Actualizado: 15/10/2019 9:25
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Grupo de los 75, Represión, Derechos humanos, Primavera Negra

El problema de fondo perdura

Aunque el gobierno ha excarcelado a los dos últimos opositores del Grupo de los 75 que permanecían en prisión, aún sigue vigente la ley que sirvió para condenarlos

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El régimen de Raúl Castro excarceló esta semana a los presos de conciencia Félix Navarro y José Daniel Ferrer, justo cuando han pasado ocho años de la ola represiva desatada en marzo de 2003 contra activistas de derechos humanos, sindicalistas, bibliotecarios y periodistas independientes, así como miembros de partidos de la oposición en la Isla.

Entre el 18 y el 23 de marzo de ese año, 75 disidentes fueron detenidos y condenados mediante juicios sumarísimos a penas de hasta 28 años de cárcel, en lo que se ha conocido como la Primavera Negra.

A raíz de estas detenciones, surgió la asociación Damas de Blanco, que reúne a esposas, madres, hijas, hermanas y otras familiares de los encarcelados. Desde la primavera de 2003, las Damas de Blanco marchan cada domingo por las calles de La Habana, camino a la iglesia de Santa Rita de Miramar. Llevando tan solo un lirio en la mano y vestidas de blanco, su movimiento ha tenido una repercusión sin precedentes en Cuba.

Desde julio de 2010, el gobierno de Raúl Castro inició la excarcelación de los integrantes del Grupo de los 75, cumpliendo un compromiso adquirido con la Iglesia Católica Cubana y el Gobierno español, mediadores en este proceso.

Sin embargo, estas excarcelaciones han venido acompañadas en muchos casos del destierro. La mayoría de los presos políticos han tenido que optar por el exilio, sobre todo en España y Estados Unidos. Solo unos pocos, que rechazaron marcharse de la Isla, han podido permanecer en el país, lo que ha supuesto su tardía liberación.

Amnistía Internacional denunció recientemente que los opositores han sido excarcelados bajo la figura de “licencia extrapenal”, por lo que podrían ser arrestados nuevamente si el gobierno así lo estima. Por esa razón, la organización ha pedido a las autoridades cubanas que “eliminen todas las condiciones a la liberación” de los presos políticos.

Durante estos ocho años, varias organizaciones de derechos humanos y defensoras de los periodistas han denunciado las terribles condiciones de encarcelamiento a que han estado sometidos los opositores presos, así como el deterioro de la salud de muchos de ellos.

La conclusión esencial de este proceso es que, aun cuando sean liberados todos los presos políticos que actualmente malviven en las cárceles cubanas, el problema de fondo no se ha modificado. La Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, aprobada el 16 de febrero de 1999 y que sirvió para condenar a todos los acusados de la Primavera Negra, no ha sido revocada.

Mientras la libertad de expresión y asociación, las elecciones libres y otros derechos humanos esenciales no sean una realidad en Cuba, cualquier ciudadano estará expuesto a la arbitrariedad acosadora o carcelaria del régimen. El gobierno de Raúl Castro, como antes el de Fidel Castro, no ha mostrado la más mínima intención de deponer su poder absoluto sobre la sociedad.


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