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Actualizado: 12/07/2024 0:11

Venezuela, Elecciones, Fraude

Un nuevo fraude a la vista

Pocos dudan de que las elecciones presidenciales en Venezuela serán un simulacro que favorecerá al oficialismo. Desde la muerte de Hugo Chávez, el régimen se las ha ingeniado para ganarlas

En Venezuela se celebrarán comenzó las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, día del nacimiento de Hugo Chávez. Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, buscará su tercer mandato. Y para garantizar su victoria sigue los métodos de Vladimir Putin, su modelo. En lo que califica de una serie de violaciones “flagrantes” del Acuerdo de Barbados, María Corina Machado ha denunciado su inhabilitación por quince años por parte de la Justicia venezolana, a pesar de que ganó las primarias de la oposición por abrumadora mayoría en octubre de 2023. Una inhabilitación que en enero de este año fue confirmada por Tribunal Supremo. Asimismo ha hecho pública la detención de al menos ocho personas vinculadas a su equipo electoral. El año pasado, Estados Unidos suspendió las sanciones contra el régimen de Maduro, pero tras la exclusión de Machado, Estados las restableció. Conviene recordar que esa misma prohibición pesa también sobre Henrique Capriles, quien en su día le compitió en las elecciones y estuvo a punto de derrotar a Chávez.

De acuerdo a un comunicado difundido hace pocos días, la líder opositora pidió a Noruega, país que actúa de mediador en las negociaciones entre el régimen de Venezuela y la oposición mayoritaria, que extremase su apoyo para garantizar que en su país se celebren unas presidenciales “libres y justas”. Y también solicitó a que reclame a Maduro el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, que “ha sido integralmente violado por parte del régimen que preside Nicolás Maduro”, así como admitir la candidatura presidencial de su sucesora, Corina Yoris.

En alusión a las declaraciones a las declaraciones bajo custodia de su jefe de campaña en Barinas, Machado afirmó que Maduro ha calificado a su partido, Vente Venezuela, de “organización terrorista”. Y señala que “para acusarnos han forjado pruebas y forzado a algunos detenidos a acusar a sus propios compañeros de falsas conspiraciones armadas”. Asimismo, ha asegurado que tanto su equipo como ella misma “corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas”. “Yo misma podría ser objeto de una detención injustificada”, expresó, y agrega que “el pueblo venezolano está dispuesto a luchar con el objetivo” de que se materialice la candidatura de Corina Yoris o la suya misma.

En el diario español El País, Juan Diego Quesada publicó un artículo sobre las elecciones venezolanas. En él comenta que “el chavismo se ha mostrado inflexible con la participación de Machado, que lidera la mayoría de las encuestas que se han hecho públicas en los últimos meses. Los tribunales, controlados por el oficialismo, se escudan en una supuesta falta que cometió con sus gastos en sus tiempos como congresista, la época en la que se dio a conocer por enfrentarse dialécticamente a Chávez. La oposición la eligió para enfrentarse a Maduro en este 2024 en unas primarias que sorprendieron a todo el mundo, principalmente a Maduro. Dos millones de venezolanos salieron a la calle y votaron masivamente a Machado. Era una demostración de fuerza de una política que hace unos años mantenía posiciones muy antichavistas muy extremistas, pero que en los últimos tiempos ha moderado sus posiciones para dirigirse a un público más amplio”.

Pocos dudan que serán unos comicios simulados

Quesada hace notar que con la cerrazón de Maduro “la posibilidad de un proceso electoral mínimamente competitivo se esfumó de repente, como habían vaticinado los que desconfían por completo de las intenciones conciliadoras de Maduro. Desde ese momento el chavismo ha radicalizado su política. Como también hizo Chávez en su día, Maduro asegura que hay plan para asesinarlo y dar un golpe de Estado en el país. La fiscalía ha detenido bajo esa acusación a opositores, activistas y miembros de las organizaciones de derechos humanos. Incluso a ciudadanos normales y corrientes que han criticado al chavismo en redes sociales”.

Maduro aspira a un tercer período con el que cumplirá 18 años en el poder. Pero la mayoría de las encuestas coincide en que ocho de cada 10 venezolanos quieren un cambio, y ubican a Maduro con una popularidad de entre 15 % y 20 %. En declaraciones a la AFP el analista político Yoel Lugo expresó que “Maduro sabe que él pierde frente a cualquier candidato opositor que logre la unidad y levante los ánimos de participación ciudadana”. Y comentó que “el peor escenario para la oposición es mantener el tono de crispación interna (…) aunado con la división y desmoralización del voto”.

Pocos dudan de que se tratará de otros comicios simulados que favorecerán al oficialismo. Desde la muerte de Chávez, el régimen se las ha ingeniado para ganar las elecciones presidenciales. Los resultados oficiales señalaron que en 2013 Maduro ganó por poquísimo margen (unos 223 mil votos), con el 50,61 % de apoyo, mientras que su contendor llegó hasta el 49,12 %, unacifra que siempre fue sospechosa. Once años después, se sabe que las cifras fueron alteradas y que el régimen se las apañó para hacer aparecer en el sistema electrónico más votos para Maduro (alrededor de 600 mil), pese a que hasta las 6 de la tarde de ese 14 de abril Capriles ya había ganado estadísticamente los comicios, según relata el libro Bumerán Chávez, del periodista español Emili Blasco. En 2018, Maduro ganó unos comicios que ni siquiera fueron reconocidos por la comunidad internacional, que las consideró fraudulentas. No tuvo que competir con la oposición, que se negó a participar, al considerar que no podían avalar un proceso nulo. De manera que en 2024 lo más seguro es que se producirá un nuevo fraude.

Criminalización de toda protesta justa

Como una nueva medida para amañar el triunfo en las elecciones, el chavismo presentó ante la Asamblea Nacional, sonde domina ampliamente, una “Ley contra el Fascismo, el Neofascismo y otras expresiones similares”. De acuerdo a la misma, se contempla penas de cárcel de al menos ocho años y medidas judiciales para ilegalizar a partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, así como sanciones a medios de prensa. Desde el diario El Nacional, Humberto García Larrande dirigió una carta a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, bajo el título de “Ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. A su texto, pertenece este fragmento:

“Se asienta con ello una visión maniquea, determinante de lo que es correcto e incorrecto, plasmando una moralina que nutre los discursos de discriminación y odio. Esto, Delcy, es clave en el fascismo. Desde el Estado se les niegan derechos a los que no son «Pueblo», muchas veces con la aplicación de la violencia, la criminalización de toda protesta justa y/o la maquinación arbitraria de «conspiraciones» para inculpar a opositores incómodos, con la complicidad de un poder judicial abyecto –los Juristas del Horror a que se refiere Ingo Müller en su libro sobre la «justicia» nazi. Porque la política es, para el fascismo, una guerra en la que el opositor no es un adversario con derechos, sino un enemigo a liquidar. No hay juego político posible, solo sumisión y regimentación de lo social, bajo las directrices del líder carismático. De ahí que su discurso ensalza lo militar, plagado de una jerga sobre batallas y brigadas, como de muchos símbolos patrioteros, que alimentan el culto a su persona (al héroe) y a la muerte. Se organizan bandas paramilitares —los movimientos de camisa: pardas, negras, azules, rojas, según sea el país— para doblegar e intimidar violentamente al “enemigo”. La experiencia venezolana, con el abuso de la figura de Bolívar y de la guerra de Independencia es muy ilustrativa. «¡Patria, socialismo o muerte!»”.

También se ha referido a la Ley el periodista español José Ramón Cossío Díaz. En un artículo publicado en el diario El País, la critica con palabras contundentes: “Lo más interesante de la iniciativa de ‘Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares’ es su carácter fascista. Toda ella es una muestra palpable de lo que, con todas sus variantes y modalidades, ese tipo de regímenes buscan para establecerse y mantenerse mediante la dominación no democrática de sus adversarios. La Ley en discusión muestra algo que, de manera contraintuitiva, también parece ser propio de los regímenes fascistas: su enorme debilidad. Su inherente imposibilidad de contrastar ideas por el temor a ser vencido. Esto es lo que explica las grandes superestructuras de las que tienen que rodearse los fascistas de ahora y de antaño. Las invocaciones a tradiciones inventadas, a rituales espectaculares, a héroes impolutos y a tantas otras parafernalias semejantes en modo europeo o americano, han tenido la misma finalidad. Esconder el enorme vacío de quienes no pueden mostrarse a sí mismos por el temor a dejar ver su pura y final vanidad de dominar a los demás”.

Por otro lado, las próximas elecciones coinciden con el revés sufrido por el chavismo en la Corte Penal Internacional. El mes pasado, los jueces de La Haya han decidido de forma unánime desestimar la impugnación introducida el año pasado por el gobierno venezolano con el propósito de detener el proceso de investigación iniciado sobre la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en la última década bajo la administración de Maduro. Eso incluye detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El proceso que se inició el 3 de noviembre de 2021, después de que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran en 2018 una denuncia ante la instancia, continúa. La Cancillería venezolana calificó de infundada la decisión.

Sin embargo, defensores de derechos humanos han denunciado constantemente la impunidad que rodea a muchos de los casos relacionados con detenciones, torturas de presos políticos, asesinatos de manifestantes en los ciclos de protestas de los años 2014, 2017 y 2019. El panel de expertos de la OEA celebró la decisión de la Corte e instaron al fiscal Karim Khan para que incluya en su investigación “los crímenes más recientes cometidos en la escalada de persecución por motivos políticos, detenciones y desapariciones forzadas, de cara a las elecciones de 2024 y a incluir todos los perpetradores, incluidos los perpetradores estatales de alto nivel”.

Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia de Venezuela reportó que durante el mes de enero se produjeron 97 agresiones en contra de ONG. “El amedrentamiento y las agresiones registradas durante el primer mes del año evidencian la falta de protección para quienes defienden, exigen y promueven derechos y la inexistencia de entornos propicios y seguros para el ejercicio de su labor”, señala el reporte difundido. En 2023, esta organización contabilizó 524 ataques. A esto se agrega la pretensión de la Asamblea Nacional de aprobar una legislación para la fiscalización de las organizaciones sociales, que contempla multas de hasta 12 mil dólares a las entidades que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

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