¿Debatiendo la gobernabilidad en debates gobernables?

Haroldo Dilla Alfonso

Enviar Imprimir


La coyuntura cubana actual tiene un subido tono críptico. Por un lado, Fidel Castro, es decir, su centro político, yace convaleciente desde hace año y medio, se dedica a aconsejar al mundo acerca de cómo vivir mejor, y secunda —como buen porrista interesado— las torpezas políticas de Hugo Chávez. Existe, por otro lado, un presidente sustituto que da pocas evidencias de querer serlo o, al menos, de decidir en consonancia. Lo acompaña una clase política tan asustada que pareciera carente del don de la motilidad, como cuando un papa de largo reinado agoniza y los cardenales murmuran temerosos de Dios y de sus sombras. Y tiene, finalmente, una oposición que se describe a sí misma como la tabla de salvación ética y política, pero que no parece convencer a la inmensa mayoría de la población, que sigue asistiendo a las urnas y votando con toda corrección, a pesar de que el voto es secreto.

Y, en medio de todo ello, aparece una convocatoria a un debate nacional que, según afirmó en la Televisión uno de los régulos liberales de la cultura, Alfredo Guevara, está llamado a pensar el futuro de la Revolución, del Socialismo, de la Patria, es decir, de casi todo lo que es relevante en la actualidad cubana. Pero que, paradójicamente, resulta un detalle prosódico del discurso oficial.

Pudiera ser que Guevara se haya intoxicado con las fruiciones oníricas del “deber ser” y esté vendiendo como una descripción de la realidad lo que, en realidad, es una posición frente a ella. Su interpretación sería, por consiguiente, falaz, pero no más que las que emanan del parapeto opuesto, el otro “deber ser”, que prefiere ver en estos debates, y en particular en éste que discutimos, una maniobra delusoria de la clase política cubana para quitar presión a la olla nacional.

El sentido de los debates

Los dirigentes cubanos y la academia subsidiaria han proclamado que las convocatorias a debates nacionales han sido una parte consustancial del funcionamiento sistémico y un ejemplo de la fuerza de la democracia en el país. Tienen razón en lo primero, pero mienten de manera vergonzosa en lo segundo.

Son piezas funcionales de la ingeniería política nacional. Ante todo, porque son mecanismos (ascendentes y descendentes) de comunicación política. Y, por consiguiente, han sido vitales para un sistema político tan cerrado y centralizado como el cubano, lo que ciertamente le ha salvado de los niveles alarmantes de autismo que padecieron sus congéneres de Europa Oriental.

Pero nada de esto indica que sean ejercicios de excelencia democrática. En última instancia, aunque el calibre democrático de cualquier proceso político está relacionado con la cantidad de personas que participan en él, no es menos importante que lo hagan en un contexto de autonomía y de pluralidad de opciones, y que la participación tenga la capacidad de incidir en las tomas de decisiones.

Estas convocatorias a debates nacionales en torno a agendas específicas han sido usuales desde los 70, pero es, sobre todo, desde la segunda mitad de los 80[1] cuando cobran importancia como algo más que liturgias legitimadoras y ejercicios de adoctrinamiento.

De manera sucinta, podemos identificar tres convocatorias a debates de esta naturaleza:

-El primero de ellos ocurre en 1986, cuando, súbitamente, el III Congreso del PCC decidió lanzar a debate público un llamado Programa del Partido Comunista, que combinaba altas dosis de cretinismo (es decir, de alienación respecto al rudo mundo real) con un prisma prosoviético que llegaba al punto de explicar la propia historia revolucionaria desde las supuestas proezas del Partido Socialista Popular. Y lo hacía, con total impertinencia, cuando la Unión Soviética vivía sus últimos momentos. En marzo, Fidel Castro proclamó la Rectificación —posiblemente la pérdida de oportunidades más descomunal de la historia nacional— que fue realmente el tema que escoltó todo el tiempo el proceso de discusión del supuesto programa, finalmente aprobado en diciembre, olvidado desde entonces y desmentido en 1991.

-El segundo debate nacional tuvo lugar en 1990, mediante una convocatoria particularmente auspiciosa que llamaba a elaborar la propia agenda del IV Congreso del PCC (1991). Aunque la crisis y el derrumbe final de la Unión Soviética cerró el capítulo de los coqueteos con la perestroika desde la propia clase política, también colocó a los dirigentes cubanos ante el desconcertante hecho de que la economía cubana, sin los subsidios del hasta entonces irreversible Campo Socialista, no podía garantizar su reproducción simple. Éste fue el debate mejor estructurado como ejercicio democrático, pero sus resultados fueron aviesamente tamizados por el entonces Centro de Estudios de la Opinión del Pueblo (una suerte de vertedero ideológico con presunciones académicas) y nunca dados a conocer. No obstante, algunos de sus planteamientos más avanzados aparecieron como ecos debilitados en la reforma constitucional y en la ley electoral del año siguiente.

-El tercero tuvo lugar entre diciembre de 1993 y mayo de 1994. En julio de 1993 se habían tomado las medidas anticrisis de auspicio —la legalización de la tenencia de divisas, la autorización del trabajo por cuenta propia y la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)— por lo que en diciembre de ese año hubo que discutir en la Asamblea Nacional (el insólito Parlamento cubano que sólo sesiona en plenaria unos seis días al año) cómo y con qué intensidad comenzar el ajuste. La decisión fue convocar a los llamados “parlamentos obreros” y sólo a partir de escucharles, tomar las decisiones apropiadas en una sesión extraordinaria de la AN, que, finalmente, se produjo en mayo. Para entonces, todos los indicadores económicos se iban colocando en su peor momento, lo que desencadenó en agosto una explosión de protestas populares y otra crisis migratoria. Éstas últimas, más que los parlamentos obreros, dijeron la última palabra, y el Gobierno se vio obligado a liberalizar la venta de alimentos agropecuarios, un recurso que el IV Congreso, sólo tres años atrás, había considerado impracticable.

¿Qué cambia con los debates?

La pregunta es oportuna, y con ella quiero meditar respecto a las posibles potencialidades que estos debates encierran para el cambio comprometido tanto con una economía viable y socialmente incluyente como con una construcción democrática superadora del autoritarismo burocrático/caudillista que hoy caracteriza al sistema político cubano.

Ante todo, habría que entender que ninguna clase política estaría inclinada a propiciar per se un proceso público que conduzca a la quiebra de su proyecto de poder. Siempre que la conservación sea menos costosa que el cambio, optará por la primera y evitará el segundo. Y la clase política cubana no es, en este sentido, excepcional. Por eso, el primer objetivo de estos debates —como antes mencionaba— ha sido siempre la reproducción de la gobernabilidad. Y una primera condición para ello es que los debates sean gobernables.

No es contingente que estos debates han ocurrido en momentos de incertidumbre, sea ésta dada por la emergencia de la perestroika, por la catástrofe del eufemístico Período Especial o por los desórdenes intestinales de Fidel Castro. Y en todos los casos han sido concebidos como mecanismos para la rearticulación del consenso, al menos en dos sentidos.

El primero de ellos ha sido el reciclaje de la propia clase política y el reagrupamiento de la elite, regularmente en torno al núcleo de líderes “históricos” encabezado por Fidel. No olvidemos que, si entre 1959 y 1986 la elite política mostró un discurrir monótono avalado por los subsidios soviéticos, desde este último año comenzaron a aparecer fisuras entre tenues identificaciones faccionales (prosoviéticos atrincherados en la JUCEPLAN, aperturistas pro-perestroika, tecnócratas a favor de la reforma económica, conservadores, duros, blandos, etc.) y contradicciones evidentes entre los líderes emergentes y la vieja guardia partidista.

Por primera vez desde inicios de los 60, la elite comenzó a experimentar desgajamientos monitoreados por un Fidel Castro aún vigoroso que sabía moverse en todas direcciones sin establecer compromisos con nadie. En unos casos, ocurrieron por relevos generacionales, pero, en otros, por purgas contra figuras que intentaron disfrutar de los placeres de la autonomía, como sucedió con Carlos Aldana, Roberto Robaina, Marcos Portal y algunos dirigentes provinciales. En este sentido, el arqueo político provisto por los debates devino un medio para dirimir estas contradicciones, definir posiciones y llegar a acuerdos intra-elites al menor costo.

En segundo lugar, los debates han sido espacios para movilizar factores de apoyo ante una realidad social cambiante y afectada por las transformaciones y los costos de la reestructuración económica, y por esta vía reforzar los pivotes de la gobernabilidad. En este sentido, los debates tienen la virtud no sólo de activar a las franjas de apoyo activo (siempre dadas a la emotividad catártica), sino, también, de integrar, al menos parcialmente, a la franja de consentimiento pasivo que hoy constituye la mayoría de la población cubana. Y, de paso, hacer aún más difícil la actividad de la franja minoritaria de oposición.

Convocar a un debate es peligroso para un régimen político, y particularmente cuando se trata de un sistema rígido como el cubano. Éste se expone siempre a que cualquier crítica devenga antisistémica, por lo que la contestación social autónoma no dejaría a la clase política cubana espacio para donde huir ni agujero donde esconderse. De aquí que desde sus inicios los debates hayan estado acotados por tres candados para prevenir cualquier disrupción impertinente:

§ La agenda de los debates ha estado decidida o acotada centralmente, y aunque siempre resulta más amplia que la crítica permitida en la cotidianidad, en todos los casos resguarda la idea de que la dirigencia política y, en particular, Fidel Castro y su séquito de “históricos”, son los depositarios naturales de la solución, aunque en realidad sean parte del problema. La carencia de autonomía para decidir la agenda es, sin lugar a dudas, un obstáculo insalvable.

§ Nunca se produce explícitamente un compromiso de los dirigentes políticos cubanos con el resultado de los debates. En particular, Fidel Castro, quien, con su astucia política habitual, siempre mantuvo una distancia olímpica frente a las discusiones de los profanos, adoptaba lo que le convenía y finalmente terminaba aliado con los grupos más conservadores para boicotear la implementación de las propuestas más progresistas. Esto fue evidente en los debates de 1990, y en la manera en que las propuestas más avanzadas surgidas de los debates fueron mediatizadas brutalmente. Un ejemplo de ello fue la propuesta de elecciones directas para los diputados, lo que terminó plasmado en un fosco sistema electoral con un único candidato por puesto —una suerte de voto negativo al revés— y numerosas aporías legales, paradójicamente proclamado como el más democrático del mundo.

§ Los debates siempre están regidos por las normas de la fragmentación que hacen gobernable al sistema cubano. Nunca un colectivo humano puede saber qué discute otro, sino de manera informal. La prensa, siempre infectada por una letánica parquedad informativa, sólo anuncia lo que el alto mando aprueba, toda vez que el debate sólo alcanza dimensión nacional y, por consiguiente, de “interés general”, cuando es organizado por la elite, vista como el compendio concluyente de la moral y la política positivas. Empíricamente, ello significa la manipulación de la información resultante por los luctuosos aparatos ideológicos partidistas a los diferentes niveles. El debate, por consiguiente, no puede madurar como opinión pública.

Pero, por muchas previsiones que se adopten, todo debate público implica “daños colaterales”. Y, por consiguiente, aun con el mínimo de libertad con que estos han funcionado, son un paso democrático y un mejor escenario que el no-debate, o que las liturgias paralizantes de los 70. La experiencia cubana indica, además, que los debates permitieron ampliar el diapasón de la crítica a temas normalmente intocables. Y actuaron como catalizadores de formas críticas de pensar y de actuar, con el consiguiente impacto en la cultura política. No olvidemos que la parca primavera política que tuvo lugar entre 1990 y 1996 (lo que he llamado la apertura por omisión) estuvo siempre animada por (o al menos procuró escudarse en) lo que se discutió en la convocatoria al IV Congreso del PCC, hasta que el siguiente congreso (1997) sepultó todo lo que de progresista podía haber quedado en el discurso oficial.

Esta incapacidad sistémica explica las marchas y contramarchas que caracterizan los debates, las injerencias de los funcionarios en medio de procesos proclamados “libérrimos”, los ajetreos de los impresentables departamentos ideológicos partidistas y las impúdicas codificaciones de resultados. Y, por supuesto, también explica por qué todos los viejos miembros de la elite —desde un apparátchik como José Ramón Machado Ventura (el político insular menos carismático desde los tiempos de Pánfilo de Narváez) hasta el impredecible Armando Hart— hayan reaccionado con espanto ante la idea de que la gente común discuta (siquiera organizada y controladamente) cómo mejorar sus vidas futuras.

¿Por que discutir ahora?

El actual debate es, en muchos sentidos, un enigma. No hay una convocatoria formal pero generalmente se ubica su punto de partida en el discurso del general/presidente en julio de 2007, justo al año en que el hermano pasara a reclusión hospitalaria, no sin antes repartir las funciones estatales como un abuelo repartiría sus pertenencias entre sus nietos.

Ha sido desarrollado en centros de trabajo y organizaciones vecinales, con una metodología abierta que pide discutir los problemas nacionales e implica una rápida transferencia de la información colectada a las estructuras partidistas respectivas. No se toman acuerdos, sino que las demandas o críticas se hacen de manera individual.

El sigilo y la informalidad hablan de una precariedad procesal propia de una clase política angustiada por la pérdida del centro que garantizaba sus poderes, y, además, fracturada. Aunque todos achacan a Raúl Castro su paternidad, hasta el momento el presunto padre ha sido muy parco en demostrar afectos públicos hacia el hijo. Algunas figuras “aperturistas” tradicionales, como el mencionado Guevara, o emergentes, como Eliades Acosta (flamante jefe del Departamento de Cultura del PCC), han apoyado públicamente el debate. Lo que resulta sintomático si tenemos en cuenta que el primero es un asteroide tradicional de la órbita raulista, mientras que el segundo es una figura pendular que nunca diría nada por sí mismo sin la cobertura del poder.

Pero, al mismo tiempo, otras figuras conservadoras han propuesto acotaciones, remitiendo el debate al campo de la inmediatez parroquial (cual asambleas vecinales) o a la inconmensurabilidad de lo ético sin aterrizajes posibles, como pudiera debatirse en el Centro de Estudios Martianos en una tarde de estío.

Algo similar ha sucedido con la cobertura de prensa. Aunque la información que brinda el periódico Granma siempre ha resultado excesivamente parca frente a la realidad, ahora ha hecho un silencio total, que sólo ha sido contrarrestado por una prensa oficiosa de escasa circulación, al estilo del semanario Juventud Rebelde, algunas páginas web y un par de programas televisivos.

Esta situación sugiere que Raúl Castro ha entendido que tiene que introducir reformas en Cuba (lo cual parece que ha sido una constante de su proyección pública) y está enfrentando oposición interna del sector más tradicional de la elite, así como el retraimiento de otras figuras menos conservadoras, pero no menos asustadas, sobre todo cuando calculan, con muchas razones, que a la salida de escena del Comandante, podrían ser cazadas como conejos en un tabloncillo de baloncesto.

Aun cuando es presumible que Raúl cuenta con apoyos fuertes tanto en el aparato civil como militar (otra arista silenciosa), todo indica que es un apoyo insuficiente cuantitativa y cualitativamente, y que existen importantes áreas de toma de decisiones que escapan a su control. En consecuencia, habría que asumir que Raúl está buscando legitimarse y captar apoyos con este debate, nada de lo cual es nuevo en la historia reciente, como ya vimos, si no fuera porque posiblemente esta maniobra está siendo ejercida también contra el propio Fidel Castro, quien ha convertido su lecho de enfermo, sus contactos con Chávez y la serie de sus indigeribles “reflexiones”, en una plataforma de resistencia a ese cambio, entre otros motivos, porque prefiere ligar sus últimos estertores a un delirante proyecto político continental que legitimaría definitivamente su paso a la Historia.

De ser así, este debate colocaría a Fidel Castro, por primera vez, en la historia revolucionaria de manera explícita (y legible por la mayoría de la población cubana) en el lado conservador de la política; es decir, oponiéndose a un cambio que se anuncia como socialista, revolucionario y patriótico, y que los cubanos comunes perciben como la única opción de supervivencia.

Por supuesto, no podemos adivinar cuál es el tipo de cambios que Raúl Castro estaría dispuesto a asumir, pero sí podemos levantar algunas hipótesis partiendo del pedigrí del personaje, del tipo de demanda que enfrenta y de la difícil correlación de fuerzas en que tiene que moverse.

Ante todo, es un chiste de mal gusto considerar al general como un demócrata, pero identificarlo simplemente por su habitual papel represivo en el sistema es un error político. Su definición como un político pragmático indicaría que se trata de una persona que está dispuesta a realizar los cambios pertinentes para conseguir la reproducción del régimen, y, por consiguiente, que tampoco estaría inclinada a realizar más cambios de los necesarios.

Al mismo tiempo, aunque Raúl Castro ha heredado la relación con Chávez —que Fidel se cuidó de colocar en manos del maltratado Carlos Lage— ha sabido guardar distancia de los arrebatos linguales del presidente venezolano y podemos suponer que entiende que, aunque Cuba goza hoy de la mayor holgura económica desde la era soviética, es mucho más vulnerable que nunca antes, pues depende de la voluntad política de una figura tan voluble como impredecible, recientemente derrotado, para colmo, en un referendo constitucional. Sin embargo, la variable Chávez debe ser tomada muy en cuenta por su grado de internalización, su evidente alineamiento con el desfalleciente “máximo líder” cubano y su probable oposición a cambios que no apunten a reforzar su proyecto político continental.

En este sentido, aunque la convocatoria implícita del debate es general y abierta, su propósito principal es legitimar los cambios económicos que facilitarían la sostenibilidad nacional, y solamente buscarían aquellos relajamientos políticos que facilitaran una dinámica económica más abierta a las fuerzas del mercado y la iniciativa privada. Si seguimos liberando la imaginación acerca de la naturaleza de estos cambios —desestatización de la agricultura, reforma empresarial, incentivo a la inversión extranjera, apertura de mayores espacios a la pequeña iniciativa local, eliminación de la política de subsidios al consumo alimenticio, eliminación de la doble moneda, etc.— no es difícil llegar a la conclusión que estaríamos frente a cambios de una magnitud considerable, que desbordan, con mucho, el campo estricto de “lo económico”. Pero nada indica que esté en discusión una reestructuración política sustancial que apunte hacia una ampliación de la democracia más allá de lo estrictamente funcional.

En resumen, estos son los horizontes de este debate, pero también esta es su relevancia. Obsérvese, sin embargo, que sólo hablo de coyunturas, de cortos plazos irremediables donde las utopías (hacia la derecha o hacia la izquierda) son malas preguntas que obtienen malas respuestas.

Y las coyunturas son crueles. Probablemente eso lo sabe el general Raúl Castro, un hombre pragmático, se dice que amante de sus nietos y con un sentido de la finitud del que siempre careció su grandilocuente hermano. Posiblemente, sabe que lo que hoy parece inmenso en la coyuntura es sólo un detalle en la historia, condenado al olvido. Y que a él, como buen mortal, también le toca el olvido. Sólo que, como decía Borges, algunos olvidos suceden a manera de castigos y otros a manera de perdón. Ojalá que el general lo sepa.

[1] En los 70 y primera parte de los 80 existieron convocatorias a discutir en torno a la Constitución (1975) así como las tremendamente aburridas digestiones de las tesis de los congresos del Partido Comunista en 1975 y 1980. Aunque en todos estos casos la población fue provista de informaciones y de la invitación a debatirla, es difícil encontrar aquí polémicas sustanciales. En esta misma línea pudiera inscribirse la exangüe discusión pública de las tesis del V Congreso del PCC en 1997.

Página de inicio: 96

Número de páginas: 7 páginas

Descargar PDF [74,96 kB]

 

En esta sección