La doble ciudadanía y la reforma migratoria cubana

La clase política cubana siempre ha tomado en serio a la emigración, y le ha dado tantos usos como le ha convenido.

En unos casos la ha usado para asustar a la población con el cuco “plattista” y exacerbar los ánimos nacionalistas, para lo cual ha contado siempre con el apoyo de una fracción minoritaria de extremistas emigrados. En otros casos la ha usado para pagar sus cuentas atrasadas, pidiendo remesas y obligando a tarifas consulares astronómicas. E incluso ha usado un segmento de partisanos —tan extremistas como los primeros— a los que llama “patriotas”, para lavarse la cara ante el mundo y esconder su posición siempre denunciante y hostil contra los cubanos emigrados.

Pero no creo que el General/Presidente ni sus colaboradores hayan entendido un hecho sociológico elemental: Cuba es una sociedad transnacional, pues un 15-20 % de su población —la más dinámica— vive afuera. Y por consiguiente no es posible gobernar la Isla sin considerar los derechos de los emigrados.

Ahora, como parte de su programa de “actualización” el General/Presidente ha declarado —y sus corifeos han repetido hasta la afonía— que se propone reformar el sistema migratorio. Pero como es usual en un sistema autoritario, nadie sabe en qué dirección lo van a hacer y no se han producido consultas públicas. De manera que todos estamos a expensas de la magra buena voluntad de la élite política cubana.

Obviamente la anunciada reforma migratoria no es un tema que navegue sobre el vacío político, ni que repose sobre consideraciones altruistas. Realmente el interés de los dirigentes cubanos en la emigración no parte de ninguna sensibilidad especial por la suerte de sus compatriotas. Les sigue importando poco cuanto sufre una familia dividida o cuan doblemente luctuoso es la muerte lejana de una madre a la que no se puede visitar, siempre que ese dolor redoblado sirva para apuntalar la gobernabilidad. Y aunque una lavada de cara siempre es conveniente, tampoco creo que esta movida busque principalmente un mejoramiento de imagen pública.

De lo que ahora se trata es de mover las fichas para intensificar el uso del dinero de los emigrados para el despegue económico y para lubricar la propia conversión burguesa de la élite y sus herederos. Pero no hay consenso en la élite acerca de cuántas fichas hay que mover para conseguir que la emigración contribuya más activamente a la recuperación económica insular. Contribución que sería muy provechosa en cualquier circunstancia —lo ha sido a nivel mundial— pero en particular en una economía en crisis crónica, acicateada por los subsidios venezolanos que se acaban y el petróleo que no aparece.

Para los cubanos que viven en la Isla el escenario parece estar más claro, pues realmente la telaraña represiva es tan enmarañada que es posible hacer numerosas concesiones parciales sin avanzar, en lo fundamental, en la consecución del derecho ciudadano al libre tránsito. Digamos que se pueden rebajar tarifas, eliminar algunos pasos engorrosos y quitar prohibiciones —todo lo cual es positivo— sin que los cubanos de la Isla se conviertan en verdaderos titulares de derechos. Lo que de paso le va a ganar al Gobierno algunos aplausos enardecidos de los cacofónicos juglares de la “transición ordenada”.

Pero todo parece ser más confuso para los emigrados. Aquí también se pueden dar pasos parciales —siempre positivos pero siempre insuficientes— como levantar vedas, bajar tarifas y alargar los tiempos de estancias de los emigrados visitantes. Pero al final el asunto crucial de los emigrados sigue en pie y es muy visible: sus virtuales conversiones en apátridas a partir de la expropiación de derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a residir en los lugares donde nacieron.

Un ejemplo de cuan confuso es el escenario y cuan graves pudieran ser sus resultados, es el tema de la doble nacionalidad/ciudadanía. El reconocimiento, o al menos la tolerancia a la multinacionalidad es el signo de la época actual a nivel mundial. De hecho un alto porcentaje de los cubanos emigrados poseen otra además de la cubana.

La constitución vigente en Cuba no reconoce la doble nacionalidad, pero el Gobierno nunca se ha empeñado en operar en esa dirección, sea porque es difícil hacerlo, o porque le conviene económicamente tener a cientos de miles de cubanos pagando altas tarifas consulares cada dos años. Al contrario, ocurre que el Gobierno obliga a los emigrados a portar un pasaporte cubano aun cuando tengan otra nacionalidad y no deseen mantener la cubana.

Y sin lugar a dudas debe ser un derecho de los cubanos que quieren dejar de serlo, poder hacerlo e ingresar al país con los pasaportes de sus nuevas nacionalidades. Pero también debe ser un derecho, de quienes no quieren renunciar a su nacionalidad, poder mantenerla, y ganar derechos como ciudadanos de ultramar. Y frente a ellos, si el Gobierno mantuviera su renuencia a la doble nacionalidad, y si decidiera efectivamente operar contra esta situación de cientos de miles de emigrados, estaríamos en presencia de una desconsiderada expropiación de derechos nacionales.

Y aunque el Gobierno cubano ya nos tiene acostumbrados a casi todo en temas de desconsideraciones y de expropiaciones, creo que un fenómeno como este sería muy costoso no solo para los emigrantes, sino para toda la nación. Al final, como antes decía, somos una sociedad transnacional, con insulares y emigrados. A pesar de los insularismos.

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