Cuba.cu

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Desafíos de Internet

Iris Cepero

Once años después de que la Isla realizara su primera conexión a Internet, los niveles de acceso de los ciudadanos cubanos figuran entre los más bajos de América Latina. De acuerdo con un informe de la Unión Internacional de Comunicaciones, en julio de 2006, sólo 1,7/100 usuarios tenían acceso a Internet en la Isla. Organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras hacen críticas al régimen por impedir el libre acceso de los ciudadanos. Mientras, el gobierno de Cuba insiste en la imposibilidad de ampliar su ancho de banda, ahora restringido a la conexión por satélite, que permite apenas 65 megabytes por segundo de bajada y 124 de subida. Eso se debe a restricciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que impide el establecimiento de la conexión vía cable de fibra óptica. No obstante, recientemente, Cuba suscribió un acuerdo con Venezuela para el tendido de un cable submarino de fibra óptica, lo cual podría solucionar la velocidad de conexión.

En 1996, el vicepresidente Carlos Lage, al inaugurar la conexión a Internet, visitó la página del The New York Times, gesto altamente simbólico. Una década más tarde, aprovechando las posibilidades de la conexión vía e-mail, un grupo de intelectuales hizo circular su protesta por la reaparición de uno de los más reconocidos censores de los 70. Si una década atrás el término Internet sonaba a ciencia ficción, ahora, el manejo de sus herramientas, al menos por una vez, sirvió para protestar y lograr una repercusión del tema en medios de prensa extranjeros.

Hoy nadie puede decir sin miedo a equivocarse cuántos cubanos han visitado legal o ilegalmente un sitio web. El término Internet ha pasado a formar parte del vocabulario de una parte no desdeñable de la población. Para un grupo minoritario, se trata de un recurso esencial de sus profesiones y vidas. Otros, la mayoría, siguen sin saber de dónde viene ni para qué sirve. Durante esta década, desde la llegada de Internet a Cuba, el Gobierno ha seguido una política cuyo marco legal e implementación es posible trazar claramente.

En una de sus entrevistas, el presidente Fidel Castro ha contado cómo cada mañana navega buscando las más importantes informaciones internacionales. De la misma manera, cada noche, en horario pico, un grupo de periodistas discute algunos temas de política nacional e internacional en la Televisión Cubana. Allí se citan publicaciones del resto del mundo. Frente a una computadora, son leídas y comentadas noticias de The New York Times, The Washington Post, The Guardian, El País, como si éste fuera el más natural y común de los hechos. Sin embargo, aunque Internet esté presente en horario pico cada día en la Televisión Cubana y Fidel Castro lo mencione sin rubor como parte de su rutina diaria, la mayoría de los cubanos no ha podido, ni se prevé que pueda en el futuro próximo, leer un periódico on line (como tampoco un diario extranjero en papel), nunca ha visitado una web, no tiene idea de qué es un blog, ni que en él puede escribirse libremente, y no puede concertar citas en la Red y hablar con sus amigos.

Mientras el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas indicaba en 2005 que sólo 9/1.000 cubanos usaban Internet, comparados con 288/1.000 en Costa Rica y 44/1.000 en Honduras, el gobierno cubano asegura que cientos de miles de cubanos han estado navegando por la Red de redes en los últimos años. ¿Cómo dar credibilidad a ambas noticias?

La informatización de la sociedad

Bautizada como “informatización de la sociedad”, la política cubana hacia Internet es descrita por el Gobierno como “alternativa”, un concepto que estimula el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación, la salud pública, la cultura y el desarrollo de los más importantes sectores de la economía nacional, dando prioridad al uso colectivo y no al acceso individual a las nuevas tecnologías.

A inicios de 2005, las cifras oficiales declaraban alrededor de 300.000 computadoras, 2,7/100 habitantes. Dos años después, el Gobierno asegura la existencia de 377.000 computadoras, 3,4/100 habitantes. Igualmente, se refiere a 1.209 sitios bajo el dominio “punto cu”; más de 1.500 sitios cubanos de Internet (136 de ellos pertenecientes a los medios de comunicación cubanos); más de 790.000 usuarios de e-mails y más de 150.000 usuarios de Internet.

Cuando Cuba se conectó a Internet en 1996, el país mostraba un pobre desarrollo en materia de telecomunicaciones. En 1995, en el país existían apenas 350.000 teléfonos fijos, 3,2/100 habitantes, la mayoría, en oficinas gubernamentales. Muchos beneficiarios individuales tenían sus líneas del período prerrevolucionario, otros esperaban por una línea pedida décadas atrás, cuya aprobación e instalación durante todos estos años ha respondido a criterios de disponibilidad técnica, pero, sobre todo, a criterios políticos.

Ya en 2003, los servicios digitales de telefonía cubrían el 76 por ciento del país, y la densidad había crecido a 5,82 teléfonos por habitante. Las cifras colocan a Cuba entre los de mayor crecimiento en líneas fijas en el mundo (32 por ciento entre 2001 y 2002), resultado del atraso de las conexiones fijas en comparación con el resto del mundo, donde los mayores crecimientos se dan ahora en las líneas móviles. Ese mismo año, ETECSA, la compañía de telecomunicaciones de Cuba, invirtió 70 millones de dólares, el 25 por ciento de sus ganancias, en infraestructura. A fines de 2004, el 84 por ciento del sistema telefónico nacional estaba ya digitalizado. De la misma manera, la red de fibra óptica nacional, considerada una inversión básica para el desarrollo de las autopistas de la información, ya cubre 1.100 km del territorio nacional.

El gobierno cubano ha denunciado reiteradamente la negativa de las autoridades norteamericanas a permitir el acceso de Cuba al cable internacional de fibra óptica, y ha hecho hincapié en las pérdidas del sector de las comunicaciones como resultado del embargo. En 2001, la empresa cubana de importación de tecnologías para los centros científicos gastó un treinta por ciento más, comparado con los precios del mercado estadounidense, dada la necesidad de comprar tecnología en terceros países. Cuba asegura que Estados Unidos ha bloqueado la importación de tecnología esencial para el comercio electrónico. No fue hasta julio de 1994 que el Departamento del Tesoro autorizó la transferencia de datos o información a Cuba desde los servidores norteamericanos, con la restricción de las transferencias monetarias. Esta autorización estuvo en correspondencia con los preceptos de la Ley Torricelli de 1992, que hace un llamado a mejorar las comunicaciones con Cuba para forzar un cambio en el país. En abril de 2003, el Departamento de Comercio de Estados Unidos negó el permiso para la exportación de 423 computadoras que una ONG norteamericana pretendía donar a hospitales cubanos.

El significado del “uso social y planificado”

La filosofía para la distribución y el acceso a las tecnologías, lo que las autoridades cubanas llaman “uso social y planificado”, puede ser traducido como el predominio de un criterio político para el reparto y manejo de estos recursos, sin tener en cuenta elementos de mercado. Esto quiere decir que en las más altas esferas del Gobierno se decide dónde, cuándo y bajo qué condiciones se distribuyen los recursos. En perfecta coherencia con el sistema centralizado y planificado, la asignación de computadoras y otros equipos a las escuelas, hospitales, medios de comunicación y oficinas gubernamentales a un precio simbólico, responde a un criterio político. Aunque la distribución de recursos tecnológicos no garantiza, per se, la autorización de la conexión a Internet.

El sistema nacional de enseñanza es uno de los beneficiarios de esa distribución centralizada de las tecnologías de la información. Es política gubernamental la expansión de la enseñanza de la computación desde el nivel primario. Según cifras oficiales, en 2004, 46.290 computadoras estaban instaladas con fines educativos en las escuelas primarias; otras 2.290 en la educación secundaria, técnica y preuniversitaria; 15.800 en la educación universitaria, y 1.500 en escuelas para personas discapacitadas. En febrero de 2007, el Gobierno afirmó que la totalidad de los centros de enseñanza del país usan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como apoyo a los programas de clases, lo que beneficia a 2.230.658 estudiantes y a las 12.784 escuelas, incluyendo 2.368 escuelas rurales. En los centros de educación superior, 15.000 alumnos estudian Informática; 38.000 han finalizado estudios en los Institutos Politécnicos de Informática, y existen más de seiscientos Joven Club de Computación a todo lo largo del país, donde se han capacitado más de un millón de cubanos de todas las edades.

Como parte del programa de formación de nuevos técnicos y maestros de Computación, en 2001, fue implementado el Curso Emergente de Computación Básica, con el propósito de graduar maestros de esa especialidad. El llamado “curso emergente” reclutó a 1.200 jóvenes de onceno grado, sin someterlos a examen de ingreso, con la promesa de no ser llamados al servicio militar. Luego de graduarse, podían incorporarse como maestros de Computación (solamente en escuelas primarias) y, simultáneamente, si lo deseaban, matricular en la Universidad de Ciencias de la Información. En cualquier caso, como requisito, están obligados a permanecer ocho años como maestros de primaria antes de solicitar un cambio de trabajo.

La educación superior cubana también ha sido beneficiada con la política de informatización. En el curso escolar 2004-2005, cerca de 25.000 estudiantes estaban matriculados a tiempo completo en las universidades cubanas. Otros 146.000 cursan programas de estudios superiores fuera de los centros universitarios; 15.800 computadoras estaban ubicadas en los centros de enseñanza superior, el 52 por ciento de ellas en aulas especializadas en computación, para un promedio de 12 estudiantes por computadora. El 84 por ciento de ellas estaban conectadas a la intranet nacional, y sólo el 37 por ciento tenían pleno acceso a Internet, lo cual no significa libre acceso a toda la Internet para todos los usuarios. La filosofía de muchas universidades, incluido el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), que posee la más alta velocidad de conexión entre las entidades académicas del país, es otorgar a un grupo reducido de personas “confiables” el acceso libre a Internet, para que seleccionen la información necesaria que será desplegada en la red interna y distribuida al resto de las universidades del país. Caridad Annias, vicedecana a cargo de la informatización en el IPSJAE, ha precisado que “es necesario usar la alta velocidad de conexión que tenemos, pero es necesario cuidar tal ventaja y, en consecuencia, aprovecharla de manera óptima”.

Fuera de las vías formales de enseñanza, desde 1987, la Unión de Jóvenes Comunistas ha desarrollado un proyecto denominado Joven Club de Computación: crear, al menos, un aula para la enseñanza de la computación y la electrónica en cada municipio de la Isla.

Los centros científicos y de investigación son privilegiados en el acceso a las tecnologías de la información y a Internet. Desde 1963, el Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), con oficinas desplegadas a lo largo de la Isla, busca, almacena y distribuye información de interés para los investigadores cubanos y, además, establece contactos con sus colegas de otros países. Unos doscientos centros científicos usan regularmente sus servicios. Desde que Cuba se conectó a Internet, el IDICT incorporó las búsquedas on line a su habitual labor de rastreo, almacenaje y distribución de información científica.

Por su parte, INFOMED, la red nacional que brinda servicios a los hospitales, las clínicas y sus profesionales, suministra información médica nacional e internacional, tomada de importantes publicaciones. Treinta mil profesionales cubanos disfrutan de sus servicios, luego de recibir autorización de sus superiores.

Durante 2004, 591 instituciones culturales nacionales y regionales disfrutaban los servicios de CUBARTE, la intranet del Ministerio de Cultura, y más de mil artistas podían navegar por ella. Sin embargo, sólo 47 instituciones nacionales habían recibido la aprobación para el acceso a Internet. Unas quinientas cuentas disfrutaban de acceso total al servicio de Internet, fundamentalmente en instituciones o en los dos o tres cibercafés situados en organismos culturales como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y el Instituto Cubano del Libro, y las autoridades culturales anuncian una progresiva extensión de los servicios, dependiendo de la situación económica.

El Gobierno también se ha propuesto el desarrollo de la industria nacional de software para el consumo nacional y como renglón exportable. Desde hace años, la prensa celebra la capacidad de los técnicos cubanos en la creación de software para la educación, las investigaciones científicas y los servicios de salud; pero también ha reconocido ir a la zaga en esta esfera.

La informatización de las actividades administrativas, con el propósito de proporcionar mejores servicios a los ciudadanos, es casi nula. Resulta el área más atrasada dentro de los objetivos de la política nacional de las tecnologías de la información. En algunos casos, la llamada informatización de los servicios se reduce a una computadora, con algunos datos o estadísticas, usada básicamente como procesador de texto. Uno de los servicios que está comenzando a informatizarse en la Isla es el correo postal. Mientras, el llamado programa para el gobierno on line —la conexión entre las administraciones de distinto nivel— se encuentra aún en estado incipiente.

Criterios selectivos, monopolio tecnológico y confiabilidad

Si tener una computadora conectada a la Red es un derecho del que disfrutan millones de ciudadanos en el mundo, siempre que sus economías personales y las de sus países lo permitan, en el caso de Cuba, la accesibilidad al servicio pasa, necesariamente, por los dictados oficiales de la política y, a la vez, por las decisiones imponderables de los funcionarios. El gobierno cubano decide dónde, cómo y bajo qué condiciones los cubanos acceden al tipo de información que el propio Gobierno estima. Este mecanismo de control ha funcionado eficientemente durante más de 40 años. A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, por primera vez, los discursos políticos sobre el tema —eufóricos, exageradamente optimistas—, se apoyan sobre un marco legal para tratar los asuntos de la comunicación.

En junio de 1996, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente aprobó el Decreto 58-96 que establece las normas para la conexión, explotación, acceso y distribución de los servicios de Internet en el territorio nacional, entre ellas, la inevitabilidad de las medidas de seguridad de la Red, así como reglas, obligaciones y prohibiciones de las redes asociadas y los usuarios. A fines de ese mismo año, el Ministro de la Industria Pesada y la Electrónica emitió el Decreto 204 sobre la protección y seguridad técnica de los sistemas informáticos. La resolución establece que, con independencia de los controles que otros organismos puedan establecer, el Ministerio controlará las redes. Los administradores de red —ciudadanos cubanos con el nivel técnico adecuado y que respondan a los criterios de “confiabilidad”— tendrán, además de sus obligaciones técnicas, las de salvaguardar la información, tal como estipula el Ministerio del Interior. Cada institución debe crear sus propios mecanismos para controlar y registrar las acciones en la Red. Hasta el año 2000, los acuerdos, leyes y resoluciones no mencionaban abiertamente más criterios que los técnicos. A partir de entonces, se recogen por escrito los mecanismos de control.

Como resultado del analfabetismo tecnológico de los dirigentes políticos, ha surgido una nueva red de tecnócratas convertidos en pocos años en ejecutores y, a veces, diseñadores de política. Los dirigentes del Partido se limitan a hacer muy pocas declaraciones sobre el tema, ingenuas y desactualizadas, reveladoras de una falta total de conocimiento del desarrollo de las tecnologías y de la situación internacional. Por su parte, los tecnócratas han incorporado a sus declaraciones los tradicionales clichés del discurso político, enfatizando la superioridad del modelo cubano.

En noviembre de 2001, el Decreto 188 del Ministerio de Informática y Comunicaciones reguló las condiciones y procedimientos que las instituciones cubanas deben seguir para obtener un permiso de Internet. Entre ellas está un permiso emitido por el ministro correspondiente, quien establecerá las condiciones de acceso para cada caso. Cada institución deberá registrar los nombres de las personas autorizadas a navegar, que habrán de ser ciudadanos cubanos, residir permanentemente en el territorio nacional y cumplir el criterio de confiabilidad. En todos los casos, el permiso será otorgado sólo por dos años, al cabo de los cuales deberá ser renovado, en caso de mantenerse las condiciones por la cuales fue otorgado. Este documento no establece en ninguno de sus acápites la relación de los ciudadanos cubanos con Internet. Según él, los ciudadanos cubanos no están autorizados, aunque tampoco tienen prohibido el acceso a Internet, y no existe una ley para quienes no pertenecen a instituciones oficiales.

A pesar de las normativas, a inicios de 2004 un rumor se extendió por la capital cubana, donde existe el mayor número de usuarios de Internet. La víspera de Año Nuevo, el ministro de Informática y Comunicaciones firmó un decreto según el cual la conexión a Internet se haría sólo a través de teléfonos pagados en divisas. Incluso teniendo en cuenta que un elevado número de empresas cubanas operan en divisas, muchas otras organizaciones, como los centros científicos, las universidades, las instituciones culturales, son subsidiados y su pago de la conexión es meramente simbólico. En realidad, era prácticamente imposible poner en funcionamiento tal resolución, pues desestabilizaría todo el sistema de Internet establecido. El gran asunto oculto en la nueva regulación era la existencia de unas cuarenta mil personas con conexiones ilegales. En ese momento, en La Habana existía (sigue existiendo) un amplio mercado negro de computadoras y contraseñas. Las personas autorizadas por el Gobierno venden sus contraseñas por unos treinta dólares mensuales, con la especificación de que el usuario ilegal acceda a Internet en horas de la madrugada, cuando el usuario real no está usándola. Después de unas cuantas semanas, el rumor y el pánico desaparecieron. La medida nunca ha sido aplicada.

En diciembre de 2004, el ministro de Informática y Comunicaciones firmó el Decreto 85 para establecer nuevos controles. Todas las organizaciones deben estar registradas en la Agencia Nacional de Control y Supervisión, y la licencia para los servicios de Internet se extendió hasta tres años. El precio de inscripción de las organizaciones es de trescientos dólares o el equivalente en pesos cubanos para las empresas que gozan de ese privilegio. La regulación establece, además, que cualquier organización que viole este mecanismo de control podría padecer la cancelación definitiva o temporal de la cuenta, la confiscación de sus equipos, además de otras medidas administrativas o punitivas, de acuerdo con la magnitud de la violación. Añade el documento que el área de Internet puede ser inspeccionada sin previo aviso.

Hasta el día de hoy, ningún ciudadano cubano puede comprar una computadora en el mercado, que opera únicamente en divisas y a muy altos precios. Sólo las empresas y otras organizaciones pueden hacerlo, luego de seguir un proceso de autorización gubernamental.

Hasta junio de 2007, los ciudadanos cubanos que viajaban al exterior por razones personales no podían importar tecnología de información o comunicación. Hasta entonces, sólo era posible hacerlo a algunos cubanos que viajaban por razones de trabajo, siempre que obtuvieran previamente un permiso oficial aprobado por el ministerio al que perteneciera, como establece la regulación emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios.

Nadie puede decir con exactitud cuántas computadoras existen realmente en Cuba. El mercado negro de computadoras se abastece de equipos ensamblados por técnicos cubanos, quienes sustraen las piezas nuevas y de segunda mano y venden las computadoras en un complicado mercado donde el precio varía en dependencia de las garantías y de si se cuenta con un documento de propiedad falso. En todo caso, no son muchos los cubanos que pueden, por razones económicas, comprar una computadora en el mercado negro, y arriesgarse, además, a que le sea decomisada al carecer de documentos legales.

A pesar de las restricciones aduanales y de mercado, las páginas bloqueadas y el estricto control y seguimiento de los accesos a Internet, los cubanos se las arreglan para acceder, más allá de los límites estipulados. La comunidad científica y académica navega por la Red en busca de becas y patrocinio para eventos internacionales e investigaciones que no coinciden necesariamente con los intereses de sus institutos. Los cubanos acuden a sus amigos en el extranjero para que les hagan llegar piezas y componentes para sus equipos. Más aun, usan indiscriminadamente el servicio de e-mail de sus empresas para la comunicación con sus familiares y amigos residentes en el exterior y brindan a otros ese servicio, algo también prohibido por las regulaciones para el acceso a las redes. Los administradores de redes instalan los filtros de acceso a la información y bloquean páginas según establece la ley, mientras mantienen el acceso total para sus amigos, confiando en el todavía generalizado analfabetismo informático de sus jefes.

Frente a estas violaciones, las autoridades suelen hacer la vista gorda hasta tanto necesiten emprender alguna acción contra esa persona o institución. Sin embargo, un rastreo de sitios en Internet revela una amplísima gama de páginas alojadas en servidores no cubanos, donde se anuncian servicios privados prohibidos dentro de Cuba: restaurantes, bares, casas de citas, prostitución. Lo mismo sucede con las páginas de los grupos de oposición y las denuncias y acusaciones contra el Gobierno.

Bajo estas premisas, y en un escenario tan complejo como lo es la sociedad cubana contemporánea, es difícil decir cuánto influye Internet en la rutina y mentalidad de los ciudadanos de la Isla. Podría sugerirse que, hasta cierto punto, muchas de las prácticas anteriores podrían dinamitar la autoridad del Gobierno.

Cuba on line

Uno de los pilares de la política informativa cubana es el patrocinio de proyectos que difundan internacionalmente los logros del país. Sistemáticamente, el discurso oficial reitera la necesidad de combatir la información no deseada sobre Cuba que aparece en la prensa internacional, especialmente en Estados Unidos. Durante los últimos años, para contrarrestar estas noticias, a los medios cubanos les fue encomendado el lanzamiento de sus propios sitios web. En 2001, toda la prensa escrita tenía sus versiones digitales colgadas de la Red, al igual que seis emisoras nacionales y una cadena de televisión. Hoy tienen presencia on line 136 medios, incluyendo nueve emisoras de radio, diecinueve periódicos provinciales, 52 periódicos y revistas nacionales, y otros nueve sitios sin versión impresa. Existen, además, seis sitios de la Unión de Periodistas de Cuba.

La mayoría de la prensa cubana on line se autodefine como versión digital de sus equivalentes impresos, coincidiendo en asuntos y política informativa. Al revisar la prensa digital cubana, es fácil notar que los contenidos y las aproximaciones no difieren del resto de los medios dentro del país. De hecho, en gran medida, son más coincidentes con el discurso oficial que los diarios o semanarios en papel, evadiendo el pequeñísimo espacio para la crítica de asuntos locales que, a veces, es posible encontrar en la prensa escrita o radial. Dada la escasa penetración de Internet en la Isla, esa prensa on line va dirigida a un público internacional, básicamente compuesto por simpatizantes de la Revolución Cubana.

Los medios digitales han sido uno de los pilares de las campañas internacionales del gobierno cubano —el caso Elián, la campaña para la liberación de los cinco espías (en la Isla, los Cinco Héroes), la extradición a Venezuela de Luis Posada Carriles—. Durante la campaña por el retorno de Elián González, los servicios de correo electrónico fueron utilizados para convocar el apoyo de las personalidades amigas. Asimismo, quince páginas web han sido creadas para apoyar la campaña por la liberación de los cinco integrantes de la Red Avispa. Desde el Ministerio de Cultura, un sitio web convoca a prestigiosos intelectuales de izquierda para apoyar medidas del gobierno cubano, algunas de tal dimensión como el encarcelamiento de 75 personas en la primavera de 2003. Los anteriores son ejemplos del valor instrumental de la política cubana hacia Internet.

Existen otros 31 sitios cubanos promoviendo el comercio electrónico, el envío de remesas, las llamadas telefónicas a Cuba; una tienda electrónica promueve la venta de alimentos básicos para ser entregados a las familias en la Isla y, en 2001, fue realizada la primera subasta de arte on line. Sin embargo, el comercio electrónico sufre las restricciones del embargo, tales como la imposibilidad de transacciones desde bancos norteamericanos y la prohibición del uso de tarjetas de crédito emitidas en Estados Unidos.

Contrario a la libertad de información que postula Internet, en Cuba, la Red ha sido implementada verticalmente, de modo centralizado y políticamente orientado para la administración de los recursos y la información, tal como ha ocurrido en el país por más de cuarenta años. Paradójicamente, son las propias características de Internet las que facilitan la aplicación de un criterio selectivo de acceso.

A pesar del propósito del Gobierno de continuar desarrollando la informatización, la precaria situación económica del país desacredita el discurso voluntarista. El Gobierno sólo seguirá ofreciendo acceso privilegiado y no generalizado, dada su voluntad de administrar y compartimentar la información, a lo que se añaden las frágiles condiciones materiales y tecnológicas de la Isla. Tampoco, y a pesar de los innumerables desafíos que significa Internet, el gobierno cubano puede renunciar a la Red y a las ventajas que ofrece para el desarrollo del país, su inserción en la economía internacional y para la difusión exterior de su discurso político. Esta relación de amor-odio será mantenida como hasta ahora, aunque pasará por sucesivas oleadas en las que primará el amor o el odio de las autoridades.

La entrada de Internet no ha cambiado en lo esencial el sistema de acceso a la información en Cuba, pero ciertas prácticas desvelan la formación de algunas zonas de producción y consumo de cultura, entretenimiento y propaganda de organizaciones y actores individuales en la Red. A la larga, la política de Cuba para las nuevas tecnologías e Internet obstruye el desarrollo profesional de una amplísima masa de personas educadas, con grandes habilidades científicas, que podrían brindar a la Red un cúmulo de conocimientos, iniciativas y soluciones. Sin embargo, en el mejor de los casos, esta política sólo retrasará, pero no podrá evitar la aparición en la población cubana de una nueva perspectiva en correspondencia con la revolución de las tecnologías.