¿Por qué los nicaragüenses han esperado tanto?

Un nuevo estadio nacional, un moderno hospital general, complejos de oficinas y centros comerciales. Hace apenas pocos años estas edificaciones, diseminadas por todos los puntos cardinales de Managua, eran testimonios palpables del buen momento económico por el que atravesaba el segundo país más pobre del hemisferio.

Pero esos focos de desarrollo no obedecían a la capacidad productiva del país o la buena gestión de sus gobernantes. La bonanza económica nicaragüense tenía un nombre y apellido: Hugo Chávez.

Evaluar el impacto de aquellos diez años de cooperación bolivariana con Nicaragua no es fácil. Seguir el rastro de todo el dinero facilitado por Venezuela hasta 2016 tampoco.

Pero aún puede verse la huella de Chávez en el país.

El Centro Deportivo Comandante Hugo Rafael Chávez Frías de la colonia 14 de Septiembre, en el este de Managua, es uno de esos ejemplos de la multiplicación de infraestructuras impulsada por el Frente Sandinista desde su regreso al poder en enero de 2007.

Bajo los términos de un generoso acuerdo suscrito entre el gobierno sandinista y el que en su momento presidía Hugo Chávez, Nicaragua obtuvo un plazo de 25 años para pagar la mitad de todo el petróleo importado desde Venezuela, a una tasa de interés de nada más el 2 %.

Esto liberó abundantes recursos: más de $3.654 millones entre 2007 y 2016, según cifras oficiales; calderilla para una economía como la venezolana, pero más de tres veces el valor de las exportaciones nicaragüenses durante el primer año del gobierno de Daniel Ortega.

El apoyo de Chávez a Ortega fue clave para la cómoda reelección del presidente sandinista.

No es el único factor, pero el esquema de cooperación —que ha sido manejado como deuda privada y por lo tanto está libre de las restricciones y controles de los recursos presupuestarios— ciertamente fue clave para la reelección del líder sandinista en 2011 y 2016.

La reelección de Daniel Ortega, el sandinista que ayudó a derrocar a los Somoza y reelegido en un tercer mandato para gobernar Nicaragua por más tiempo que cualquiera de ellos

Además de financiar numerosas inversiones, el dinero generado por los créditos petroleros venezolanos ayudó a mantener programas sociales por casi ocho años.

Gracias a Chávez, y al incremento en los precios de las materias primas del que también se benefició Nicaragua, el país logró una tasa de crecimiento muy superior al del resto de Latinoamérica, con un 4,8 % en los últimos cinco o seis años.

Ello explica que durante ese tiempo —y que por encima incluso de lo que ya estaba ocurriendo en Venezuela— el gran empresariado nicaragüense mantuviera excelentes relaciones con las autoridades de un gobierno que se autoproclama revolucionario y socialista, además de cristiano y solidario.

La cooperación petrolera sobrevivió a Chávez, pero no a la crisis económica venezolana.

Así, cuando en 2016 la economía venezolana comenzó su contracción con un impresionante 18 %, la nicaragüense creció en un 4,7 %, según las cifras del FMI.

Sin embargo, aunque con cierta demora, como es lógico la situación venezolana ha terminado por afectar a Nicaragua. La crisis en Venezuela significó la renegociación de la cooperación petrolera en 2016, y en su interrupción en la práctica en 2017.

El impacto mayor que ha tenido la eliminación de la generosa “ayuda” venezolana ha recaído en los programas sociales, que han pasado a tener que ser financiados con fondos del presupuesto general de la republica y se han visto obligados a reducir el número de beneficiarios o han sido cancelados.

Las causas del problema radican en que la naturaleza asistencialista de la mayoría las iniciativas financiadas con el dinero venezolano las hacían útiles para ganar elecciones, pero no para lograr una reducción sostenible de la pobreza en un país que, con un PIB per cápita de nada más $2.151 sigue siendo el segundo más pobre del hemisferio.

“En Nicaragua se ha reducido la pobreza. La discusión eterna aquí es si se redujo mucho o se redujo poco, pero sin duda ha habido una reducción de la pobreza”, le dijo a BBC Mundo Juan Sebastián Chamorro en 2017.

“Sin embargo, esta reducción se ha traducido en gente que pasó de ‘pobre’ a ‘vulnerable’, y estos vulnerables son personas que pueden volver a caer en la pobreza si no tienen un empleo permanente, lo que significa que la situación no está completamente resuelta”, explicó entonces.

La otra cuestión clave en el asunto es cuán correctamente se aprovecharon las ventajas que brindo Chávez al Gobierno sandinista, o incluso si ha existido una malversación de fondos.

El periodista Octavio Enríquez no ha dejado de seguir el rastro de los dineros de Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANISA), la empresa creada para administrar la cooperación petrolera venezolana.

“Ese dinero significó casi $500 millones anuales, en promedio, fuera del presupuesto. Como periodista el tema me es atractivo porque se trata de recursos extrapresupuestarios que ningún presidente y ningún gobierno había tenido antes a la mano”, le dice Enríquez a BBC Mundo.

“Pero seguirle la pista ha sido difícil precisamente por eso, porque no había ninguna institución interesada en fiscalizarlo —pues aquí todos los poderes del Estado están controlados por el ejecutivo— y, tal vez lo más interesante, porque su manejo es un manejo familiar”, agrega el ex periodista de la revista Confidencial, del diario La Prensa.

Según Enríquez, la familia gobernante ha utilizado el esquema de cooperación de Venezuela para capitalizar sus empresas, las de sus allegados, y otras en las que los límites entre lo público y lo privado se difuminan en beneficio de los Ortega o el partido de gobierno.

Un ejemplo serían las tres estaciones televisivas actualmente manejadas por hijos de Ortega y la cadena de gasolineras vinculada a la esposa de otro. Pero, según Enríquez, esa solo sería la punta del iceberg.

“Cada uno tiene su esfera de negocios. Vos ves ahí que en Chávez tenían al tío rico y aprovecharon su dinero para capitalizar sus negocios, y eso creó una nueva clase social en el país”, le dice a BBC Mundo.

Hasta ahora existía la impresión que muchos simpatizantes sandinistas simplemente no creían en estos señalamientos, mientras que a otros el tema simplemente parecía no importarles.

La ausencia de conflictos entre el gobierno y la empresa privada; el amodorramiento de los tradicionales sectores de apoyo del sandinismo y la existencia de programas sociales financiados desde el exterior han posibilitado, junto a otros factores, la permanencia de Ortega y su esposa en el poder.

Pero ahora la situación ha cambiado, no solo desde el punto de vista económico sino social y político. Los factores señalados anteriormente ayudan a comprender como las protestas iniciales, llevadas a cabo en su mayoría por estudiantes, han contado con el apoyo de quienes viven en los barrios que tradicionalmente han apoyado el sandinismo y han llevado a lo que podría ser una participación más activa en el destino nacional de otros grupos integrantes de la estructura social.

La marcha convocada por los empresarios el lunes marcó una separación de ese sector con el gobierno de Ortega.

Que el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (COSEP) fuera uno de los convocantes de la gran marcha del lunes en la que participaron miles de nicaragüenses para protestar contra el gobierno de Daniel Ortega dice mucho de la situación política en el país.

Lo primero, pone en evidencia una gran fisura en las buenas relaciones de Ortega con los empresarios, que en la última década habían sido sus aliados, según señalan algunos analistas consultados por BBC Mundo.

En el comunicado en el que la COSEP llamó a la marcha de este lunes, se pedía el cese de la represión policial, liberar a los detenidos y garantizar la libertad de prensa.

“La marcha fue multitudinaria, la gran mayoría eran jóvenes, pero la sociedad en general acompaña este movimiento social”, dice a BBC Mundo Óscar René Vargas, analista político nicaragüense.

“En 2006, Ortega ganó las elecciones con una diferencia muy pequeña y supo que tenía que aliarse con los empresarios, con los que en los 80 no había tenido una muy buena relación”, explica a BBC Mundo Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).

Según Maradiaga, la administración de Ortega y el COSEP tuvieron un “matrimonio” que se plasmó en la Alianza Público Privada, un acuerdo por el que los empresarios tuvieron representantes asesorando al gobierno.

“Claro que Ortega podía operar con los más de $600 millones anuales de ayuda venezolana que le permitían darle al sector privado concesiones y contratos, por ejemplo, de construcción”, cuenta.

Maradiaga dice que las reformas al sistema de la seguridad social fueron solo “la gota que derramó el vaso”.

Según él, en Nicaragua había ya una “indignación acumulada”, que había estado fuera del radar internacional.

“En las calles ahora mismo poco se habla de las reformas a las pensiones. El enojo viene creciendo desde hace tiempo, con elecciones fraudulentas, violaciones a los derechos humanos y corrupción”, explica.

Maradiaga considera que el sector privado ya no puede regresar a su relación anterior con Ortega porque “sabe que le costaría muy caro y es un modelo que no funciona”.

Asegura que son varios los factores principales por los que esta ruptura podría ser definitiva.

Por un lado, que Ortega aprobara las reformas sin el COSEP, por lo que los empresarios consideran que deshonró los acuerdos que tenía con ellos.

También, se trataría de una cuestión de imagen, ya que el Gobierno ha perdido el favor de la opinión pública aceleradamente en los últimos días.

Al enfrentamiento entre el Gobierno y los empresarios, se suman las críticas de la Iglesia Católica. Una parte de ella se ha mantenido cercana, o poco crítica, al Ejecutivo de Ortega en la última década.

Pero el viernes pasado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua demandó en un comunicado que el Gobierno derogara las reformas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Aunque los analistas explican que la Iglesia no tiene una postura en bloque, varios obispos se han mostrado cada vez más críticos con el Gobierno de Ortega, quien, en 2005, en un guiño simbólico a la jerarquía eclesiástica, se casó en una ceremonia religiosa.

También, como concesión a la Iglesia y a los partidos más conservadores, derogó en 2006 un artículo en el código penal de más de 100 años de antigüedad, que permitía la interrupción del embarazo bajo ciertas circunstancias.

En los últimos días, desde la Iglesia, el más crítico del gobierno ha sido Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua.

“No veo condiciones para ningún diálogo con el Gobierno de Nicaragua. Hay que detener la represión, liberar a los jóvenes presos, restituir la transmisión del canal 100 % Noticias y discutir la democratización del país con todos los sectores del país”, dijo en un mensaje en Twitter.

Desde el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, Jacinto Suárez, encargado de relaciones internacionales, dice que no hay ruptura entre el gobierno y la iglesia y los empresarios.

Suárez destaca que “las manifestaciones han ido amainando en los últimos días”.

“Las cosas van volviendo a la normalidad, la de los empresarios fue una marcha pacífica”, señala en declaraciones a BBC Mundo.

“Este país ya tuvo mucha guerra y la gente ya no quiere más problemas. Se ha dado cuenta que, si la revuelta sigue, el pueblo también sufrirá, por ejemplo, con la marcha la inversión extranjera”, dice.

Sin embargo, en la marcha muchos pidieron la salida de Ortega del Gobierno. “No al diálogo con los asesinos”, decían algunas pancartas.

“El nivel de indignación es muy alto, hay muchos, sobre todo los estudiantes, que no van a aceptar una reparación cosmética”, asegura el director del IEEPP.

En el medio, hay algunos como el periodista Ismael López, exeditor de política en el diario La Prensa, que dice que “todavía no hay una ruptura como tal con el sector privado”.

“Creo que hay fricción, pero todavía se puede arreglar”.

La respuesta dependerá en buena medida de cómo se maneje la crisis en los próximos días.

Por su parte, la prensa oficial cubana ha omitido cualquier análisis de la situación nicaragüense, limitado la información sobre la reforma de las pensiones y enfatizado la marcha atrás al respecto de Ortega, al tiempo que tildado de vándalos a quienes protestan.

“Ambulancias, centros hospitalarios, clínicas, comercios, autos, instituciones gubernamentales, viviendas familiares y espacios públicos han sido objeto en los últimos días de ataques, saqueos y agresiones por parte de los vándalos, según pudo constatar Prensa Latina”, señala una nota en la prensa cubana.

“Arropados por una protesta contra reformas al seguro social, los delincuentes, acorde con el Gobierno, son azuzados por determinados grupos de la derecha que buscan obtener rédito político mediante la inestabilidad, el desabastecimiento y la escasez de alimentos para la población”, de acuerdo a Juventud Rebelde.

En cualquier caso, más allá de posibles similitudes y grandes diferencias, la situación en Nicaragua ha sorprendido a más de uno en estos días de cambio de presidencia en Cuba.

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