Un grupo disidente en Cuba acusó el jueves al gobierno de mantener un "férreo bloqueo'' a la verificación internacional, al compartir la "profunda decepción'' del relator de la ONU contra la Tortura, Manfred Nowak, porque La Habana no le fijó aún fecha para una visita.

La ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) dijo compartir "la profunda decepción experimentada por el relator'' y estimó la "negativa de acceso'' de "otro paso atrás'' en tema de libertades en la isla, según una declaración del grupo.

"Esta negativa (...) es consistente con el férreo bloqueo que mantiene el gobierno de Cuba ante la posibilidad de que representantes de prestigiosos organismos'' visiten el país "con propósitos legítimos de investigación'', subrayó.

La CCDHRN, que preside el disidente Elizardo Sánchez y actúa con tolerancia oficial, dijo tener "sobradas pruebas'' de que el gobierno comunista "transgrede de manera sistemática'' la Convención contra la Tortura.

El miércoles, Nowak expresó en un comunicado su "profunda decepción tras haber sido informado'' por La Habana de que "no podía fijar una fecha para la misión de investigación antes del final de su mandato, el 30 de octubre de 2010'' y lamentó que no le haya "permitido evaluar objetivamente la situación en el país'' con informes de "primera mano''.

En respuesta, la misión de Cuba ante la Oficina de la ONU en Ginebra manifestó en un comunicado "sorpresa'' por la afirmación del relator, señaló que sigue en pie la invitación —hecha en febrero de 2009— y reiteró que en la isla no hay "un solo caso de ejecución extrajudicial o de desaparición forzada''.

La CCDHRN "no está segura de que esto último pueda afirmarse de manera tan categórica'' y cree que el gobierno "sabe muy bien que la situación imperante en el enorme sistema carcelario (...) no resiste ninguna forma de escrutinio internacional", dijo el grupo.

En su nota, el gobierno asegura que Cuba "no necesita una evaluación objetiva'' y "no busca aval alguno'', y sostiene que el país sufre una "feroz campaña'' política y mediática internacional tras la muerte del preso opositor Orlando Zapata -según La Habana un prisionero común- en febrero pasado luego de 85 días de huelga de hambre.

Según la CCDHRN, en Cuba existen unos 200 presos políticos, pero La Habana dice que se trata de "mercenarios'' de Estados Unidos que atentaron contra el país.

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