Las tres caras de la moneda

Enrique Collazo

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En 1986, Fidel Castro imprimió otro brusco golpe de timón en la economía y la sociedad cubanas al anunciar el denominado “Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas”, proclamando, cogido de la mano de su hermano Raúl: “ahora sí vamos a construir el socialismo”. Tal proceso no era más que un regreso al concepto anti-mercado que caracterizó los peores años de la década del 70.
Al igual que entonces, la férrea centralización de las decisiones de política económica, las movilizaciones masivas y el voluntarismo, fueron la tónica imperante. Hacia finales de los 80, con el desplome del comunismo en Europa del Este y, posteriormente, con el desmembramiento de la Unión Soviética en 1991, los cubanos se preguntaban por qué su gobernante no introducía con urgencia algunas reformas en la dirección del mercado para reactivar desde dentro la economía cubana frente a la desaparición de sus antiguos socios comerciales.
Sin embargo, el poder se mantuvo en sus trece y, lejos de permitir al menos la reaparición del mercado libre campesino, lo que hizo fue implementar un costoso y disparatado Plan Alimentario, que buscaba la autarquía a partir de periódicas movilizaciones de la burocracia habanera hacia la agricultura. El estrepitoso fracaso no se hizo esperar, y ya para 1993, el Gobierno canceló las convocatorias “al verde” y nunca más se volvió a mencionar aquel plan.
Tras este descalabro, con un producto interior bruto (PIB) en caída libre y en una situación de extrema depauperación de la población, lo cual elevaba el peligro de un estallido social, el poder se vio obligado a abrir la válvula de la liberalización. Cerca de la decisión de legalizar el dólar, se llegaron a reportar transacciones de hasta 150 pesos por dólar, lo cual puso de relieve que su legitimación fue prácticamente forzada y, de hecho, facilitada por la población, en presencia de lo que ya era una devaluación real del peso como medio de cambio, como instrumento de medida de valor y como instrumento de acumulación. Para el verano de 1993, la situación era insostenible, y con el fin de conjurar tal peligro, el Gobierno introdujo ciertas medidas orientadas a una reanimación del mercado interno, a pesar de la oposición de Castro y otros dirigentes de línea dura. No obstante, esas medidas sólo estaban concebidas para superar la difícil coyuntura y se adoptaron con extrema cautela.
Las reformas más importantes se introdujeron entre agosto de 1993 y septiembre de 1994; entre ellas, la legalización de la tenencia y circulación del dólar, la autorización del envío de remesas por los cubanos que viven en el extranjero y la creación de tiendas estatales destinadas a vender productos en dólares a toda la población. Asimismo, se autorizó la circulación del llamado “peso convertible” (CUC), de ahí que parte de la economía funcionase en CUC, parte en peso nacional y parte en dólar. En 1995 se autorizó también la apertura de las casas estatales de cambio de divisas (CADECA).
Tras la adopción de este patrón monetario, se fijaron dos tasas de cambio decretadas de manera arbitraria en las operaciones oficiales entre el dólar y el peso, pero para propósitos y tipos de transacciones diferentes. La tasa oficial para comercio internacional fue establecida por decreto y funcionó a la par. Por su parte, la tasa extraoficial —la cual resultó muy importante para la población— varió alrededor de 1 dólar (USD) igual a 20 ó 22 pesos cubanos (CUP) entre 1998 y 2001, hasta 1 USD igual, aproximadamente, a 27-30 CUP hacia finales de 2004.
De repente, las remesas enviadas por las familias (se calculan entre los 800 y los 1000 millones de dólares anuales) permitieron no sólo atender las posiciones deficitarias de muy corto plazo en los mercados financieros, sino que, además, se convirtieron en una poderosa palanca recaudatoria de bajo coste a disposición del poder. Igualmente, la legalización de la circulación del dólar buscaba captar la mayor cantidad de moneda extranjera mediante el incremento de las ventas en las tiendas de recuperación de divisas (TRD), donde, como se sabe, las tasas de impuestos alcanzan hasta un 240 por ciento.
La introducción del CUC en 1995, constituyó también un recurso para capturar cierta cantidad de dólares circulantes. En una segunda fase, el proceso de dolarización se extendió cuando algunas empresas e instituciones fueron alentadas a autofinanciarse en dólares y a sufragar algunas de sus rentas en esa moneda.
Existen varias fuentes generadoras de dólares para la población cubana. La más importante la constituyen las transferencias familiares, cuyos flujos se han incrementado sin cesar, aunque no pueden ser capitalizados por sus receptores, quienes se ven obligados a gastarlos principalmente en las tiendas habilitadas por el régimen. Una segunda fuente reside en la compra de bienes y servicios por parte de turistas a sectores informales y no reportados por la economía (por ejemplo, los pagos por concepto de alojamiento en un apartamento privado, y no en un hotel).
Una tercera fuente de aprovisionamiento de dólares la constituyen los pagos de una parte del sueldo, a sus empleados cubanos, por parte de empresas extranjeras que operan bajo asociaciones mixtas controladas por el Estado. La cuarta, y no por ello la última, son los ingresos en moneda dura devengados por músicos, profesores, deportistas y otros profesionales cubanos, por concepto de conciertos, conferencias y competiciones en el extranjero.
La circulación monetaria resultante dio lugar a dos economías altamente contrastantes: una, basada en dólares; otra, en el peso “nacional”. Ambas funcionan desde entonces cual compartimentos estancos y presentan significativas y complejas segmentaciones, llevándose la peor parte el área que opera en pesos “nacionales”. El sistema monetario dual y la artificiosa tasa de cambio son problemas que reducen el margen de maniobra de la economía cubana de cara a su mercado interior, y su repercusión en la población resulta ruinosa. La consecuencia más seria —entre otras— está relacionada con la distribución de ingresos y la estructura general de incentivos. Esto provoca un poderoso estímulo para que la población repudie la economía en pesos nacionales e intente por todos los medios insertarse en la economía conectada con las divisas. El resultado es obvio: se deforman las conductas económicas, tanto de la población como de las empresas relacionadas exclusivamente con el billete cubano.
En noviembre de 2004, tras varios años de funcionamiento y gozando ya del creciente subsidio venezolano, las autoridades decidieron recentralizar la toma de decisiones económicas, abrir una cuenta única para divisas y CUC en el Banco Central de Cuba, en el cual todas las empresas deben depositar sus ingresos en ambas monedas, y solicitar asignaciones pagando un recargo. Se redujo el diezmado sector privado y se suprimió la circulación del dólar, aunque su tenencia por parte de la población fue permitida, así como las cuentas corrientes abiertas en los bancos en esta moneda. El CUC quedó como principal referencia para las transacciones del Estado, incluyendo las TRD, aunque continúa anclado al valor del billete verde. Al cambio de dólares por CUC se le carga un gravamen de diez por ciento, pero no al cambio en euros, dólares canadienses, libras esterlinas y francos suizos. Desde marzo de 2005 el CUC se cambia por veinticuatro pesos y se compra por veinticinco pesos nacionales, con un peso extra cargado por comisión. En abril de 2005, el valor del CUC en relación con el euro, el dólar y otras divisas fue aumentado en ocho por ciento dejando igual la tasa CUC/peso nacional. Según el estudio La Economía Cubana en la encrucijada: el legado de Fidel, el debate sobre el cambio y las opciones de Raúl[1], del economista cubanoamericano Carmelo Mesa-Lago, otro aumento del ocho por ciento fue implementado en abril de 2008 revaluando el CUC respecto a dichas divisas; además, se carga un margen comercial en torno al 3,5 por ciento, mientras que la tasa CUC/peso nacional continúa inalterable.
A pesar de que esta medida proveyó súbitamente de dólares las arcas del Gobierno, la supresión del mismo en la circulación no solucionó los problemas estructurales de la economía cubana, tales como una enorme deuda externa, su incapacidad para generar valor agregado, una industria nacional vetusta y altamente ineficiente, el enorme déficit en el comercio de bienes y la escasez crónica de moneda convertible. Los petrodólares venezolanos –como señala el economista cubanoamericano Roberto Lozano[2]– lo que hacen es asumir las cuentas de una economía-paciente con diagnóstico reservado, que si no fuera por el subsidio de Chávez hace rato estuviera en estado terminal o ya hubiera llegado al cenit de su crisis, lo cual hubiese obligado a una cirugía radical o a la reforma estructural. Por tanto, las últimas “apreciaciones del CUC” dictadas por las autoridades cubanas, además de tener una naturaleza absolutamente arbitraria, se explican, tres años después de la desdolarización, por la reducción de las remesas de los emigrados, la caída del turismo que opera con dólares, la disminución de la capacidad innovadora empresarial y de identificación de opciones de mercado favorables, así como la revitalización del mercado negro en mercancías y dólares[3].
La cotización de cualquier divisa en los mercados monetarios internacionales es reflejo de la fortaleza de las economías que representa, frente a las cuales se mide la moneda del país en cuestión; en este caso, Cuba. Sin embargo, los indicadores macroeconómicos fundamentales de la economía de la Isla se encuentran profundamente deprimidos desde 1989. De acuerdo con el estudio ya citado[4], “la formación de capital bajó de 25,6 por ciento en 1989 a 13,5 en 2006, la mitad del promedio regional que Cuba necesita para un crecimiento sostenido. La inflación aumentó de 0,5 por ciento a 5,7 por ciento en 2006, 11 veces el nivel de 1989 y superior al promedio regional en ese año; el déficit fiscal subió a 3,2 por ciento, todavía la mitad de 1989 pero 32 veces mayor que el déficit promedio regional, y la liquidez monetaria creció de 21,6 por ciento a 37,9 por ciento del PIB. En 2007, la composición del PIB fue sólo 17 por ciento generado por la producción física y 83 por ciento por servicios (15 por ciento básicos y 68 por ciento otros), positivo con vista al notable capital humano, pero negativo en cuanto a la incapacidad productiva”. Precisamente por exhibir estas alarmantes cifras y mantener desconectado al sector productivo que opera en pesos nacionales, es que el poder, para su sustento, manipula injustamente las tasas de cambio del “chavito” (CUC) con respecto al resto de las divisas internacionales, carga impuestos abusivos en sus tiendas por la compra de artículos de primera necesidad, además de fomentar la “industria de la emigración”, la cual le deja cuantiosos beneficios al Ministerio de Relaciones Exteriores, información que la estadística oficial nunca ha reflejado, pero que, de seguro, asciende a varios cientos de millones de dólares.
La inmensa mayoría de la población recibe sus sueldos en pesos “nacionales”, moneda no admitida en las TRD. El acceso al CUC tiene una muy escasa relación con la aportación productiva de los ciudadanos, pues su tenencia no depende del trabajo, sino que continúa limitada a las opciones descritas más arriba. El resto de la población sólo accede a esa codiciada moneda mediante la compra en las (CADECA) a 1 por 25 pesos nacionales hasta cierto monto de pesos convertibles disponibles para el canje total diario, en cantidades limitadas para cada operación.
Así, los que realizan funciones vitales en la salud, la educación, la agricultura o la industria, reciben menos por sus esfuerzos que los que, de una manera u otra, perciben alguna divisa; de tal suerte, los niveles de vida de aquellos han descendido en correspondencia con la fuerte contracción de su poder de compra. La población cubana se ve obligada a gastar crecientes proporciones de sus magros ingresos en comida y otros bienes esenciales que adquieren en las TRD. También, el CUC da acceso a gasolina, piezas de repuesto de autos, taxis, cuentas en bares, restaurantes y cabarets, entre otros servicios, en cantidad y calidad superior a las del mercado en pesos nacionales. Asimismo, cada vez más alimentos producidos en Cuba se venden en tales tiendas, lo cual significa un elevado incremento en el presupuesto destinado para comida en muchos hogares, y, por ello, una alta tasa de inflación que soportan las familias cubanas, particularmente las que no tienen acceso a divisas/CUC, que componen casi el 40 por ciento de la población, la cual dispone de un ingreso bajo o medio-inferior y carece de poder de compra para pagar los altos precios de dichos bienes y servicios.
De acuerdo con el economista opositor Oscar Espinosa Chepe[5], “los cubanos dependen extraordinariamente de la adquisición del CUC para satisfacer necesidades vitales, cuando el salario promedio no rebasa los 408 pesos corrientes mensuales y el mínimo es de 225. Mientras, los jubilados, en su mayoría, reciben una pensión mínima de 164 pesos corrientes mensuales, pero deben pagar 2,15 CUC por un litro de aceite comestible y 6,50 CUC por un kilogramo de leche en polvo de producción nacional”.
Ahora bien, en un régimen fuertemente estatizado como el cubano, ninguna transformación en la esfera de la circulación monetaria será capaz de corregir las crónicas anomalías que afectan al ámbito productivo, de modo que si de lo que se trata es de revalorizar y unificar el signo monetario nacional, habría que empezar por implementar un proceso de reformas estructurales integrales que redefina el papel del Estado en la economía. Esto incluye transformaciones en el régimen de propiedad, ya que ello ayudaría a disminuir el lastre financiero estatal y aumentaría gradualmente la productividad. Presentando Cuba una estructura de base agrícola esencialmente, los cambios deberán iniciarse en este sector, mediante la entrega de las enormes extensiones de tierras incultas y subutilizadas a personas con capacidad e iniciativa, para ser cultivadas con entera libertad.
La reestructuración agrícola deberá empalmar con el desarrollo del trabajo por cuenta propia, mediante la creación de cooperativas privadas o entregando las empresas directamente a los trabajadores; o sea, restaurando el tejido empresarial de micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional, a partir, fundamentalmente, de legalizar la capitalización de las remesas por los receptores de las mismas. Considerando que por esta vía entran al país un mínimo de 1.000 millones de dólares anualmente, tal cantidad, invertida en la esfera productiva y en los servicios, generaría un poderoso crecimiento de la producción, cubriendo a la vez la alta demanda de consumo insatisfecha de la población. Por otra parte, liberaría a las fuerzas productivas, ahora cautivas por la obstinada centralización estatal.
La situación imperante genera un círculo vicioso de ineficiencia, empobrecimiento y corrupción, y se ha demostrado que cada vez que el poder ha auspiciado una descentralización, por breve que haya sido y manteniéndose inalterables las condiciones del embargo norteamericano, ha tenido lugar un repunte económico. La implementación de estas medidas generaría riqueza, y del empleo productivo absorbería una buena parte del elevado desempleo existente y el empleo redundante. Esto conduciría gradualmente a reducir la enorme brecha entre precios y salarios, lo cual representaría un acicate para el incremento de la productividad y el aumento del salario real. De no adoptarse estas medidas, no se crearían las premisas indispensables para modificar la estructura productiva y, con ello, comenzar a solucionar el candente problema monetario.
Con todo, la unificación monetaria, además de sustentarse en una reforma estructural de la economía, debe venir acompañada de una situación macroeconómica estable y sana fiscalmente. Mesa-Lago, en el estudio anteriormente citado, añade, además, requisitos tales como el incremento notable de las reservas financieras, la reducción significativa del déficit en cuenta corriente, alcanzar determinada capacidad financiera para solventar obligaciones externas, aumentar sostenidamente la formación bruta de capital y lograr acceso en condiciones favorables al ahorro externo y, por último, obtener el reconocimiento internacional de la moneda nacional. Aunque la expansión de la inversión extranjera ha aumentado la captación de divisas por el Gobierno (petróleo, gas, níquel, turismo), tal incremento apenas se ha visto reflejado en un mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y, en su mayor parte, no se han recuperado los niveles de 1989. Los enclaves de desarrollo que forja la inversión extranjera, alimentados con mano de obra barata, tampoco solucionan el problema estructural de la economía cubana entrampada en un sistema económico intolerante y un régimen monetario bifronte, obstáculos que impiden que cualquier proceso inversionista ejerza un sistemático efecto multiplicador sobre el resto del maltrecho tejido económico del país y el mercado interior. La consecución de los objetivos que permitirían cumplir la demanda popular de unificación monetaria resulta tan remota, que obliga a las autoridades a dilatar indefinidamente los plazos para lograr tal fin. Otro tanto hace con respecto al despliegue de las medidas descentralizadoras de fondo, a las cuales el nuevo liderazgo teme, al tiempo que las intuye inaplazables.
Las señales que emite el poder con respecto a la revaluación del peso y la reforma estructural de la economía se caracterizan, como de costumbre, por el secretismo y la indefinición. Una de las acciones de mayor alcance por parte de Raúl Castro es la concesión a los agricultores de tierra ociosa con fines productivos. Sin embargo, con respecto al tema monetario se ha mostrado mucho más cauto, pues sabe que resulta imposible llevar a cabo una revaluación monetaria so pena de comprometer seriamente la gobernabilidad del país. Raúl propone que, para evitar efectos traumáticos e incongruencias, cualquier cambio referido a la moneda debe hacerse con un enfoque integral, en el que se tengan en cuenta factores como el sistema salarial, los precios minoristas, las gratuidades y los subsidios estatales a muchos servicios y productos; pero advierte que la dualidad monetaria es un problema complejo que requiere “un estudio profundo” para “evitar efectos traumáticos” al pueblo. En una línea semejante, un documento interno del PCC[6] reconoce que la población reclama contar con un solo papel de pago, aunque se apresta a dejar bien claro que “la eliminación de la dualidad monetaria coadyuvará a la mejor medición de la eficiencia económica y será un factor positivo para promover nuestro desarrollo... pero no es una medida que cree de por sí nuevas riquezas”. En todo caso, comenta que la circulación de una moneda única “no depende ni dependerá de una decisión administrativa, sino del nivel de fortaleza y eficiencia económica”, aunque no especifica cómo se conseguirán tales niveles “de fortaleza y eficiencia económica”. Paralelamente, mientras se normaliza la unificación monetaria, se irán reduciendo los subsidios a la población, para que el salario sea el parámetro de consumo. Por último, dicho informe expresa que en el sector empresarial “se requiere concretar la eliminación de la dualidad monetaria, propiciando la convertibilidad interna de la moneda nacional”. O sea, la voluntad de reforma, aun dentro de la ortodoxia socialista y de forma timorata e indefinida, está expresada aquí.
Mientras, versiones extraoficiales –conocidas en Cuba como “radio bemba”– reportan que tendría lugar una revalorización del peso cubano a medio plazo, comenzando por diecinueve pesos cubanos por CUC hasta su gradual homologación en un período que pudiera tardar varios años. Por su parte, algunos economistas cubanos preocupados por el tema monetario vierten sus opiniones públicamente. Pável Vidal[7], profesor e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la Universidad de La Habana, y autor de varios artículos sobre el tema, sostiene que la eliminación de la doble moneda y una política monetaria y salarial más flexible, acompañadas de reformas estructurales, sumarían beneficios al desarrollo de la economía cubana que se traducirían en una paulatina solución de muchas de las carencias y dificultades que agobian a buena parte de la sociedad cubana. Para el especialista, la dualidad monetaria complica la contabilidad y la política económica, impide relaciones y encadenamientos entre las empresas, debilita el mercado interno, desfavorece la expansión de las exportaciones y limita la inversión extranjera, entre otras consecuencias negativas. Un nutrido grupo de académicos, del cual Vidal es exponente, se atreve a abordar con objetividad y rigor profesional los problemas económicos, lo cual no es nuevo, pues durante la puesta en marcha de las medidas liberalizadoras de 1993-96 también emitieron sus criterios. Este grupo adelanta, incluso, propuestas para la superación de los problemas, siempre dentro de los cánones socialistas, aunque sabe que su papel se reduce a mantener informado al poder, pues las decisiones corren exclusivamente por cuenta de éste.
Por último, el propio ministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, atrincherado en la ortodoxia más siniestra, ha declarado que la transmisión del poder a Raúl Castro se traduce, exclusivamente, en un ejercicio de continuidad con sólo algunos ajustes para hacer el modelo más eficiente. También afirmó que el cuestionamiento de la propiedad socialista no lo hacen grupos pertenecientes al poder y que no concibe otra forma de propiedad que pueda fomentar el desarrollo del país como la estatal existente, por lo que, según él, la colectivización será mantenida y reforzada. Por último, añadió que “el trabajo por cuenta propia desaparecerá gradualmente según aumente la eficiencia del Estado y no se abrirá nuevo espacio a las empresas pequeñas porque el desarrollo de la nación no puede basarse en ellas”[8]. Teniendo en cuenta que este tecnócrata es el mismo que, en diciembre de 2003, afirmó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que se estaba revisando el uso del dólar por las empresas estatales y que se iba a restringir su margen de acción, lo cual constituyó otro paso hacia atrás en el proceso de liberalización 1993-1995, paralizado y revertido a partir de 1996, es lógico que exista gran escepticismo en la opinión pública internacional acerca de la auténtica voluntad reformadora del nuevo líder y sobre el alcance y profundidad de las medidas que, aparentemente, tiene en su agenda.
A estas alturas, las opiniones de los cubanos de extramuros están divididas en dos grupos: los que se atreven a darle, quizás, su último crédito a la dirigencia del país, cuando habla de la necesidad de introducir cambios estructurales, aunque sólo sea por adjudicarle al poder una mínima capacidad para la preservación de la gobernabilidad en una coyuntura diferente y extraordinariamente compleja. Y los que, por el contrario, sostienen que alguien que forma parte íntima y sustancial del grupo de Gobierno que produjo el enorme y profundo deterioro que al cabo de medio siglo presentan la economía y la sociedad cubanas, no está en condiciones de reestructurarla, pues, obviamente, socavaría así el sistema político que le ha permitido mantener el monopolio del poder, negando entonces su propia existencia. Mientras, en la Isla, desde que se convocó a la población a manifestar las quejas y lamentaciones que provoca el sistema, ésta ha albergado ciertas esperanzas de cambio alentadas también por el ligero “movimiento de ficha” hecho por Raúl hasta hoy. ¿Hasta qué punto puede importarle al nuevo líder satisfacer urgentes demandas populares, descentralizando la actual estructura económica de manera orgánica e irreversible en pro del mejoramiento de los estándares de vida? O, dicho de otro modo, ¿desatenderá Raúl el clamor popular para abrazar la línea ortodoxa preconizada por Machado Ventura, José Luis Rodríguez, Osvaldo Martínez y su propio hermano en sus febriles “Reflexiones”, aumentando así la frustración y la desgracia del pueblo cubano? Esto es algo que todos se preguntan a diario, aunque lo que sí es seguro es que hoy el tiempo, como nunca antes, obra a favor del cambio en Cuba.
[1] Documento de Trabajo 19/2007 www.realinstitutoelcano.org
[2] Lozano, Roberto; “Padecimientos Estructurales”; en Encuentro en la Red; Madrid, 17 de marzo de 2008.
[3] Mesa-Lago, Carmelo; ob. cit.
[4] Íd.
[5] Espinosa Chepe, Oscar; “La dualidad Monetaria, un tema candente”; en Centro de Noticias del Cuba Study Group; Miami, 31 marzo de 2008.
[6] Documento preparado especialmente por el Banco Central de Cuba para los militantes del PCC y la UJC, según Grogg, Patricia; “Economía-Cuba: Dualidad Monetaria sigue en discusión”; IPS; mayo, 2008.
[7] Vidal, Pável; consultado por la corresponsal de IPS en La Habana en Grogg, Patricia; ob. cit.
[8] Mesa-Lago, Carmelo; ob. cit.

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Revista Encuentro de la Cultura Cubana, 48/49, primavera/ verano de 2008