Mal comienzo en la ONU

Tal y como vaticinaron algunos, el régimen de La Habana, con 135 votos a favor, obtuvo un puesto en el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH). Junto a Cuba resultaron electos países como China, Arabia Saudita, Rusia y Marruecos, reincidentes en la violación de los derechos fundamentales.

El alto número de votos entregados a la candidatura cubana (96 sufragios eran suficientes para entrar al organismo) da cuenta de la relatividad con que una mayoría de la Asamblea General asume el tema de los derechos humanos y de la falta de voluntad para denunciar las violaciones allí donde sucedieran, sin importar quién las comete o por qué.

Lo que se suponía iba a ser un primer acercamiento positivo en el largo y complicado proceso de reformas de la ONU, ha comenzado con mal paso. Con la presencia de potencias violadoras en su seno y la exclusión de candidatos de probada ejecutoria en favor de los derechos humanos, como Costa Rica, se puede predecir que la receta resultante del CDH será más de lo mismo, con respecto a la extinta Comisión de Ginebra.

El fácil sistema de elección de los miembros (por mayoría simple) y la complicada manera de expulsar a los violadores (mayoría de dos tercios) parece ser un mecanismo hecho a la medida de una red de Estados clientelares dispuestos a hacerse favores políticos mutuos para evitar ser condenados.

Por otra parte, el hecho de ajustar el CDH a una determinada cantidad de asientos por región, sin importar sus condiciones democráticas, augura la creación de un espectro viciado, en el que muchos países jugarán a ser juez y parte. Ningún tribunal serio del mundo daría voz a ladrones o criminales con tal de "intentar representar a todos". De la calidad democrática de los jueces depende la credibilidad del sistema.

En cualquier caso, y ante la inevitabilidad de los hechos, cabe plantearse la opción que maneja una parte de la disidencia interna: si no puede evitarse la inclusión de La Habana en el organismo internacional, sólo queda emplearse a fondo para que firme y ponga en práctica los protocolos internacionales en materia de derechos humanos, supuestamente obligatorios para cualquiera de sus miembros.

Lamentablemente, esta confirmación internacional del régimen sucede en un trance en que el número de presos políticos crece y los actos represivos contra la oposición son alarmantes.

Sin conocerse exactamente el modo de trabajo del nuevo Consejo, quizás sea demasiado pronto para hablar de fracaso; pero las primeras credenciales no presagian buenas cualidades.

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