Apenas un seis por ciento de las viviendas en Cuba están inscritas en el registro de propiedad, por lo que el Gobierno ha llamando a utilizar ese trámite como “garantía jurídica” y requisito para las nuevas operaciones inmobiliarias legalizadas en el país.

Desde que en 2003 el Gobierno abrió la inscripción de los títulos, poco más de 200.000 viviendas han sido registradas, lo que representa un seis por ciento de los inmuebles de propiedad personal en la Isla, informó hoy el diario oficial Granma.

Según datos del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), Cuba tiene un fondo de 3.700.000 viviendas y de ellas aproximadamente un 85 % se encuentra en régimen de propiedad individual.

Potencialmente todos esos inmuebles pueden ahora ser vendidos o donados por sus propietarios, tras la aparición esta semana de un decreto firmado por el presidente Raúl Castro que elimina prohibiciones vigentes durante décadas y flexibiliza la transmisión de la propiedad.

La reforma legislativa entrará en vigor el 10 de noviembre como parte del plan del Gobierno para “actualizar” el modelo económico socialista, y en concreto legaliza la compraventa y facilita otras operaciones como la permuta, donación o adjudicación.

Las acciones de transmisión de propiedad de vivienda estarán sujetas a impuestos y en el caso de la compraventa será de un cuatro por ciento sobre el precio del inmueble.

Las autoridades han informado que los propietarios solo podrán iniciar estas operaciones si tienen su domicilio en Cuba y su inmueble está inscrito en el registro de la propiedad.

La presidenta del INV, Oris Silvia Fernández, citada hoy por Granma, afirmó que el nuevo decreto busca facilitar “el reacomodo espontáneo de los ciudadanos” y “eliminar las causas y condiciones que propician ilegalidades en torno a los trámites de la vivienda”.

Además, Fernández se refirió a la necesidad de “fortalecer el papel del impuesto como mecanismo regulador” y “aligerar de responsabilidades administrativas” a las instituciones.

Los problemas de la vivienda han sido durante décadas una “odisea” social, económica y burocrática en Cuba, donde hasta ahora las opciones para acceder a una casa se limitaban a las permutas, las herencias, conseguir un permiso estatal de construcción o acudir al mercado ilegal.

Cuba, con 11,2 millones de habitantes, tenía hasta 2010 un déficit reconocido de unas 600.000 casas, en parte por los destrozos que causaron tres huracanes en 2008.

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