Micheletti restringe las libertades civiles y amenaza a la embajada de Brasil
El gobierno de facto de Honduras endureció su posición este domingo con un decreto que restringe libertades públicas, horas después de rechazar una misión de la OEA y advertir a Brasil sobre el fin del estatuto diplomático para su embajada, donde se refugia el depuesto presidente Manuel Zelaya, informó la AFP.
El régimen de facto anunció en cadena nacional de radio y televisión la firma de un decreto que autoriza el cierre de medios de comunicación, la disolución de reuniones no autorizadas y otras restricciones a las libertades públicas.
El decreto autoriza "impedir la emisión por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público", o que contra "a dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales".
La institución estatal encargada de las telecomunicaciones, Hondutel, "queda autorizada para suspender cualquier radioemisora, canal de televisión o compañía de cable que no cumpla con estas disposiciones", señala el decreto.
Las medidas tendrían una vigencia de 45 días a partir de su aprobación legislativa.
Más temprano, cinco miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron "detenidos" seis horas tras su llegada al aeropuerto de Tegucigalpa y cuatro de ellos fueron expulsados, declaró a AFP el único integrante del equipo que permaneció en Honduras, el chileno John Biehl.
Uno fue deportado a Estados Unidos y otros tres llegaron horas después a Costa Rica.
La acción fue condenada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza: "Acciones como la adoptada hoy (domingo) por las autoridades hondureñas del régimen de facto dificultan seriamente los esfuerzos por promover la tranquilidad social en Honduras y la búsqueda de soluciones", dijo por medio de un comunicado emitido en Washington.
La OEA había anunciado el envío de una misión preparatoria para efectuar una mediación que buscaría poner fin a la crisis política que opone al gobierno de facto de Roberto Micheletti y a Zelaya.
El canciller del gobierno de facto, Carlos López Contreras, justificó la medida diciendo que los funcionarios de la OEA "cayeron un poco de sorpresa" y aseguró que éstos habían sido advertidos de que no iban a ser aceptados en Honduras, porque "no era el momento procesal" para su llegada al país.
Por otra parte, López Contreras aclaró que la sede diplomática de Brasil sería despojada de su estatuto diplomático en diez días, si no define la situación de Zelaya, que se encuentra refugiado desde el lunes pasado en esa legación.
El funcionario dijo que se trata de "una medida de reciprocidad", ya que Brasil desconoció a los representantes hondureños en Brasilia hace varias semanas y porque la sede brasileña en Tegucigalpa está siendo utilizada por Zelaya para hacer llamados a la violencia y la insurrección.
Sin embargo, López Contreras aseguró que "por cortesía" y por "civilidad", el gobierno mantiene su palabra de que no intentará desalojar el edificio ni atentar contra las personas que se encuentran en su interior, incluyendo a Zelaya y a unos 60 de sus seguidores.
El sábado, la cancillería había fijado el plazo a Brasil advirtiendo de que adoptaría medidas de conformidad con el derecho internacional, pero sin definir tales medidas.
En tanto, Zelaya llamó a sus seguidores a lanzar una "ofensiva final" contra el gobierno de facto y para lograr el restablecimiento del orden constitucional.
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, respondió al ultimátum del gobierno interino de Micheletti diciendo que Zelaya es huésped en su embajada y puede quedarse el tiempo que quiera.
"Brasil no tolerará un ultimátum de un gobierno golpista", dijo Lula a periodistas tras acudir a una cumbre América del Sur-África en isla de Margarita, en el caribe venezolano.
"Si entran por la fuerza, estarán cometiendo un acto que rompe las normas internacionales", agregó.
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