En los últimos meses se ha profundizado la crisis estructural que aqueja en plenitud a la sociedad cubana. Crisis esta que hace más complejo el presente y compromete el futuro de la nación. Además de trascender con mucho los límites de las enormes carencias y desquiciamientos materiales que agobian sin remedio la vida diaria de los ciudadanos en la Isla.

La esencia de la crisis en sí misma y su, hasta ahora, imprevisible solución, pasa por los diseños políticos —a todas luces voluntaristas e irresponsables— de los gobernantes. Para estos, el imperativo de mantener el poder y los controles que lo sustentan, se divorcia definitivamente de las necesidades, potencialidades y derechos fundamentales de los ciudadanos.

La renovada proyección populista asentada en una intensa ofensiva mediática, intenta sustituir el publicitado andamiaje de la "Batalla de Ideas". Esta embestida ideológica, al parecer, fue liquidada por un conato de corrupción en las alturas, no reconocido oficialmente, pero que ha desplazado súbitamente del centro de la atención y de influencia política a los elementos más representativos de esa élite juvenil encumbrada por el alto liderazgo.

Las máximas autoridades del país desatienden raigales problemas económicos y sociales que golpean a la población con intensidad casi endémica. Entre estos males, destacan el altísimo nivel del costo de la vida, con su secuela de extendida indefensión económica para amplios sectores de la población así como la muy preocupante desvalorización del trabajo; la escasez de viviendas, agravada en los últimos años por la insuficiente respuesta oficial a los daños ocasionados por huracanes y ciclones; la crisis en el sector del transporte, cuyo interminable colapso aporta a la ardua cotidianidad de los cubanos altas cuotas de gastos, parálisis e irritación; el problema de la corrupción, que registra una extensión y profundidad sin precedentes,y lacera de manera preocupante el cuerpo material, moral y espiritual de la sociedad; y por último, el delito criminal y económico, estimulado por los pocos espacios de desenvolvimiento social y acentuado por la ineficacia en la prevención y el enfrentamiento, a lo que se agrega la ausencia de transparencia informativa.

Reflejo inmediato y lamentable de este estado de cosas son dos manifestaciones que mucho afectan la convivencia y en particular al sector más joven. De un lado, el indetenible éxodo que aleja de Cuba a mucho de lo más vital y valioso de su ciudadanía; de otro, la aplicación del llamado índice de peligrosidad predelictiva. Este último, una especie de aberración represiva en forma de figura jurídica, demuestra la naturaleza injusta del sistema y la congénita ineficiencia de las autoridades. También, de paso, priva de libertad a muchos inocentes, principalmente jóvenes.

Más campaña propagandística

Haciendo gala del más rancio populismo paternalista, el alto liderazgo del país persiste en su habitual practica de separar a la sociedad del centro de la solución de los problemas que la aquejan, limitando a los ciudadanos a la condición de pasivos receptores de las coyunturales y casi siempre insuficientes dádivas gubernamentales. Lejos de estimular el crecimiento de la producción y la creación de riquezas, bienes y servicios, las autoridades se conforman con desarrollar por estos días una intensa campaña propagandística que promueve solucionar, en la esfera de la circulación monetaria y la distribución caprichosamente igualitaria de algunos enseres domésticos, las serias carencias que se vienen arrastrando hace más de una década.

Parece que el gobierno se ha dado cuenta, con más de dos lustros de retraso, del efecto que han tenido en las condiciones de vida de la población, la caída en picada de la producción, la dolarización de la sociedad y la grave desproporción entre el poder adquisitivo y el costo de la vida. No obstante, se niega a admitir lo que tantos años de sostenida instrucción académica han convertido en una verdad para los cubanos: para distribuir riquezas y bienes materiales hay que crearlos, y eso sólo se puede lograr otorgando sólidas garantías jurídicas y estructurales a la libertad económica, empresarial e individual. Sólo dichas garantías permitirán a la sociedad producir los bienes y servicios que necesita, y a los individuos, adquirirlos con solvencia propia en el momento y la proporción que cada cual determine.

El siempre contraproducente complemento de estas proyecciones de las autoridades, es su persistente búsqueda en vínculos eventuales y relaciones externas, del soporte y fundamento material y financiero de sus diseños socioeconómicos. La erogación en los últimos años de más de 1.300 millones de dólares, para comprar en Estados Unidos renglones alimentarios que podría producir la agricultura cubana fácilmente, si estuviera bien dirigida y potenciada, significa poner la alimentación diaria del país en manos de la "nación enemiga", decretar la descapitalización y agotamiento definitivo del más tradicional sector económico, y llevar casi a cero la tasa de seguridad alimentaria.

Un tutor adecuado

Por otra parte, al tiempo que termina el proceso de desmontaje de la industria azucarera; el turismo y las inversiones extranjeras concluyen el ciclo natural de expectativa, relativo esplendor, estancamiento y retroceso; y aumentan las restricciones administrativas y represiones a las iniciativas económicas independientes, el gobierno pone una vez más todas las esperanzas de evolución y renacimiento socioeconómico en los vínculos y acuerdos económicos y comerciales con naciones como China y Venezuela, a las cuales lo unen claras identidades políticas.

La pobre salud y el escaso dinamismo interno de la economía en Cuba, conceden a las relaciones con China una dimensión poco promisoria. Los vínculos se mantendrán, pero de seguro no van a impactar de manera trascendental en la revitalización del maltrecho cuerpo económico. Una somera comparación de estos acuerdos con los establecidos por el presidente del gigante asiático a su paso por Brasil, Argentina y Chile, arroja un explicable desnivel y muy pocas perspectivas para las necesidades y carencias de los cubanos.

En el caso de las relaciones con Venezuela, se vive una especie de trasnochada caricatura del modelo de dependencia económica que décadas atrás ató a la Isla con la Unión Soviética. A cambio del envío al país suramericano de contingentes de técnicos y especialistas de las más diversas ramas, el gobierno recibe el combustible que necesita y que a estas alturas le sería muy difícil pagar, con los precios actuales. Además, se ha anunciado la ampliación de los vínculos bilaterales hasta el establecimiento del empresariado venezolano de varios sectores en los espacios productivos y comerciales de Cuba.

La reticencia de las autoridades a dar impulso y garantías a las iniciativas independientes y a la creación de un dinámico mercado interno, tiene graves implicaciones para el presente y el futuro del país. Incluso, después que el gobierno ha consumido una larga oportunidad de cuatro décadas para demostrar la inviabilidad del sistema estatista —de la planificación ya no se habla—.

La nula formación de estructuras económicas y cívicas al interior de la sociedad, compromete seriamente las capacidades de enfrentar los retos actuales y porvenir de una economía globalizada. Con los consiguientes graves peligros para la soberanía e independencia que los actuales gobernantes tanto dicen defender.

El hecho de otorgar a empresarios extranjeros —sean españoles e italianos ayer, o venezolanos mañana— los espacios y potestades que se niegan a los cubanos, puede garantizar al gobierno el control político y la inmovilidad social que necesita, pero afecta el desarrollo económico, la autoestima y los derechos fundamentales del pueblo.

Con la extensa e intensa exportación de mano de obra especializada a todos los rincones del mundo, La Habana obtiene considerables beneficios económicos y de paso intenta apuntalar su imagen política. Una imagen seriamente dañada por el ostensible fracaso de su modelo y su pobre expediente en el respeto a las libertades y derechos individuales. Ni siquiera las ventajas que en beneficios materiales obtienen los cubanos de la participación en estas misiones, pueden esconder los sacrificios personales, familiares y la expoliación económica que les significan esas incursiones laborales externas.

Para garantizar la tranquilidad de su poder absoluto, las máximas autoridades del país necesitan impedir que los cubanos se conviertan en sujetos económicos. De ahí que, lo mismo para la Unión Soviética que para el caso de Venezuela, haya concedido a los extranjeros los derechos y espacios que niega a los nativos.

Siempre que encuentre tutor adecuado, el gobierno prefiere ver su economía subsidiada a cuenta de la venta del talento y la mano de obra de los cubanos, que a donde lleguen, independientemente de las condiciones de vida y trabajo, van a ser mejor valorados y remunerados que en su país. De cualquier manera, siempre será preferible provocar la irritación de los médicos venezolanos o centroamericanos, que ver a nuestros hijos morir inútilmente en una guerra lejana y extraña.

Entre palo y zanahoria

Como en una especie de enajenación alucinante, el alto liderazgo de la Isla se empeña en ver crecer a un ritmo inusitado su maltrecha economía, además de prometer cientos de miles de viviendas, entre otras villas y castillas. Al parecer aquejado por el síndrome del populista autoritario, se empecina en distribuir lo que no existe, cuando la historia ha demostrado que por muy absoluto que sea el poder, desde él no se produce riqueza. Ni siquiera la existencia de grandes recursos materiales, representa desarrollo y bienestar —basten los ejemplos de Rusia y Venezuela—. La riqueza es resultado de la libertad de los individuos y de la participación de la sociedad.

La receta es clara e invariable: parálisis cívica y social, discurso acrítico y autocomplaciente, proyectos y promesas impulsadas por inveterado voluntarismo y renovado entusiasmo, pero que —como indica la experiencia— ni llegarán a buen término ni resolverán los problemas que agobian la Isla.

Por otra parte, se mantiene y renueva la actitud intolerante y regresiva del poder hacia los que se atreven a enfrentarse públicamente, al punto que en los últimos meses se han reeditado los actos de repudio contra los pacíficos luchadores pro democracia. Obviamente, estas manifestaciones tienen el objetivo de disuadir a los ciudadanos, intimidación mediante, y de convertir el malestar y rechazo en actitudes abiertamente contestatarias. Con esa combinación de palo y zanahoria, el gobierno cubano pretende garantizar la eternización que tanto parece obsesionarle.

Mientras disminuyen la autoridad moral y la credibilidad de los gobernantes, la nación se estremece y agota material y espiritualmente. Cuba necesita que los sujetos sociales y actores políticos nacionales hagan prevalecer, por sobre cualquier otra consideración o interés, el humanismo, el patriotismo y la responsabilidad que se identifican con lo mejor de sus tradiciones. Ese será el camino para conjurar los peligros de disolución y estallido que hoy amenazan a los cubanos.

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