¿Legalidad comunitaria?

Argumentos oscuros

El pretexto para invadir la casa propiedad del ex vicepresidente es que la comunidad pretende hacer allí un asilo de ancianos. Cárdenas responde a esta cuestión en la entrevista de
La Razón: "En el mundo aimara, los ancianos y ancianas nunca son encerrados en un asilo, deben vivir con sus familias hasta el último día de vida. Por eso, veo una mano negra, intereses oscuros que desconocen la cultura aimara y que están promoviendo esta actitud criminal. Si ellos quisieran destinar mi propiedad a otro fin, en la Constitución está la figura de la expropiación, que es perfectamente legal. El Congreso tiene que aprobar una ley, se hace una valoración de la propiedad y el Estado le paga a los dueños".

El presidente Evo Morales, por su parte, opinó que los ataques de los que ha sido objeto la casa y los familiares de Cárdenas son un asunto que el ex vicepresidente "tenía que resolver con su comunidad de acuerdo a usos y costumbres". "Yo no sé, es un asunto entre ellos", dijo Morales, sacudiéndose la responsabilidad de proteger a ciudadanos indefensos. Además, culpó al ex vicepresidente de haber provocado este odio por haber actuado contra el gobierno, criticando y hablando en contra de las autoridades.

Por su parte, el vicepresidente García Linera, adalid del racismo indigenista, declaró que Víctor Hugo Cárdenas debe preguntarse "qué daño habrá hecho a sus vecinos, a los pobladores, a las personas de su comunidad y de la provincia, para que lo repudien y se sientan distanciados de él y lo critiquen. Ese es un tema que el señor Cárdenas tiene que responder ante la historia". Luego insistió en que "la historia lo ha sancionado, lo ha castigado y las repercusiones de esos actos dañinos en contra de Bolivia repercuten hasta hoy".

El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, en un contacto telefónico con el diario La Razón, considera que los autores de los hechos "serían acusados por allanamiento a domicilio, por lesiones a los ocupantes del domicilio, amenazas de muerte, daño calificado —que es cuando destruyen las cosas del domicilio— y asociación delictuosa. Si esta gente tiene antecedentes de haber cometido estos actos irregulares, podríamos calificarlo como una organización criminal".

Muñeco ajusticiado

Según La Razón, el grupo comunitario "ponchos rojos" de la región del altiplano norte declaró "estado de sitio amuki" (silencio) en la región de Sank'ajawira, municipio de Huatajata, y otras poblaciones de la provincia Omasuyos —donde el sábado tuvo lugar la agresión contra la vivienda y los familiares de Cárdenas—, para asegurar que la casa del político ya fue expropiada por no cumplir la función social establecida en el artículo 54 de la nueva Constitución Política del Estado para convertirla en una "casa de ancianos".

Ante las tajantes y contundentes declaraciones de las máximas autoridades del Estado, el presidente y el vicepresidente, avalando los hechos, y la entrada en acción en el conflicto de los grupos de choque "ponchos rojos", es poco lo que puede hacer la ley. Ya en una ocasión Morales declaró que él tomaba las decisiones y luego llamaba a los abogados para que "compusieran la ley". La vulnerabilidad de la sociedad es un hecho consumado, como también la división radical entre las dos Bolivia. Como vemos en las agresiones al intelectual Cárdenas, el oficialismo no puede continuar afirmando que se trata de una ruptura entre "blancos racistas" e indígenas que buscan resarcirse de los "quinientos años de opresión".

Lejos de interceder para que se restaure el Estado de derecho, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUB) y de la Federación Departamental de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa —organizaciones aliadas al MAS— respaldaron la toma de la propiedad y las agresiones. Tras un cabildo abierto que tuvo lugar, los dirigentes de los nueve cantones del sector Lago Cordillera de la provincia Omasuyos, al que pertenece Sankajahuira, donde está situada la residencia de Cárdenas, decidieron ratificar la expulsión del ex vicepresidente del pueblo, así como la toma de su vivienda, porque, dijeron, fue adquirida "de forma ilegal".

Acto seguido, la "justicia comunitaria" actuó de forma simbólica, por ahora, mediante el ajusticiamiento de un muñeco de trapo representando a Víctor Hugo Cárdenas. Sentado en una silla, en el centro de la plaza del pueblo, el político fue juzgado y golpeado duramente con un látigo hasta que cayó al suelo "muerto".

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