El juez de inmigración William Lee Abbott (El Paso, Texas) acaba de poner a Luis Posada Carriles, de 77 años, bajo el amparo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, 1984), que prohíbe "la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura" (Artículo 3).

Abbott concluyó que Posada "probablemente sería sometido a tortura si es enviado a Venezuela", tras examinar informes del gobierno estadounidense y organizaciones no gubernamentales, así como el testimonio del abogado venezolano Joaquín Chaffardet. Este fallo significa que Posada no será deportado por ahora, pero la Casa Blanca podría buscar otro país adonde enviarlo.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) tiene 33 días para recurrir la decisión de Abbott ante el Tribunal de Apelaciones de Inmigración (Virginia). Entretanto, Posada permanecerá en el Centro de Detención (El Paso), aunque sus abogados anunciaron que solicitarán liberarlo dentro de 90 días, por razones humanitarias y con apoyo en el precedente judicial que proscribe la detención indefinida ( Zadvydas contra Davis, 2001).

La sentencia del juez de inmigración no interrumpe ni cancela el proceso de extradición incoado por el gobierno de Venezuela en el Departamento de Justicia. El embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, ya reclamó llevar cuanto antes el caso a un juez federal. Así cabe todavía la posibilidad de que extraditen a Posada, pero el fallo por el lado migratorio y el trámite demorado por el lado jurídico-penal han reforzado las tensiones entre Venezuela y EE UU.

Para retorcer el CAT (1984) contra Posada, Caracas había sacado de la manga hasta la carta periodística de un tal Jesús Moreno, quien denunció haber sido torturado como preso político en 1973 por aquél. Esta movida no surtió efecto judicial y Hugo Chávez terminó calificando de "cínica" la decisión de Abbott y contraponiendo los casos de torturas reportados en la Base Naval de Guantánamo y la cárcel iraquí de Abu Ghraib.

El peso de las acusaciones por actos terroristas quebraba ya la tabla inicial de asilo, que Posada soltó enseguida para coger el salvavidas del CAT. No podrá obtener jamás residencia permanente ni ciudadanía en EE UU, pero al menos no sería expulsado y al cabo saldría en libertad. El mismo peso provoca tensiones entre la política genérica de Washington contra el terrorismo y su política específica contra Castro. Aunque el abogado de Posada, Eduardo Soto, declaró a The Miami Herald que su cliente "fue absuelto dos veces en Venezuela", esta excepción de cosa juzgada no puede sostenerse para impedir la extradición.

El caso Barbados

Los ciudadanos venezolanos Freddy Lugo y Hernán Ricardo abordaron el 6 de octubre de 1976 un avión DC-8 de Cubana de Aviación en Trinidad y Tobago, colocaron un explosivo C-4 en el baño trasero y se bajaron en Barbados. A poco de despegar estalló el aparato y sus 73 ocupantes murieron. La policía de Barbados arrestó a Lugo y Ricardo, quienes confesaron e implicaron a los exiliados cubanos Posada y Orlando Bosch.

Ambos fueron detenidos en Caracas. El 25 de agosto de 1977, la jueza venezolana Delia Estava remitió la causa a un tribunal militar y los cuatro fueron absueltos, pero este fallo se revocó en apelación: los acusados eran "civiles y los delitos que se les imputan [estaban] previstos en el código penal (no en el militar)". Así que un nuevo juicio discurrió ante el Décimo Tribunal Superior (Miranda).

La víspera de su sentencia (agosto 8, 1985), Posada se fugó de la prisión de San Juan de los Morros (Guárico). Puesto que la ley venezolana no admitía dictar sentencia en rebeldía, el tribunal se limitó a ordenar su arresto. Lugo y Ricardo fueron hallados culpables el 21 de julio de 1986 y condenados a 20 años. Bosch fue absuelto. La periodista cubana Rosa Miriam Elizalde y su esposo, el abogado americano José Pertierra, dicen que "misteriosamente".

Al parecer no queda otra forma racional de aclarar el misterio del otro acusado que sometiéndolo a juicio imparcial. Venezuela tiene causa probable contra Posada, como persona fugitiva de su justicia y, por tanto, extraditable según el tratado bilateral con EE UU. Si llenaran los requisitos procesales, familiares de las víctimas del atentado contra el vuelo 455 de Cubana de Aviación o de otros actos criminales atribuidos a Posada podrían entablar juicio dentro del territorio estadounidense.

Sería mejor fijar la verdad judicial ahora, que conformarse con la verdad histórica posterior. Ésta tratará siempre de presentarse como lo que pasó, pero nunca podrá ir más allá de lo que contarán que pasó.

Antes de ser apresado por agentes del DHS, bajo cargos de "entrada sin inspección" (Miami, mayo 17, 2005), Posada negó haber intervenido en la "abominable" voladura del avión de Barbados y prefirió dejar "a la historia" su participación en los atentados con bombas contra instalaciones turísticas en La Habana (1997), que dejaron un muerto (Fabio DiCelmo) y varios heridos. A este último respecto había declarado lo contrario cuando fue entrevistado en Aruba por Ann Louise Bardach ( The New York Times, julio 12 de 1998).

Pese a la nota de la CIA (junio 22, 1976) sobre grupos extremistas de exiliados cubanos con planes de volar un avión, los testimonios del finado Ricardo Morales (alias El Mono) acerca de reuniones de complotados en el Hotel Anauco Milton (Caracas) y la declaración de Secundino Carrera: "la voladura y las muertes resultantes están totalmente justificadas, porque la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU) está en guerra contra el régimen de Castro", no se ha esclarecido aún, por ejemplo, qué quiso decir El Mono cuando refirió, según informe del FBI fechado el 2 de noviembre de 1976, que "gente del gobierno venezolano estaban involucrados en la voladura del avión y si Posada hablaba, muchos saldrían por el techo [y] tendrían su propio Watergate".

¿Según el lado desde el cual se mire?

Pero las tensiones más agudas traen su causa última de que cada bando considera los medios para lograr el fin propio como asentados en sólido fundamento moral. Para Castro, Posada es "el más famoso y cruel terrorista del Hemisferio Occidental"; la pareja cubanoamericana Elizalde-Pertierra pone su acento lírico: "es el Osama Bin Laden de Latinoamérica".

Para la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses, Posada es "un combatiente anticastrista". No sorprende que Prensa Latina comente la reciente caída del "líder independentista puertorriqueño" Filiberto Ojeda, mientras el FBI registra la muerte de otro terrorista clandestino. Tampoco puede olvidarse que Cicerón exageró el peligro que representaba Catilina para glorificarse como salvador de la patria y al mismo tiempo multiplicar sus propios abusos.

En un memorando interno de la agencia Reuters, su redactor jefe precisó: "Todos sabemos que para unos es terrorista lo que para otros es combatiente por la libertad". En uno de sus famosos vídeos, Bin Laden recalca: "Hay dos tipos de terror. Uno bueno y uno malo. El que practicamos nosotros es terror bueno". Asimismo aparece en el Diario de Bolivia del Che Guevara: "Ahora viene una etapa en la que el terror sobre los campesinos se ejercerá desde ambas partes, aunque con calidades diferentes: nuestro triunfo significará el cambio cualitativo necesario para su salto en el desarrollo" (Resumen de mayo, 1967).

La única solución a la vista es una definición universal de terrorismo "que ofrezca claridad moral y establezca que mutilar y matar civiles es inaceptable", como urgió el secretario general de la ONU el 25 de julio de 2005. La Declaración de Naciones Unidas sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional (1994) tachó ya de injustificables, en cualesquiera circunstancias, "los actos criminales concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas". No se ha logrado consenso porque la Conferencia Islámica rehúsa "cualquier intento de asociar el terrorismo con la lucha del pueblo palestino en el ejercicio de su derecho inalienable de establecer un Estado independiente con Jerusalén como capital" ( International Herald Tribune, abril 3, 2002).

Así como el juez Abbott argumentó que nadie, "no importa cuál sea su pasado, será deportado a un país donde exista una clara probabilidad de tortura", tampoco nadie podrá seguir abroquelándose con el viejo escudo jesuita de que el fin justifica los medios.

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