Diputados crean alianza para la defensa de “presos políticos” de América Latina

Diputados de siete países de América Latina presentaron este martes la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), una plataforma para la defensa de la democracia y los derechos humanos, que hará hincapié en denunciar la situación de los “presos políticos” de la región.

Representantes parlamentarios de oposición de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela firmaron este martes la Declaración de Caracas que deja constituida la plataforma, en la que también participan diputados de Argentina, Chile y Uruguay, y a la que los promotores esperan que se unan legisladores de otros países.

“Esta alianza va a constituir un espacio de trabajo que aquí y ahora pueda representar ante los organismos internacionales y al interior de nuestros países los problemas que estamos viviendo”, señaló en rueda de prensa el coordinador general de la APDA, Adrián Oliva, del partido boliviano Convergencia Nacional (derecha).

Para Oliva, la nueva alianza va hacer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Convención Americana de los Derechos Humanos sean “instrumentos esenciales que deban cumplirse de forma irrestricta” en todos los países.

Por su parte, la diputada venezolana del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) Delsa Solórzano, del conservador Un Nuevo Tiempo (UNT), indicó que la plataforma no es “un grupo ideológico”, sino una agrupación de “gente que cree firmemente en la democracia y en la defensa de los derechos humanos”.

Solórzano destacó la coincidencia del acto fundacional con el primer aniversario de la detención del venezolano Alejandro Peña Esclusa, cuyo rostro figuraba en un gran cartel en la rueda de prensa donde se leía “Liberen a Peña Esclusa”.

El opositor radical, al que sectores contrarios al Gobierno venezolano consideran un preso político, está recluido desde hace un año en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a la espera de juicio, después de que se encontrara casi un kilo de explosivo plástico C-4 y varios detonadores en su casa.

El Gobierno venezolano acusa a Peña Esclusa de terrorismo y lo vincula con el exagente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) Luis Posada Carriles, acusado de terrorismo por Caracas y La Habana por la voladura de un avión cubano con 73 pasajeros en 1976.

Las autoridades venezolanas también relacionan a Peña Esclusa con el golpe de Estado que derrocó brevemente a Chávez en abril de 2002.

Su esposa, Indira Ramírez de Peña, estuvo presente en el acto junto a otros familiares de los calificados como “presos políticos”, como el hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, Nelson Afiuni.

“Yo creo que ellos están haciendo lo correcto, un espacio especial para los derechos humanos mancomunado entre diferentes países era urgente y necesario, y estoy completamente segura de que ahora sí vamos a tener unos avances importantes”, subrayó en declaraciones a EFE la esposa de Peña Esclusa.

Ramírez reiteró, además, sus demandas de que la Justicia venezolana levante la privación de libertad de su marido, para el que sigue sin programarse un juicio.

Venezuela es, según Solórzano, el país de la región con una situación de persecución política “más grave”, al asegurar que hay 21 presos políticos, además de los “más de 3.000 perseguidos políticos”, muchos de los cuales se han exiliado.

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