Decenas de disidentes, activistas y periodistas independientes, pidieron en una carta a los Estados integrantes de Naciones Unidas no admitir a La Habana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).

"Hacemos un llamado a los países hermanos de América Latina y el Caribe a darle efecto a la Resolución 60/251 que, al formarse el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, estipuló que serán elegidos miembros los países que 'aplican las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos', dijeron los firmantes de la carta.

Recordaron que en 2006, Cuba fue elegida miembro del CDH por un período de tres años, en representación regional. "De esta manera, se le concedió una oportunidad única de adoptar prácticas que garanticen las libertades fundamentales en su propio suelo", señalaron.

Sin embargo, "los mandatarios cubanos continúan privando a los ciudadanos de sus derechos y las autoridades continúan cometiendo todo tipo de atropellos contra aquellos que los reclaman", lamentaron los firmantes.

"El régimen cubano impera gracias al ejercicio del poder represivo, en abierta contradicción con los principios que inspiran y guían al Consejo de Derechos Humanos. Las leyes del Estado cubano niegan a los ciudadanos el ejercicio de los derechos cívicos, políticos y económicos más fundamentales e imponen severas restricciones a las libertades de expresión, asociación, asamblea, prensa, movimiento, trabajo, y acceso a la propiedad privada y a los medios de producción", enumeraron.

Añadieron que la Constitución de Cuba "roba al pueblo su derecho a la autodeterminación al prohibir todo partido político o movimiento popular que no sea el Partido Comunista".

Los disidentes criticaron el "férreo control de la información" por parte del Estado, que no permite la existencia de medios de comunicación independientes, y las restricciones de acceso a internet.

"El Código Penal Cubano castiga con largas condenas tales aberraciones jurídicas como la propaganda enemiga, el desacato, la peligrosidad pre-delictiva, la asociación para delinquir, el incumplimiento del deber de denunciar, y la abarcadora 'otros actos contra la seguridad del Estado', todo con el fin de silenciar cualquier objeción al orden imperante", dijeron.

"El intento de salir del país sin permiso del gobierno constituye una 'salida ilegal' que se penaliza con años de prisión y ha provocado un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades, incluyendo la de muchos niños", advirtieron.

Los firmantes recordaron además que el régimen niega habitualmente el derecho a viajar al extranjero "a opositores pacíficos, profesionales de la salud y hasta hijos cuyos padres se encuentran exiliados. Además, limita el movimiento de personas dentro de la Isla, imponiéndosele altas multas a los que violan las disposiciones sobre el lugar de residencia designada".

"Bajo esta legalidad de facto, las fuerzas de seguridad y las organizaciones de masa controladas por el Estado acallan cualquier gesto de oposición con largos años de privación de libertad, repetidas detenciones arbitrarias de corta duración, amenazas, hostigamiento, allanamientos, despedidas laborales, exilio forzado y hasta ataques violentos a los hogares de los defensores de los derechos humanos", señalaron los activistas.

De acuerdo con cifras de la disidencia interna, actualmente hay unos 205 presos políticos en las cárceles de la Isla. "Asimismo, miles de ciudadanos permanecen en prisión por supuestos 'delitos' económicos, habiéndose vistos forzados a recurrir al mercado negro por un sistema de racionamiento que no garantiza las necesidades básicas".

"En cientos de prisiones y centros de detención, muchos miles sufren bajo condiciones tan precarias que se producen numerosas muertes por malnutrición, negligencia médica, y suicidio", dijeron los disidentes.

Denunciaron que el sistema judicial "carece de independencia e imparcialidad y frecuentemente priva a los ciudadanos de las garantías de debido proceso reconocidas internacionalmente".

El Estado cubano "viola sistemáticamente los derechos más elementales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no cumple con los requisitos mínimos de membrecía en el Consejo de Derechos Humanos", consideraron los firmantes.

"Su reelección en las circunstancias actuales validaría sus prácticas anti-democráticas y constantes abusos de las libertades de los ciudadanos", alertaron, y añadieron que la presencia de la Habana en el CDH estaría en "flagrante contradicción" con lo que este representa y afectaría su "credibilidad".

Entre quienes suscriben la carta se encuentran los líderes opositores Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca, Jorge Luis García Pérez (Antúnez), Darsi Ferrer, Félix Bonne, Margarito Broche Espinosa, Juan Carlos González Leiva, León Padrón Azcuy y Noelia Pedraza Jiménez.

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