de manera temporal o permanente en otro lugar –algo que hicieron antes desde Benny Moré hasta Camilo Cienfuegos- pero al comunicar honradamente su deseo, las autoridades sólo les ofrecieron la “salida definitiva del país”.

Desde ese momento, todos –exiliados, asilados y aspirantes a emigrados- comparten la condición de desterrados por decision del gobierno cubano.

A todos se impuso por igual el castigo del destierro. Se nos expulsa del territorio nacional de manera definitiva al que se nos permite acceder si estamos dispuestos a someternos al principio de pedir un permiso –de 30 días prorrogable a otro mes- que nos puede ser negado sin que medie explicación alguna.

El gobierno de Cuba no reconoce la segunda ciudadanía adquirida en el exterior por una parte de los que se radicaron fuera. Los sigue considerando ciudadanos a los efectos de aplicarles su política migratoria, pero les niega esa condición y trata como desterrados sin derechos para otras cosas, como proponer candidatos y votar en las “elecciones”, o expresarse en los recientes procesos de discusión sobre temas nacionales.

El gobierno cubano no podría alterar nuestra nacionalidad –porque esa la otorga el hecho fortuito del lugar en que se nació. Pero si desea arrancarnos los escasos y mediatizados derechos que otorga la constitución vigente a los ciudadanos cubanos entones debería ser consecuente y quitarnos la ciudadanía de manera clara y plena, o permitirnos decidir si deseamos mantenerla o sustituirla (si no es admitida la doble ciudadanía) por la de algún país que nos acogió y nos permite actuar como genuinos ciudadanos en vez de como súbditos de una monarquia absoluta.

Si el gobierno cubano quiere insistir en que el exilio es una ficción y somos simples migrantes, tiene la posibilidad de hacer más creíble ese punto de vista levantando el destierro a todos.

Sugiero que a esta nueva reunión que convocan para fines de mes no la llamen la "Nación y la emigración", sino la "Nación y el destierro". Bajo esa mayor precisión conceptual podrian abordarse finalmente las realidades del país en lugar de invertir las energías en seminarios culturales sobre el significado de la cubanía.

Acostumbro a recibir comentarios que, demasiado a menudo, opinan sobre lo que otros debieran hacer en Cuba . Pero, a propósito del nuevo Consejo de Estado, una de las lectoras, Bárbara, hizo una pregunta oportuna: ¿Qué hacer? Ella va en el sentido de ¿qué podemos hacer nosotros acá?

Antes de intentar responderle a Bárbara creo necesario atender primero a otra interrogante: ¿Qué somos?

Se nos puede llamar “Diáspora”, porque estamos dispersos, como el pueblo hebreo, desde Australia hasta Alaska; o “comunidad cubana en el exterior”, porque sin duda clasificamos también bajo ese criterio. Esos conceptos pueden ser empleados sin temor a error, pero ocultan –a veces de manera deliberada- la naturaleza de nuestra condición. ¿Qué somos entonces? ¿Emigrados, refugiados, asilados o exiliados?

El gobierno cubano se esfuerza por demostrar desde hace algo más de dos décadas que los cubanos que salimos de la isla no somos exiliados ni refugiados porque, según ellos, hoy en día, el motivo principal para “abandonar” el país es de índole económica y no por temor a ser perseguidos. Sólo que en esas consideraciones se pasa por alto un detalle: A todos nos desterró.

Si la motivación individual al salir de la isla fue escapar de una sentencia de muerte o la cárcel, rehusar el tener que convivir con atropellos cotidianos, o buscar horizontes de prosperidad personal, lo cierto es que el gobierno cubano a todos nos homogeniza con el trato que nos dispensa de desterrados. La única excepción son aquellos a quienes el gobierno provee de un permiso de residencia en el exterior por múltiples razones de conveniencia, o porque la astucia, creatividad y contactos del interesado se han impuesto para lograrlo. Aún así, el gobierno se encarga de cobrarle puntualmente cada mes una cuota por el derecho a visitar su patria, y en ocasiones se abroga la facultad de permitir o no esas visitas.

La condición de “salida definitiva del país” no fue una opción individual, sino una imposición legal. Tal como se le impone a muchos presos políticos a cambio de ser liberados. Uno de los problemas que confrontan los países que no desean conceder asilo a un cubano es precisamente que no tienen manera de deportarlo cuando ha vencido su “permiso de viaje”. La Habana no los quiere de regreso, salvo en casos especiales para castigar su desafío. El reciente ejemplo del trato discriminatorio dispensado por el gobierno cubano a los boxeadores devueltos por Brasil puede ilustrar este punto.

Valgan entonces tres precisiones.

1) Somos desterrados no “emigrados”. Llamemos las cosas por su nombre. Con independencia de la variedad de motivos que impulsaron nuestra salida, se nos destierra. No se nos permite restablecernos en la tierra en que nacimos y sólo podemos visitar el país si se nos autoriza . El gobierno otorga un cuño que sirve de salvoconducto para viajar a la patria en que se nació. Una “generosidad” semejante a la que otorgaba la Corona española a desterrados como José Martí.

2) Ningún emigrado de ningún otro país (salvo Corea del Norte) sufre, como en el caso de los cubanos, la confiscación total y completa de todos los bienes y propiedades, desde la vivienda y cuentas de ahorro hasta el juego de cubiertos del comedor, antes de su salida del país. Ni siquiera en China ya es así.

3) Ningún emigrado paga un precio más alto que los cubanos por las artificiales y abusivas tarifas impuestas por el gobierno de la isla a las comunicaciones telefónicas –sin tener Internet como medio alternativo- y al envío de remesas a sus familiares, aun desde países que no establecen limitaciones en el envío de remesas a Cuba, como sucede en Estados Unidos. Los costos de las llamadas telefónicas y de las remesas a Cuba se sitúan entre las más altas de todo el planeta y las más caras del Hemisferio Occidental. Lo mismo ocurre con las exorbitantes tarifas de las gestiones burocráticas para tramitar una visita a Cuba o la de un familiar al extranjero.

Atendiendo a estas razones sería más justo y exacto decir que la suavemente llamada “emigración cubana” tiene atributos radicalmente diferentes a los de cualquier otra. Esas cruciales diferencias permiten a quienes son genuinos emigrados de otras naciones –aquellos que apenas pretenden buscar prosperidad material- que puedan hacerlo y luego retornar al país y a su patrimonio personal, o bien disponer de la venta de sus propiedades y emplear esos recursos para asentarse mejor en la siempre difícil etapa inicial del emigrado. Incluso aquellos exiliados de países que han sufrido bajo dictaduras militares, han podido retornar a sus países de origen cuando han entendido que sus vidas ya no corren peligro, sin tener que pedir permiso para el regreso. Todo migrante –sea latinoamericano, caribeño, asiático, africano o europeo- puede mantener contactos telefónicos, por correo o e-mail regulares con sus familiares y remesar cantidades a veces modestas, pero que llegarán casi integras a sus seres queridos. Todos… menos los cubanos.

Esos no son privilegios, sino derechos de todo emigrado.

Las razones de seguridad que aduce el gobierno de La Habana para arrebatarles la libertad de movimiento a sus ciudadanos son ridículas e inadmisibles si se tiene en cuenta que muchos otros países – España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, Filipinas, Kenya, Argelia, Jordania, Egipto, India, Paquistán entre otros- enfrentan amenazas secesionistas y/o terroristas de manera permanente y no han acudido al estalinismo migratorio como solución.

Lamentablemente, no son sólo las restricciones migratorias del gobierno de la Isla las únicas que hoy afectan a los cubanos. Una parte sustantiva de la comunidad cubana en Estados Unidos viene haciéndose oír en reclamo de que se deroguen las medidas ejecutivas que en el año 2004 impusieron nuevas restricciones de viajes y envío de remesas y paquetes a Cuba, haciendo aún más difícil la separación de las familias cubanas. Una agenda humanitaria no puede dejar de lado este parcial, pero justo reclamo. Quien lo enarbole merece respeto y apoyo. Pero es un hecho ineludible que la inmensa mayoría de las barreras a las comunicaciones, contactos y reunificación de familias continúan emanando de las regulaciones del gobierno cubano.

Pido excusas por la extensión que ha tomado este comentario, pero sucede que lo tenía ya escrito cuando un intercambio entre dos columnistas de El Nuevo Herald sobre el tema de los viajes a Cuba me persuadió de la necesidad de expandir mis notas.

No puedo compartir el criterio de que corresponde a los que viven en la isla expresarse y reclamar el cambio de esa legislación estalinista; y a los que viven en Estados Unidos les toca pronunciarse sobre las regulaciones sobre este tema en ese país. Esta es una discrepancia importante que tengo, en algunas ocasiones, con personas inteligentes y honestas que cuentan con todo mi sincero respeto.

Se trata de la defensa de derechos básicos que a todos nos pertenecen. Siendo cubano y viviendo en Canadá no creo que deba dejar en manos de los cubano americanos sus reclamos frente al gobierno de aquel país, ni pienso que ellos o los que residen en Cuba, por radicar yo en Ottawa, rechacen mi contribución a la defensa de derechos que asisten a todos los cubanos. Esto no supone que pretenda dictar lo que alguien debe hacer – sea fuera o dentro- a partir de lo que yo considero apropiado. Asumí la defensa de estas ideas desde que vivía en la isla y lo sigo haciendo desde Ottawa. Allá lo hice, de manera pública, –en una audiencia plenaria de la Asamblea Nacional en 1994 en la que pedí que suprimiesen los permisos de entrada y salida afirmando que “la Patria no se construye con rehenes” y lo reiteré poco después por escrito ante una comisión ad-hoc de la propia Asamblea. Como ciudadano cubano sigo afectado por la misma legislación ahora que resido en el exterior, y no pienso que debo dejar la defensa de mis derechos a quienes dejé atrás.

Lo que constituiría una torpeza es que cualquiera de nosotros, al partir de percepciones y prioridades diferentes, intente descalificar a quien no comparta las nuestras. De hecho creo que el pueblo cubano –al que todos pertenecemos- se beneficiaría más si aprendiésemos a complementarnos en nuestra diversidad, que persistiendo en el juego de las recriminaciones y la polarización que La Habana sabe siempre alimentar cuando mengua.

La Comisión Cubano-Americana pro Derechos Familiares tiene su propia visión y propuesta sobre este tema. Sus miembros apoyan el Proyecto de Ley H 757 que, según el texto presentado al Congreso de Estados Unidos en enero 31 del pasado año, levanta las prohibiciones de viaje a todos los ciudadanos de Estados Unidos y, entre ellos, a los cubanoamericanos que también sean ciudadanos o residentes en esa nación.

Consenso Cubano , sin tener una posición común sobre el levantamiento del embargo, -que no limitaba, hasta las regulaciones de Bush en el 2004, las visitas a Cuba de los cubanoamericanos-, ha fijado su posición dentro de esos límites. Su propuesta se concentra en pedir a EEUU y a Cuba que levante todas las restricciones de viaje a la isla de los cubanoamericanos, sean ciudadanos o residentes de ese país. A diferencia de la citada Comisión no reclama que se levante la prohibición de viajar a Cuba a los ciudadanos estadounidenses de otro origen.

Una diferencia central entre ambos grupos radica, por tanto, en si se debe o no mezclar el tema del embargo (al solicitar el fin de toda restricción de viajes a Cuba) con el de la de defensa de los derechos específicos de los cubanoamericanos.

También hay diferencias pragmáticas. Pese a que muchos de nosotros nos hemos opuesto siempre al embargo, es probable que no sean pocos los que estimen que mezclar ambos asuntos es contraproducente porque lograr un cambio en este tema requiere de un siempre incierto y prolongado proceso legislativo, mientras que la decisión ejecutiva de Bush en el 2004 apenas necesita de otro decreto presidencial que la revoque.

Sin embargo, los objetivos de ambas agrupaciones no son inevitablemente excluyentes aunque cada sector fije diferentes prioridades.

Lo que la inmensa mayoría de los cubanos de la isla y de afuera seguramente agradecerían es que se encontrase el modo de avanzar de forma complementaria en lo que se proponen, sin caer en el tradicional juego de zancadillas que tanto beneficia a las fuerzas del inmovilismo. No es una meta imposible.

Entonces, retorno a la interrogante de Bárbara: ¿qué hacer? Creo que el primer paso en la lucha por los cambios es derribar todos los muros que hoy separan al pueblo cubano. En ella, la comunidad de desterrados cubanos tendría mucho que hacer y decir.

Desde mi perspectiva, se hace necesario exigir la remoción de todas las trabas arbitrarias -se originen en La Habana o en Washington- que hoy obstaculizan los contactos, envío de paquetes y remesas, comunicaciones, intercambios y la reunificación de las familias. Ni más, ni menos. Ese es el modo eficaz de combatir el contrabando de personas y poner fin a las múltiples formas de violencia asociadas a la represión de estos derechos, de las cuales el hundimiento del Remolcador 13 de Marzo es la más emblemática.

En este tema coinciden no pocos disidentes, reformistas o simplemente inconformes en la isla, con todos aquellos de nosotros que no aceptamos la condición de desterrados. Por otro lado, para una elite que insiste en el uso de una anquilosada retórica de confrontación y se dedica a bloquear el acceso a Internet, censurar publicaciones y derribar antenas de TV satélite, nada sería más oportuno que una fraternal “invasión” familiar. Tumbemos todos los muros que hoy nos separan.

La defensa del derecho al libre movimiento facilita una alianza temática con una amplia gama de fuerzas dentro y fuera de Cuba, y permite hacer uso eficaz del potencial de movilización cívica que existe en el destierro cubano. No hay contradicción, sino complementariedad, entre estar dispuesto a buscar soluciones dialogadas con el gobierno de la isla sobre estos temas y generar la necesaria presión en la opinión pública para avanzar hacia su solución.

En términos psicológicos, que nuestra nación trascienda con el contacto directo los miedos sembrados a lo largo de cinco décadas equivale a lo que significó para los alemanes derribar el Muro de Berlín: el reencuentro como lo que somos, un solo pueblo.