Después de las seis

Entre julio de 2010 y abril de 2011, 115 presos políticos cubanos fueron excarcelados y trasladados a España junto con 647 familiares, a razón de 5,63 familiares por preso.

Se ha afirmado que la operación fue acordada entre el Gobierno de Raúl Castro, la Iglesia católica cubana, dotada por primera vez de cierto protagonismo, y el Gobierno español. El diputado del PP Teófilo de Luis calificó, en un debate parlamentario, de “inmisericorde y vergonzante” la colaboración del cardenal Ortega en el proceso de excarcelaciones y opinó que a los presos “no se les dejó ninguna opción de permanecer en Cuba” y se “les forzó al destierro”. Aunque el ex prisionero Julio César Gálvez ha afirmado: “Yo no pedí venir a España”, lo cierto es que, tal y como han aclarado el Arzopispado de La Habana y Laura Pollán, presidenta de las Damas de Blanco, a los reclusos incluidos en el proceso el cardenal Ortega les informó sobre su inminente excarcelación y les consultó si deseaban o no viajar a España. “Nadie ha obligado a ningún preso a que abandone el país”, afirmó Pollán, y citó los casos de Rafael Ibarra, un preso político que no aceptó viajar, y continúa en prisión, y de su esposo, Héctor Maseda, uno de los 12 excarcelados que decidieron permanecer en Cuba. Aunque es perfectamente comprensible que la mayoría decidiera abandonar el país.

Quien haya seguido la política del Gobierno cubano sabe que estas excarcelaciones no corresponden a un giro en su política respecto a la disidencia o a los derechos humanos, y la represión posterior lo corrobora. Ciertamente, ese lavado de imagen sirvió de argumento al ministro de Exteriores español para solicitar a la Unión Europea la derogación de la Posición Común, aunque no hayan variado las circunstancias que la motivaron. Pero, sobre todo, podría servir de argumento a la Administración Obama para relajar o derogar el veto a sus ciudadanos de viajar a Cuba, algo vital para la economía insular en bancarrota. Al mismo tiempo, la Iglesia remozaba su imagen pública y ganaba un espacio de interlocución. En cualquier caso, la excarcelación de opositores políticos pacíficos es siempre una buena noticia.

Los cubanos excarcelados y sus familiares han llegado a España acogidos a un programa financiado por los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, y Asuntos Exteriores y de Cooperación, idéntico al que se aplica a otros refugiados por razones humanitarias. Tras una breve estancia de tránsito en Madrid, los refugiados han sido redistribuidos por los centros de acogida que Cruz Roja Española, la Asociación Comisión Católica Española de Migración y la Comisión Española de Ayuda a Refugiados tienen repartidos por todo el país. En una tercera fase, cada familia pasa a un piso de alquiler y recibe una ayuda de unos 1.390 euros al mes, más otras ayudas para la escolarización de los niños y la compra de libros de texto, y unos 300 euros al año para la compra de ropa, más cursos de formación para la búsqueda de empleo.

Lo primero que llama la atención de esta operación ha sido el número de familiares que han acompañado a los 115 ex prisioneros: 647. Como promedio, familias de siete miembros, aunque en algunos casos superan los 30. El ex preso político Néstor Rodríguez Lobaina ha dado las gracias al Gobierno español por sacarlo de Cuba a él y a su familia, pero afirma que aquí se ha enfrentado a un “infierno de burocracia”. “Si el Gobierno español no tenía las condiciones por estar en una crisis económica, yo no comprendo cómo hace un arreglo con la dictadura cubana para traer a 1.000 personas a un lugar donde no hay trabajo”, se pregunta. Y quizás tenga razón, aunque dicho por alguien que se ha beneficiado de esta generosidad resulta, cuando menos, indelicado.

Varios refugiados han agradecido a España por su acogida. Miguel Martínez afirma que “la ayuda ha sido generosa y alcanza”. Y Antonio Díaz, que “hemos tenido cubiertas nuestras necesidades. Nuestros hijos han ido a la escuela, han recibido atención médica, tenemos casas confortables, y una ayuda que nos permite subsistir en un nivel muy, pero muy digno”, aunque se queja de tener que renovar el permiso de trabajo cada tres meses y la demora en concederles el asilo político —se ha concedido hasta ahora el estatus de refugiado político a 53 disidentes o familiares, y a otros 400 la protección subsidiaria—, por lo que ha decidido trasladarse a Miami.

Pero lo que es noticia en los últimos días es, justamente, lo contrario. Al menos cuatro refugiados han perdido las ayudas. Entre ellos, Néstor Rodríguez Lobaina y Erick Caballero Martínez. El primero, por “reiteradas faltas de respeto al personal de la Cruz Roja”, “actitud desafiante y amenazadora”, incumplir con las ordenanzas del centro, su “desinterés y desprecio absoluto” por las ayudas concertadas para su proceso de integración, y, sobre todo, la “agresión” a otros cubanos, según el subdirector de migraciones de la Cruz Roja. Rodríguez Lobaina se declara el blanco de una “maniobra oscura” por parte de la ONG, en connivencia con la dictadura castrista, para separarlo de su familia. Afirma que le han quitado el abono de transporte, el derecho a realizar llamadas a Cuba, el suministro de algunos artículos personales y el alimento de los domingos. Que se le acabaron la pasta dental y el desodorante y que no ha recibido dinero para cortarse el cabello desde su llegada.

Erick Caballero, por su parte, amenazó en Torrelavega, Cantabria, con una huelga de hambre en protesta por las condiciones de vida. “Nos están tratando como unos simples inmigrantes”, dijo. Y ha denunciado a El Nuevo Herald que muchos no han recibido el dinero para ropa y transporte prometido, o que lo han recibido tarde, y que la asistencia médica ha sido deficiente y tardía. Se queja de los estrictos horarios y de la alimentación. “Yo salí de una prisión de máxima seguridad, y aquí ponen horario para todo: bañarme, comer, salir, la tele”, dijo Caballero. Agregó que algunos no han podido asistir a seminarios para hallar empleo porque no hay dinero para el transporte ni para ropa.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado expulsó a fines de junio a siete cubanos de su centro de acogida en Málaga y del programa de atención del que se beneficiaban. Entre los expulsados está Carlos Martín Gómez, que hace unos días emprendió, junto a cuatro familiares, una huelga de hambre al no lograr alquilar un piso donde establecerse. La institución explicó en un comunicado que los expulsados habían mantenido “continuos conflictos entre ellos, llegando a la agresión física” obligando al reajuste de “la distribución de este grupo familiar por habitaciones”. Los acusa de “proferir amenazas directas e indirectas, agresiones verbales y faltas manifiestas al respeto” contra los trabajadores del centro; la introducción de “alcohol en el centro o exhibir armas blancas en el patio”, así como su “falta de compromiso” al abandonar los cursos formativos y limitarse “a reivindicar actuaciones y prestaciones más allá de las establecidas”.

(Imaginemos el alborozo en el Palacio de la Revolución ante estos sucesos: Eso les pasa por no leer el Granma. Son delincuentes comunes. Yo se lo dije a los gaitos, pero no me hicieron caso).

Julio César Gálvez y Ricardo González Alfonso también se han quejado de su acogida. Y Regis Iglesias declaró a El Nuevo Herald que “la falta de un estatus (de refugiado político) ha impedido insertarnos en la sociedad española”, aunque agradece la ayuda económica recibida. En entrevista concedida a Libertad Digital, Juan Carlos Herrera declara que quiere regresar a Cuba ante el “trato hostil” y “vengativo” del Gobierno español y la “violación” de sus derechos. También Néstor Rodríguez Lobaina ha pedido que se le devuelva a la prisión de donde salió. Dado que no se han cumplido los once meses reglamentarios, supongo que esas repatriaciones serán perfectamente viables.

¿Han sido diametralmente diferentes las condiciones de acogida en unos y otros lugares? ¿O han sido diferentes las visiones de unos y otros sobre circunstancias más o menos similares?

Hay una situación objetiva: España está en plena crisis y su tasa de desempleo es la mayor de Europa, de modo que la integración plena, que empieza por la independencia económica, se vislumbra difícil. Cuando el economista Miguel Martínez se queja de la lenta homologación de títulos académicos y universitarios (“un trámite muy lento y burocratizado”, admite un portavoz de Accem) y duda de las “posibilidades de que podamos acceder al mercado laboral conforme a nuestros estudios y preparación”, se integra al clamor de varios millones de españoles. Es el caso del odontólogo Alfredo Pulido, aunque según éste, “Nada es comparable con una prisión, y menos en Cuba”.

Según las ONG de acogida, algunos han conseguido trabajos esporádicos, pero ningún contrato permanente. La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, asegura que los cubanos cuentan con la “simpatía” de la sociedad española, pero que los pocos que han encontrado trabajo ha sido en la economía sumergida, o que, como cualquier parado de larga duración, “ante el temor a perder las ayudas, sopesan bastante las ofertas de trabajo”. Por todas estas razones, el Gobierno ha decidido prorrogar otros seis meses los subsidios, siempre que “las personas formen parte activa del proceso de integración”, en palabras del subdirector para Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez.

Lo cierto es que desde octubre, nueve disidentes se han trasladado a Miami, uno a Chile y otro a la República Checa, y la cifra podría ascender a una treintena. Las autoridades norteamericanas ya han creado un programa de visados para los asilados políticos cubanos. Si se trata de reunirse con sus familiares y encontrar un espacio promisorio, es perfectamente razonable. Si alguno confía en las subvenciones norteamericanas al exilio político cubano, debería tomar nota de las quejas de Reina Luisa Tamayo, madre Orlando Zapata, porque la ayuda que ha estado recibiendo se está “agotando” y actualmente ninguno de sus doce familiares, alojados en cuatro apartamentos (a un alquiler de 1.295 dólares mensuales cada uno) tiene trabajo que les garantice el sustento en los próximos meses. De momento, ya buscan un nuevo lugar donde vivir, más económico.

Una de las informaciones más asombrosas relacionadas con los excarcelados cubanos la ofrece Fran Cosme. Según él, “dos minutos antes de abordar el avión, funcionarios de la embajada española les dieron a firmar un compromiso que dentro de sus tantos puntos contenía uno que los obligaba a abstenerse de formular críticas al Gobierno cubano y al español, así como abstenerse también de manifestaciones políticas”. El autor no cita la fuente y, dadas las pruebas, resulta difícil compatibilizar esas exigencias (claramente inconstitucionales) con el hecho de que el 19 de julio de 2010, diez ex prisioneros solicitaron por escrito a los cancilleres de la Unión Europea que no fuese revocada la Posición Común, tal como solicitaba el ministro Moratinos, sin que, hasta donde se sabe, se produjeran represalias. O que Regis Iglesias y Miguel Martínez aceptaran una invitación a una conferencia de prensa organizada en Madrid por Unión Progreso y Democracia (UPyD), en la que ambos señalaron que España ha incumplido el “Proceso de acogida e integración social a personas pidiendo protección internacional”. En esa ocasión, Fernando Maura, de UPyD, sostuvo que “los trajeron como mercancía política para cambiar la posición común de la Unión Europea hacia Cuba”. Olvidó decir que en aquella conferencia de prensa, Iglesias y Martínez también eran “mercancía”, en este caso de la política doméstica.

Responsables de las ONG de acogida han afirmado que la mayor parte de los excarcelados llegó con unas “expectativas muy altas que no se han podido cumplir”. Y eso nos lleva a un fenómeno endémico en la sociedad cubana: la sobrevaloración de lo extranjero. Frente a la retórica de Granma, según la cual, excepto Cuba, Corea del Norte y Venezuela, el mundo entero está a punto de hundirse en la miseria, los cubanos han desarrollado un imaginario del Malecón pallá en el cual los jamones pata negra y los trajes de Armani florecen como la verdolaga. Basta recogerlos. Eso explica que muchas familias consideren las remesas vitalicias de sus parientes out of borders una especie de derecho adquirido por el simple hecho de permanecer en la Isla, cuidándola para que no se hunda y que al regresar de visita la encontremos en el mismo sitio. Y que el primo segundo de la tía política no pida un par de tenis para ir a la escuela, sino unos Converse último modelo.

Durante medio siglo ha actuado sobre nosotros una pinza perversa. Por un lado, el poder ha intentado convencernos de que los cubanos, faro y guía del universo, somos el pueblo elegido, tributario natural de la solidaridad internacional. Y predica con el ejemplo: casi 198.000 millones logró sacarle a los rusos, y 21.000 millones de deuda impagada. Más lo que le debe al Club de París y las subvenciones venezolanas.

La otra mandíbula de la pinza es la indefensión. El cubano que reside en la Isla no está autorizado a mejorar su situación económica, algo que debe comprender el visitante que llega, y el amigo o pariente que lo recibe si tiene la suerte de brincar el charco. Quienes lo ayudan, invitan o convidan como muestra de amistad, afecto, amor u otros sucedáneos, cumplen una obligación que no requiere más explicaciones.

En el caso que nos ocupa, puede que algunos consideren una obligación internacional la subvención a quienes luchan por la democracia en Cuba, y han sufrido prisión por ello. Es comprensible que eso fuera así mientras permanecían en la Isla, hostigados por el régimen que les negaba, incluso, el acceso a un puesto de trabajo. Y es justo que se les otorguen subsidios temporales y facilidades para integrarse a esta sociedad en uno de sus momentos más difíciles, algo de lo que no disfrutan millones de sus compatriotas, “simples inmigrantes”, en palabras de Erick Caballero.

Pero ningún país del mundo tiene obligaciones o deberes con la Isla. El destino de Cuba es, exclusivamente, un asunto de los cubanos.

Un amigo que fue a recibir a uno de los primeros grupos de excarcelados me contó de una señora que, al bajar del avión, le manifestó su intención de continuar desde España la lucha por la democratización de Cuba. Y él le respondió: “Después de las seis”. “¿Cómo?”, preguntó ella. “Después de las seis. A esa hora termina la jornada de trabajo”.

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