Actualizado: 28/03/2024 20:04
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Cuba, Parlamento, Asamblea

Preguntar sí, pero revocar no

El parlamento cubano es simbólico: no hay posibilidades de control alguno sobre el Gobierno

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Las instituciones en Cuba son todas disfuncionales. Ninguna responde a los fines explícitos para los cuales han sido creadas. Ni siquiera el MININT. Hoy analizo el Poder Popular.

La Asamblea Nacional, según la Constitución y el Reglamento de ley, es el máximo órgano de dirección y fiscalización del Estado cubano: falso.

El máximo órgano de dirección y fiscalización del Estado cubano es el Buró Político del PCC —que por Constitución lo es—, y es el que destituye o aprueba los ministros y funcionarios públicos sin consulta previa con la ciudadanía.

El Gobierno y sus voceros hacen hincapié en que el 50 % de los diputados no reciben salario alguno por su puesto, y además enarbolan esto como virtud. Sin embargo ocultan que sólo participan en el parlamento cuatro o cinco días al año, de tal manera que no pueden controlar ninguna gestión del Gobierno. La otra mitad de los diputados son todos los dirigentes estatales y partidarios del nivel nacional provincial y municipal, que son funcionarios profesionales, de los cuales no se sabe el salario ni las ventajas concomitantes con su puesto de acuerdo a la decisión del Buró político del Partido Comunista de Cuba (PCC). Son estos funcionarios profesionales los que componen las direcciones de la comisiones permanentes del Parlamento y gran parte de sus miembros. Todos desconocidos para la población.

Estudiando el reglamento del Poder Popular[1] y viendo lo que se televisa y se publica en Granma sobre sus sesiones, uno puede llegar a la conclusión, de que el parlamento cubano es un elemento decorativo para apoyar las reiteradas políticas fallidas de los gobernantes cubanos. Ecured[2] se vanagloria de la unanimidad del Parlamento en 40 años de existencia, es decir en las ochentas sesiones que han realizado cada semestre.

El ejemplo del rol decorativo del Parlamento lo tenemos cuando el ministro de Economía y Planificación, y jefe de la implementación de los Lineamientos en el país, Marino Murillo, ha estado declarando en cuanta reunión gubernamental ha sido reseñada por Granma en los últimos cinco años, que la implementación de los Lineamientos se estaban “cumpliendo como estaba previsto”, sin dar ninguna explicación y el 15 de enero último, cinco años después, declara que solo el 21 % de esos Lineamientos se han aplicado. Todavía este calamitoso resultado no ha sido explicado a los ciudadanos ni al Parlamento, que deberá esperar hasta julio de este año para “preguntar”, solo para preguntar, nada controlan ni fiscalizan.

En el reglamento de la Asamblea Nacional, Provincial y Municipal están recogidos los derechos y deberes de los diputados. En el orden de los primeros, tienen derecho a preguntar por vía oral o escrita por algún asunto, pero entre los derechos no aparece la de revocar a los propios diputados, dentro de los cuales están los 33 ministros del Gobierno cubano. En el reglamento no está legislada la manera en que los ministerios tienen que “rendir cuentas” a la Asamblea, así que deja las manos libres para que cada ministro informe en la Asamblea lo que mejor se le antoje. Las diez comisiones permanentes del Parlamento tienen la misma libertad para no informar realmente a los restantes diputados y a la ciudadanía. No hay ningún tipo de control de los diputados sobre el Gobierno. El reglamento plantea la posibilidad de la revocación pero no la regula. Dice que de acuerdo a la ley —¿cuál?, no aparece. En la Constitución no aparece cómo revocar a un ministro, la ley de la cual debía partir este reglamento de ley no existe o es “Secreto de Estado” porque no es posible consultarla.

Parlamento secreto

Otro elemento realmente penoso es que las sesiones de la Asamblea Nacional deben ser abiertas a la ciudadanía, salvo pedido expreso de hacerla cerrada. Todas las sesiones son cerradas y los ciudadanos se enteran por las reseñas tontísimas de un Granma que desinforma a la población. Pude saber por el periódico independiente 14ymedio dos aspectos de estas reseñas superficiales pasadas por la televisión. Una conductora de televisión, diputada, preguntó a Murillo por qué no hay mercados mayoristas. Murillo empezó a explicar la dualidad monetaria y el Big Brother del departamento ideológico del PCC que es el que decide qué se hace público y qué no, corta la respuesta del ministro y deja a la ciudadanía sin información.

Otro aspecto que me entero por la prensa independiente es que en la última reunión del Consejo de Ministros, ante la declaración de Murillo del calamitoso resultado de los Lineamientos, el general Raúl Castro le dice al ministro que “no se sonroje por esos resultados”. ¿Democracia para los amigos del general? Nadie se hace responsable por el resultado errático de las políticas públicas del país, que se prolongan por quinquenios y décadas sin que se corrijan.

Las “Organizaciones de Masas” son parte sustantiva del Estado y el Gobierno

En realidad no son organizaciones paraestatales, son parte del Gobierno. Si se revisa el Consejo de Estado, máximo órgano de dirección estatal del país, y que dirige los 365 días del año —y comenta algo a los diputados en los cinco o seis días que sesiona el Parlamento—, estas organizaciones son parte del Gobierno. No solo son financiadas y reglamentadas por el PCC sino que son parte constitutiva del Gobierno. Pero el Gobierno y sus voceros dicen que son “la sociedad civil socialista” en el disparate habitual de los manuales soviéticos, según los cuales el Estado y la sociedad son lo mismo y nadie ha sometido a votación semejante presupuesto. Es parte de la doctrina que se impone desde el Partido sin derecho a cuestionarse y que es copia fiel del derrumbado “socialismo real”[3].

Así con la visita del presidente estadounidense Barack Obama, el Gobierno cubano enviará a sus propios integrantes a reunirse con el presidente norteamericano, diciendo que esa es “la sociedad civil cubana”. Puro fraude y sin sonrojo. Para eso es el monopolio informativo y decisional del PCC.

Los Consejos Populares, creados en los años 90 sufren el mismo problema de ser una estructura sin resultados. Si los diputados no pueden hacer nada para variar las políticas erráticas de los ministros, y del Gobierno, los delegados ejecutivos de los Consejos Populares menos. Hasta ahora nadie puede exigir cuentas a los funcionarios estatales en los distintos niveles: nacional provincial y municipal, porque no hay procedimientos legales que lo estipulen y mucho menos penalidades para los que no rinden cuentas, ni resuelven nada de las necesidades de la población. La impunidad de los funcionarios públicos es el signo más sobresaliente del sistema estatal y político cubano. Todos pueden robar e incumplir hasta tanto no los descubran “por casualidad”.

Así, el erario público mantiene un sistema estatal y partidario inmenso, con millón y medio de funcionarios profesionales que no rinden cuenta a nadie y son dirigidos por el Buró Político de PCC, que “a dedo” decide quién está y cuándo se sustituye. El Poder Popular encuadra a los ciudadanos, para recibir las órdenes del Buró Político: solo 14 personas deciden los destinos de 11 millones de cubanos y sin apelación. Por eso el país se hunde cada vez más en la miseria material y espiritual.



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