Un grupo de exiliados cubanos han remitido una carta a la Biblioteca Pública de Nueva York en la que protestan por las “prácticas excepcionales”, con falta de “transparencia”, puestas en práctica para controlar el acceso a la presentación de Mariela Castro Espín el pasado martes 29 de mayo en ese centro.

Los firmantes, todos residentes en Nueva York, New Jersey y Connecticut, manifiestan su “sospecha” de que la asistencia a un evento calificado de “conversación” por la página web de la institución cultural neoyorquina fue “manejada” de forma “deliberada” para permitir el acceso al local únicamente a “defensores del régimen cubano” e impedir así la participación de “disidentes” que podrían plantear “preguntas directas” o “puntos de vista críticos”.

Cuestionan además que se le impidiera el acceso a periodistas de Radio y TV Martí y de la cadena Univisión, quienes también podrían hacer preguntas “indeseadas”.

Los firmantes denuncian que se ofreciera una excusa para impedir el acceso al “conversatorio” aludiendo a una directiva “por motivos de seguridad” del Departamento de Estado, que luego confirmó no haber emitido ninguna solicitud al respecto.

Afirman asimismo que las personas autorizadas a entrar “eran partidarios conocidos o evidentes del régimen cubano”, algunos con “invitaciones de entidades del Gobierno cubano y la ‘embajada’ de La Habana en Washington”, así como “miembros del Movimiento de Solidaridad con Cuba”.

Los miembros del grupo firmante, quienes intentaron, por separado, acceder a la sede del evento, instan a la institución a “investigar de manera rápida y exhaustiva cómo se manejó la admisión al evento”.

Exigen además se ofrezca luego una “aclaración detallada” de lo sucedido, pues hasta ahora solo han “recibido explicaciones vagas, contradictorias e incongruentes”.

“Sería terrible si la dictadura cubana hubiera logrado exportar con eficacia sus tácticas represivas a este país (EEUU) con la colaboración de cualquier persona de su respetable institución”, añaden en la misiva.

En democracia, aseguran, “restringir o impedir el acceso a un lugar público a cualquier individuo o grupo por razones políticas, ideológicas, étnicas, o por cualquier otra razón selectiva no es solo moralmente censurable, sino también inconstitucional”.

Los firmantes manifiestan su confianza en que la institución cultural no tolerará, y mucho menos incitará, lo anterior.

La carta, recibida en nuestra Redacción, fue enviada también a los máximos funcionarios de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, así como al Departamento de Estado de EEUU.

Firman la misiva, entre otros, el dramaturgo y cineasta Iván Acosta, el músico Paquito D'Rivera, el arquitecto Manuel Castedo, los escritores Enrique del Risco y Alexis Romay, así como el artista visual Geandy Pavón.

La versión española de la misiva puede consultarse aquí.

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