Chávez: 'Quisiera ir con Zelaya, pero no debo, por prudencia'

El Congreso de Honduras aprobó la suspensión de algunas garantías individuales durante las horas en que está vigente un toque de queda, mientras el gobierno de Roberto Micheletti desafió el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, reportó AP.

El acuerdo del Congreso fue avalado por aclamación y suspende la libertad de asociación y de circulación, entre otras, dijo a periodistas el diputado Rolando Dubón, del oficialista Partido Liberal.

"No se trata de un Estado de excepción, ni de un estado de sitio", aseguró.

"Esto se hace por el riesgo que existe, porque se sospecha que hay muchas personas de otros países en Honduras, y se teme que puedan estar intentado acciones contra la ciudadanía y el nuevo gobierno", añadió, aunque no dio más detalles.

Dijo que están exceptuados de la suspensión de garantías las ambulancias, los bomberos, las patrullas y vehículos que transportan los combustibles y los diarios locales.

Tampoco hay restricciones para los medios de comunicación, aseguró.

Con las medidas, las autoridades podrán detener a cualquiera por más de 24 horas, prohibir a las personas que se reúnan o participen en manifestaciones públicas, impedir que presenten peticiones y circulen libremente, salgan, entren o permanezcan en el territorio nacional, según sea el caso.

"Esas disposiciones ya se aplicaban en el toque de queda que prevalece en el país desde hace tres días", dijo a la AP el vicepresidente del Congreso, Ramón Velásquez.

El gobierno desafió el ultimátum de la OEA de restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya, mientras los hondureños divididos volvieron a tomar las calles tanto para apoyar al mandatario designado Roberto Micheletti como para exigir el regreso del gobernante derrocado.

Unas horas después de que la OEA puso un plazo de tres días para que se restituya en el poder a Zelaya, el gobierno de Micheletti advirtió que no admite intervenciones externas, al tiempo que iniciaba esfuerzos para acercarse a la comunidad internacional y convencerla de que no se han violentado las leyes.

"No estamos dispuestos a restituirlo, porque él ha cometido delitos", declaró a la radio colombiana La FM. "Esperamos la comprensión y la rectificación de estos países que realmente sólo han escuchado una parte del problema", señaló.

En rueda de prensa en Tegucigalpa, Micheletti responsabilizó al presidente venezolano Hugo Chávez de la crisis que enfrenta Honduras. "La intervención de Chávez es clara y definida en esta situación que vive Honduras", dijo.

Entretanto Chávez afirmó que le gustaría acompañar a Zelaya cuando retorne a Honduras.

"Yo quisiera ir, (pero) no debo, por la más elemental prudencia, ahora se me señala a mí como el culpable; los golpistas ahora dicen que derrocaron a Zelaya por culpa mía", dijo Chávez en un acto de ascenso de su guardia presidencial.

"No es un problema sólo de Honduras, es un problema de todos nosotros, es el resurgimiento del fascismo más sangriento, más brutal, lo que ha ocurrido en la república de Honduras. Estamos resueltos, todos, hasta el gobierno de los Estados Unidos, se ha pronunciado a favor del retorno de Zelaya", manifestó.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, propuso al Congreso convocar a un plebiscito lo más pronto posible para preguntar al pueblo si está o no de acuerdo con la restitución de Zelaya. "Esto permitiría a los hondureños a expresar su opinión sobre un tema importantísimo", añadió.

Micheletti llamó también a los presidentes que intentan acompañar a Zelaya, en su regreso a Honduras, que "no intercedan en asuntos que no les corresponden".

La portavoz de la fiscalía hondureña, Lorena Cálix, dijo a la AP que hasta el momento los únicos cargos contra Zelaya son traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución, lo cual podría traducirse en "al menos 20 años" de cárcel.

Ex ministro de Defensa pide 'borrón y cuenta nueva'

Mientras tanto, el ex ministro de Defensa, Arístides Mejía, abogó por "un arreglo pacífico" para que el derrocado presidente Manuel Zelaya sea restituido en el poder, informó el diario local El Heraldo.

Dicha acción debería suceder en el lapso de 72 horas que dio la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que Zelaya vuelva al poder, so pena de que el país sea separado del ente continental.

La propuesta de Mejía es como un "borrón y cuenta nueva", a fin de que Zelaya retome el Ejecutivo y no sea capturado y procesado al regresar a Honduras, por querer disolver los poderes del Estados y otros actos de corrupción.

"Es para que haya un arreglo pacífico, para que el presidente Zelaya sea restituido sin ningún condicionamiento", dijo.

"En manos nuestras está reconstruir el país y nuestra democracia y seguir adelante; es absurdo que se quiera capturar un Presidente y darle un golpe de Estado a tan sólo ocho meses de entregar el poder", añadió.

Según Mejía, Zelaya está dispuesto a regresar sin retomar el plan de reformar la Constitución.

Zelaya será juzgado por dos tribunales

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) expuso en un comunicado la relación documentada de los hechos acaecidos con motivo de la sustitución del titular del Poder Ejecutivo, Manuel Zelaya Rosales, reportó el diario local La Prensa.

El 27 de mayo, el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo dictó sentencia interlocutoria ordenando la suspensión del procedimiento de consulta. Dos días más tarde, a solicitud del Ministerio Público (MP), el Juzgado aclaró la sentencia, en el sentido de que los efectos de la suspensión incluyen cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular, que se haya emitido o se emita, que conlleve al mismo fin de celebración de la encuesta.

Los acontecimientos en que tuvo participación la CSJ prosiguieron y tuvieron relevancia, cuando el jueves el MP interpuso el primer requerimiento fiscal contra Zelaya.

"Con fecha 26 de junio de 2009, a raíz de requerimiento fiscal de fecha 25 de junio de 2009, presentado por el MP contra el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, a quien se le acusa como responsable a título de autor de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras", expone el numeral 8. Una vez interpuesta esta acusación, se le decretó "secretividad", medida que fue suspendida.

"Por unanimidad de votos, la CSJ designó a uno de sus magistrados para que conozca el proceso en las etapas preparatoria e intermedia, quien admitió el requerimiento, dictó orden de captura y de allanamiento", expresa el comunicado.

Esta primera acusación es conocida por la CSJ, en vista de que Zelaya será juzgado como alto funcionario, ya que aún no había renunciado al cargo de presidente de la República.

El viernes, ante solicitud del MP, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo libró orden a las Fuerzas Armadas para que, ante la desobediencia del Ejecutivo, suspendiera toda actividad relacionada con la consulta y al decomiso del material de la encuesta previamente declarada ilegal.

El domingo, el Ejército decomisó el material y detuvo a Zelaya para enviarlo a Costa Rica.

"Con fecha 28 de junio de 2009, el Poder Judicial emitió comunicado dejando constancia que si el origen de las acciones de ese día estaba basado en una orden judicial emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley".

En el último numeral, los magistrados informan sobre la segunda acusación contra Zelaya:

"Con fecha 29 de junio de 2009, a raíz del segundo requerimiento fiscal de fecha 26 de junio de 2009, presentado por el MP contra José Manuel Zelaya Rosales, a quien se le acusa como responsable, a título de autor, de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, la CSJ, por unanimidad de votos, ordenó se remitieran las actuaciones al Juzgado de Letras Penal Unificado, para que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal, en vista de que el ciudadano a esta fecha ya no ostentaba el carácter de alto funcionario del Estado".

Dinero y pistolas

Con la confiscación de 260.000 mil lempiras (moneda local) en la habitación de un hotel, donde se hospedaba una alta funcionaria de Zelaya encargada de dirigir la encuesta ilegal en el departamento de Choluteca, se cerró "el ciclo de corrupción que venía imperando" en el gobierno del depuesto presidente Manuel Zelaya, denunció El Heraldo.

Rixi Moncada, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), tras darse cuenta de que la policía la buscaba, se dio a la fuga dejando en la habitación la cantidad de 260.000 lempiras en billetes de 500, junto a dos pistolas automáticas.

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