Convertir la mayoría de restaurantes estatales en cooperativas y negocios privados, y que solo unos pocos queden en manos del Estado, es un plan con el que el Gobierno cubano pretende hacerle frente a la crisis económica derivada de la covid-19.

En discursos recientes citados por la agencia Reuters, el presidente Miguel Díaz-Canel ha dicho que se eliminarán los subsidios para los restaurantes estatales como parte de una reforma monetaria que se espera para fin de año.

En 1968, hasta los “puestos de fritas” fueron nacionalizados en Cuba. Hoy en día son más de 7.000, que funcionan en medio de cuestionamientos sobre mala atención y desvío de recursos, como lo reconoce el propio gobierno.

“Tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos”, dijo en octubre el ministro de Economía, Alejandro Gil, a la Asamblea Nacional, al hablar sobre la gastronomía estatal.

El tema volvió a retomarse el jueves 19 de noviembre, luego de que la agencia Reuters revelara que el sucesor de Raúl Castro estaría planeando, no solo privatizar la mayoría de los restaurantes, sino dejar de subsidiarlos, una versión que rápidamente se extendió por los medios de la Isla.

“El plan que ahora se está poniendo en práctica exige que una pequeña minoría de los más de 7.000 restaurantes administrados por el gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas”, dijo a Reuters un importante gerente del Departamento de Servicios de Alimentos de La Habana, que pidió no ser identificado.

El alto funcionario agregó que las autoridades ya habían elegido alrededor de una docena de restaurantes que seguirán siendo estatales y 450 establecimientos que serán arrendados a empleados y otros interesados.

“El proceso nunca debería haberse detenido y pienso que esta vez sucederá ya que el sistema no podrá resistir un mayor escrutinio”, agregó, en referencia a medidas similares aprobadas por primera vez hace una década bajo el entonces presidente Raúl Castro, pero que se estancaron por intereses burocráticos y conservadores.

Desde que Raúl Castro anunció que el Estado se retiraría de las actividades no estratégicas en un congreso del Partido Comunista en 2011, miles de restaurantes privados han abierto y competido con éxito con el sector estatal.

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