Cómo, cuándo, dónde: los límites de las «devoluciones» de Maduro

El gobierno de Nicolás Maduro ha emprendido la devolución de fincas, inmuebles y propiedades, Es cierto, pero —siempre hay un pero— no hay que deducir de ello un cambio fundamental en la política y la economía (¿?) de su mandato, por lo menos de momento. Más bien una táctica de momento y un intento de salir de un entuerto heredado.

En primer lugar, no se contempla otorgar indemnizaciones o pagos de compensación a los afectados.

En segundo lugar, lo que se busca es el regreso de los dueños a fincas que hoy se encuentran destruidas por la errónea administración, o falta de administración, estatal, un proceso de deterioro que se inició durante el gobierno de Hugo Chávez.

En tercer lugar, el gobierno de Maduro —en este caso no tiene sentido hablar de Estado venezolano— se reserva el papel de “dueño” o “heredero” de propiedades que nunca adquirió, como es el caso de las 13 empresas de alimentos que fueron nacionalizadas por Chávez en Venezuela y están siendo operadas por compañías privadas, que pagan una partida al régimen bajo el formato de arriendo o de “alianzas estratégicas”, a fin de administrarlas.

O sea, que se trata de un plan con algunas similitudes al que desde hace años se lleva a cabo, con lentitud agobiante en Cuba: pasar a manos privadas algunos renglones económicos marcados por la deficiencia y la incapacidad gubernamental para ponerlos en marcha. Aunque hay una gran diferencia: en Cuba no se han devuelvo —ni el régimen parece pensar en hacerlo después de tanto tiempo— propiedades ni dado marcha atrás a la nacionalización de extensiones agrícolas o empresas; simplemente se ha abierto la posibilidad —aunque en algunos casos con muchas restricciones— de ejercer una producción privada (que por otra parte hasta elude el nombre como tal) prohibida durante décadas.

Así y todo, el proceso se lleva a cabo sin grandes anuncios. La decisión comprende una lista de propiedades y empresas, en las que, de momento, destacan fincas y hatos vinculados a la producción agraria, aunque también hay hoteles e industrias.

Uno de los sitios de mayor notoriedad es el Centro Comercial Sambil, perteneciente a la poderosa familia árabe Cohen, que llevaba meses en negociaciones secretas con el gobierno venezolano.

Los ministros del área económica y comercial, con la autorización de Maduro, conducen el cronograma de entregas, desarrollado con objeciones y resistencias en el sector chavista.

En el área agraria, el gobierno de Maduro y los empresarios discuten la devolución de bienes expropiados a sus dueños originales, como hatos El Rodeo, ubicado en el estado Guárico, de 3.600 hectáreas.

Además, el Hato Las Mercedes, en Barinas, con 14.000 hectáreas; el Fundo San Roque, en el estado Zulia, de 176 hectáreas y la Escuela Agronómica Salesiana San José, en Barinas, de 1.800 hectáreas.

También el Fundo San Antonio, en el estado Yaracuy, de 1.200 hectáreas; el Fundo Buena Esperanza, en el Zulia, de 900 hectáreas y el Hato Cristo/El Trébol, en el Estado Mérida, de 530 hectáreas.

Destacan, además, el Fundo San Felipe, en el estado Zulia, de 275 hectáreas; la Hacienda Bolívar, en el estado Zulia, de 4.000 hectáreas o el Hato El Zamuro, en el Estado Portuguesa, de 6.200 hectáreas.

Los funcionarios del gobierno venezolano realizan diversas proposiciones a los dueños expropiados de compañías e industrias manufactureras, la empresa de agroquímicos y servicios AgroIsleña, Aceites Diana; la siderúrgica Sivensa. Pero, a diferencia de lo que sucede con las haciendas, el ofrecimiento es recibido con incredulidad y renuencia.

Chávez inició una ola de estatizaciones, expropiaciones, tomas y “rescates” de tierras en Venezuela, con el supuesto objetivo de “hacer justicia social y redistribuir la riqueza”, según sus palabras, que llegó a su cumple en los años 2010 y 2011, poco antes de que enfermara mortalmente. En el archivo de Cuaderno de Cuba aparecen diversos textos que dan cuenta de lo disparatado de aquel proceso.

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