El gobierno argentino concedió estatus de "refugiado" y residencia a un enfermero cubano que llegó el 15 de abril de 2007 a Buenos Aires, invitado a disertar en un foro sobre VIH, informó el diario Perfil.

Roberto Cruz Cruz, de 39 años, decidió no regresar a la Isla junto con su delegación, tras cumplirse los diez días de permanencia en el exterior autorizados por el gobierno cubano.

"Y miren, el número de mi pasaporte es distinto en la primera hoja respecto de la segunda", dijo el enfermero en declaraciones al diario argentino. "Esto lo imprimen con error a propósito, para que cuando un cubano en el exterior pida refugio, las autoridades extranjeras duden de la validez del documento y le bloqueen la solicitud".

Buenos Aires reconoció en enero a Cruz como refugiado y le otorgó residencia temporal.

Cruz era funcionario del Ministerio de Salud Pública cubano en un centro de Epidemiología en La Habana.

"Vivir en Cuba es como estar en el ejército. Para ellos, permanecer en el exterior más de la cuenta es desertar. Por eso, en caso de volver, yo iría preso, me quitarían el título y me prohibirían de por vida ejercer mi profesión", dijo el cubano.

Según el diario Clarín, el Comité de Elegibilidad para los Refugiados (Cepare), dependiente de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior argentino, concedió al enfermero el beneficio del "refugio" por entender que había "temor fundado de persecución por una opinión política".

Fuentes de la Cancillería citadas por la publicación aclararon, no obstante, que Cruz "no es un asilado político" y diferenciaron esa situación del "refugiado". "Hay cientos de refugiados en la Argentina, entre ellos de países amigos como Chile, Colombia, Perú y Canadá, y muchos del África", dijeron.

Las fuentes no pudieron indicar si hay otros cubanos en la misma condición.

El caso Cruz fue resuelto varios días antes de la visita que hizo la presidenta Cristina Kirchner en enero a Cuba, durante la cual se entrevistó con Fidel y Raúl Castro.

Kirchner no trató en su viaje el caso de la doctora cubana Hilda Molina, a la que La Habana no permite dejar la Isla para reunirse con el resto de su familia, que vive en Buenos Aires.

De acuerdo con Clarín, la decisión del Comité de Elegibilidad para los Refugiados en cuanto a Cruz cuestionó la política de La Habana de sancionar a sus ciudadanos por escapar durante una misión oficial o no regresar cuando se les ordena.

Se trata de un modo de proceder "que no responde a los estándares de derechos humanos", dijo el Comité. "Es de público conocimiento que los ciudadanos cubanos deben solicitar permiso de salida de su país, violándose el artículo 12 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos", añadió.

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