Actualizado: 16/08/2019 16:52
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Determinismo, Desarrollo, Democracia

Y sí, el modelo nórdico

Los minusválidos mentales afirman que para tener un modelo como el nórdico hay que tener a los ciudadanos nórdicos, en primer lugar

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El determinismo cultural, geográfico e histórico ha producido una incompetencia generalizada para analizar las verdaderas causas de la pobreza endémica de los países y las soluciones posibles. Así por ejemplo, se ha enraizado en la academia en general, que el fenómeno del “Putinismo” hay que explicarlo por la tradición histórica y cultural del país con su persistente autoritarismo desde la época de los Zares. El éxito de Japón en su desarrollo se debe una cultura ancestral de disciplina y valores como el honor, que privilegian el reconocimiento de la colectividad, por encima de los intereses personales.

Los problemas endémicos de corrupción en África y América Latina se deben al subdesarrollo, condición insuperable que crea un “círculo vicioso” insoluble porque fueron países coloniales y arrastran de manera persistente las secuelas administrativas y funcionales que se convierten en impedimentos “culturales” e “históricos” para salir del subdesarrollo. No quiere esto decir que el colonialismo no haya sido brutal en la represión de las posibilidades nacionales, quiere decir que las culturas cambian[1] y los resultados históricos tienen que leerse no como los únicos posibles, sino como una variante más que pudo ser diametralmente opuesta a la que muestra el resultado histórico. “El humo cultural, histórico y geográfico” invisibiliza las instituciones y las responsabilidades de las élites políticas nacionales en las políticas de desarrollo de cada país.

Si tomamos “la Teoría de la Dependencia”, por ejemplo, vemos que no hay análisis de los resultados muy diversos de la aplicación de las políticas de desarrollo sugeridas por esta escuela de pensamiento. Sin embargo, todo parece indicar que las élites políticas latinoamericanas de la época y de hoy impidieron las políticas de desarrollo de “la industrialización para la sustitución de importaciones” y se concentraron en el crecimiento económico a corto plazo, privilegiando las ventajas comparativas del momento y posponiendo los cambios estructurales de sus economías[2]. El núcleo central del análisis tiene que ser las instituciones existentes y las políticas económicas responsabilidad de las élites políticas nacionales. Las políticas externas e internas de las élites nacionales delimitan los resultados económicos políticos y sociales de cada país, en cada época. Esto, que parece ser una “perogrullada”, está invisibilizado por las élites del poder latinoamericanas y africanas porque demuestran su incompetencia, y prefieren disfrazar sus fracasos y enriquecimiento ilícitos culpando al colonialismo, el capitalismo mundial y el imperialismo como fuerzas infranqueables que impiden cualquier negociación sensata y plausible y las políticas públicas que democratizarían los países y generarían la prosperidad nacional[3].

¿Y, los países nórdicos?

El Gobierno cubano debería aprender de los países nórdicos, de sus instituciones, de las reglas jurídicas y prácticas y de sus niveles reales de bienestar social.

La probidad pública y la transparencia de sus instituciones y funcionarios. El fenómeno de la corrupción es prácticamente inexistente. A las instituciones estatales se accede por concursos libres y transparentes y no sometidos a ningún partido político por lealtad. Los ministros y altos funcionarios del Estado transparentan sus bienes antes de asumir un puesto y una vez que salen de él. No hay prebendas concomitantes a los cargos “ocultas” como en el socialismo real. Los salarios de los más altos cargos públicos son apenas cuatro o cinco veces más que el salario mínimo. Los parlamentarios no cuentan con salarios astronómicos y “dietas” infundadas como los parlamentarios mexicanos por ejemplo, que tiene a la vez, un índice de pobreza del 54 % de su población.

Las licitaciones a las empresas privadas son públicas y transparentes y no sometidas al tráfico de influencias de políticos y funcionarios. No hay monopolio estatal de la economía ni cortapisas a la propiedad privada y cooperativa. Por supuesto, no existe la planificación centralizada de la economía y las reglas son transparentes para cada actor económico y se penalizan fuertemente a los incumplidores.

El sistema de impuestos progresivo es de alrededor del 29 o 30 % a partir de un mínimo no sometido a impuestos. Los servicios sociales son de primer nivel y gratuitos y universales además de un mínimo de inserción para los sectores más vulnerables. Existe el seguro de desempleo y ayudas para las familias para pagar sus rentas y de estímulos al crecimiento demográfico. La seguridad social no es un eufemismo como en el caso de Cuba, ni los salarios paupérrimos.

El pluripartidismo es consistente y transparente en sus reglas y aplicaciones. Se respeta “la cadena de decisiones democrática” que nos define Andreas Schedler en su libro La política de la incertidumbre en los regímenes electorales autoritarios[4].

La posibilidad de las elecciones requiere de un aparato estatal constituido que permita la acción de los votantes de “autorizar” el acceso al poder estatal. Los Estados devastados por la guerra o los totalitarios no ofrecen las mínimas condiciones para el ejercicio de las elecciones.

La libertad de oferta política exige la posibilidad de ofrecer visiones contrastantes del bien común, opciones opuestas de políticas públicas y en el mercado electoral, la existencia de conjuntos diversos de candidatos y organizaciones partidarias. El rango de opciones disponibles no puede ser manipulado por un gobierno sino determinado por los propios ciudadanos en un marco de reglas justas y universales.

La libertad de demanda política se sustenta en la posibilidad de acceder a la información de todas las propuestas disponibles para que los votantes puedan ejercer su capacidad de juicio político. En la medida en que a los candidatos y partidos en competencia se les niegue el acceso libre y equitativo al espacio público, la voluntad popular expresada en las urnas será una expresión de ignorancia estructuralmente inducida.

No pueden existir restricciones al sufragio universal ni por cuestiones de riqueza, educación, género, criterios políticos, religión o etnicidad.

La condición para ejercer libremente la preferencia electoral es el voto secreto. Este defiende al votante de las presiones externas intimidatorias ya sea en la forma de coerción, corrupción o desaprobación social.

Una vez expresada la voluntad popular en las urnas los órganos electorales encargados de las elecciones deben contar sus votos de manera honesta y ponderarlos de forma igualitaria. Los candidatos ganadores deben tener la posibilidad real de asumir sus responsabilidades de manera efectiva, ejercer el poder y concluir sus mandatos de acuerdo a las reglas constitucionales. Cuando se rompen alguno de estos eslabones de la “cadena de decisiones democrática” se producen elecciones antidemocráticas aunque utilicen las mismas instituciones formales de la democracia liberal.

El Estado de derecho y las funciones independientes de los poderes judiciales, ejecutivos y legislativos no están bajo los mandatos políticos de ningún partido.

El modelo nórdico sería para Cuba la salida más promisoria del estancamiento actual y la prevención más sólida contra “el capitalismo platanero” sin derechos humanos ni sindicales, con una pobreza amplia y endémica, la represión al disenso, la corrupción generalizada y un partido totalitario incompetente y antidemocrático que mantiene al país “organizado al borde del abismo”.



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