Actualizado: 25/04/2024 19:17
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Bolivia

El gobierno dice que no 'tolerará' la invasión de tierras y amenaza con 'acciones coercitivas'

Algunos seguidores del Movimiento Al Socialismo, el partido de Evo Morales, han sido acusados de alentar la toma de al menos cinco haciendas en la región de Santa Cruz.

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El gobierno boliviano advirtió que no "tolerará" la ocupación de haciendas y amenazó con "acciones coercitivas" en momentos en que su plan de redistribuir tierras se ha visto amenazado por presiones de empresarios y organizaciones campesinas, informó la AP.

"Vamos a iniciar acciones legales contra quienes estén ocupando tierras y, si es necesario, el gobierno utilizará mecanismos coercitivos para poner orden", declaró el jueves el vicepresidente, Álvaro García Linera.

No obstante, García Linera calificó de "mala señal" la decisión de organizaciones empresariales ligadas a la agroindustria de romper negociaciones con el gobierno que busca acuerdos con empresarios y campesinos antes de poner en marcha el plan agrario del presidente Evo Morales.

Más enérgico, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que no se permitirá "que algunos sectores (campesinos) en nombre del MAS invadan tierras privadas", a quienes advirtió que se usará la ley "para garantizar el orden público".

El Movimiento Al Socialismo (MAS) es el partido de Morales y algunos de sus seguidores han sido acusados de alentar la toma de al menos cinco haciendas en la región de Santa Cruz, en el oriente boliviano, lo que elevó las tensiones.

Quintana advirtió el jueves que si los invasores no abandonan las haciendas, serán desalojados por la fuerza.

El anuncio del gobierno de redistribuir hasta 4,5 millones de hectáreas de tierra entre campesinos pobres y comunidades indígenas puso en alerta a las organizaciones empresariales de tres regiones del oriente, donde grupos de campesinos denunciaron que hay latifundios improductivos.

La primera etapa del proyecto no establece confiscaciones de haciendas privadas, pero más adelante el plan podría afectar a latifundios no productivos que el gobierno se propone revertir al Estado, según anticiparon autoridades.

El anuncio ha puesto en alerta a la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) que acusó al gobierno de "provocar incertidumbre" con su anunciada reforma agraria.