Un tribunal federal en El Paso, Texas (Estados Unidos), decidió este miércoles que el gobierno estadounidense puede impedir el acceso público a un limitado número de documentos sensibles en el caso del anticastrista Luis Posada Carriles.

No obstante, la jueza Kathleen Cardone ordenó que las autoridades también tendrán que argumentar la necesidad de mantener protegidas otras posibles pruebas acusatorias, según informó el diario El Nuevo Herald.

De acuerdo con el rotativo, Cardone concedió en parte la solicitud de protección de documentos presentada por la Fiscalía, aunque aceptó parcialmente la moción interpuesta por la compañía Miami Herald Media y la agencia Associated Press (AP) para acceder sin restricciones a la información que pretende mantenerse restringida durante el proceso.

"Finalmente, el tribunal señala que la moción del gobierno está limitada a la revelación de materiales protegidos que se entreguen al acusado durante el proceso previo al juicio y a la información que sea tomada de esos materiales", señaló Cardone.

Esta decisión judicial permitirá al gobierno la protección de las cintas y transcripciones de la entrevista realizada a Posada Carriles por la periodista Ann Louise Bardach en 1998, y la información médica concerniente a terceras partes.

El reporte de El Nuevo Herald añade que a partir de ahora la fiscalía pretende incluir bajo protección de confidencialidad nuevas pruebas, la defensa y The Miami Herald, El Nuevo Herald y AP tienen derecho a solicitar que el tribunal escuche sus argumentos.

Según el diario, Dean Boyd, portavoz del Departamento de Justicia, se negó a hacer comentarios sobre la decisión de Cardone.

"Es una decisión muy favorable para la prensa. La orden le quita al gobierno la última palabra para determinar lo que es confidencial o no lo es, y tendrá que justificar sus razones ante el tribunal", dijo el abogado Adolfo E. Jiménez, representante de Miami Herald Media.

El Nuevo Herald señala que el dictamen de la jueza Cardone rechaza la petición de la defensa para que el gobierno identifique toda la documentación entregada, y dispuso que Posada y los abogados de ambas partes no hagan declaraciones públicas.

Entre los documentos considerados sensibles, figurarían además los informes entregados al Buró Federal de Investigaciones por La Habana para reforzar los cargos de perjurio que vinculan a Posada Carriles con actos de terrorismo, así como materiales clasificados sobre sus actividades como agente de la Agencia Central de Inteligencia.

Posada Carriles, de 81 años, está acusado de nueve cargos por fraude migratorio, perjurio y obstrucción a la justicia, mientras que los gobiernos de Cuba y Venezuela le imputan delitos terroristas por su presunta participación en el atentado contra un avión cubano en 1976 que ocasionó la muerte de 73 personas.

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