El gobierno abre la posibilidad de conocer la suerte de miles de desaparecidos

El anuncio del presidente de Guatemala, Álvaro Colom, de hacer públicos los archivos militares, abre la posibilidad de conocer la suerte de miles de guatemaltecos desaparecidos durante la guerra interna que padeció el país centroamericano, informó EFE.

En ocasión del Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de la Guerra, Colom aseguró que cuenta con el "apoyo político" de la cúpula del Ejército guatemalteco para desclasificar los archivos de esa institución.

"Vamos a hacer públicos todos los archivos del Ejército (...) para que se conozca la verdad y de una vez por todas podamos construir sobre la verdad y la justicia", señaló el gobernante.

Organizaciones locales de derechos humanos sostienen que los archivos militares, que fueron considerados "secreto de Estado" por los gobiernos anteriores y la jerarquía castrense, contienen "valiosa" información para conocer "la lógica de la guerra" y los argumentos del Ejército para "arrasar" a miles de personas durante la guerra interna.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que investigó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil, en ese período (1960-1996) hubo más de 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos.

El informe de esa comisión, auspiciada por las Naciones Unidas y presentado el 25 de febrero de 1998, responsabilizó a las Fuerzas Armadas del 95 por ciento de esos hechos.

Aplausos, reservas y críticas

Carmen Aída Ibarra, analista de la Fundación Myrna Mack, celebró el anuncio del Gobierno, pero señaló que hay que esperar a que las palabras del mandatario se hagan realidad.

"Vamos a esperar que se concrete el anuncio del presidente, porque el Ejército ha manejado los archivos como 'secreto militar'" y seguramente habrá oposición a lo interno para que sean desclasificados, señaló Ibarra.

Indicó que la decisión de Colom "es espectacular y muy buena", pero aclaró que "antes de aplaudir hay que esperar a que se concrete" porque sería un acto sin precedentes que serviría para el esclarecimiento de los miles de casos de violaciones a los derechos humanos.

Intentos anteriores de organizaciones de derechos humanos por conseguir tener acceso a esos archivos se han visto frustrados por acciones judiciales promovidas por militares que han sido procesados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra.

Bajo el argumento de que la información contenida en esos documentos son "secretos de Estado", los militares se han negado a brindar cualquier tipo de información relacionada con esos archivos.

El abogado Fernando Linares, defensor del general golpista Óscar Mejía Victores, acusado de genocidio ante la Audiencia de España, calificó de "ilegal" la decisión de presidente.

"Es un acto inconstitucional y denota desconocimiento del presidente Colom porque la Constitución lo prohíbe", aseguró Linares, para quien la medida lo que persigue es debilitar la fuerza política del Ejército.

Según Linares, lo que Colom busca con este anuncio es "complacer a los políticos de izquierda que tiene en el gobierno", pero advirtió que Colom puede sufrir por ello un desgaste legal y político.

Por su parte, el general retirado, ex candidato presidencial y líder del opositor Partido Patriota, Otto Pérez Molina, opinó que la medida anunciada por el mandatario es "política" y dijo esperar "que no sea para neutralizar a la oposición".

Pérez dijo que el gobierno debe ser "muy cuidadoso" y no generar falsas expectativas, porque en los archivos del Ejército "no van a encontrar órdenes de que se asesinara a alguien porque nunca existió".

Según el militar retirado, en los archivos existen documentos de logística y de operativos, pero "no hay pruebas que sirvan para enjuiciar a alguien. Es una medida que genera expectativas que se van a convertir en frustración", afirmó Pérez.

Colom no precisó fechas para iniciar el proceso, ni si el mismo tendrá algún tipo de limitaciones, pero advirtió que antes de hacer públicos los archivos militares, solventará "las trabas legales" que en el pasado han impedido a las organizaciones humanitarias conocer el contenido de los documentos.

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