La corporación estadounidense Platte River Associates podría ser multada con hasta un millón de dólares si es hallada culpable de transferencia ilícita de tecnología petrolera a Cuba.

De acuerdo con el diario miamense El Nuevo Herald, la fiscalía federal de Denver, Colorado, informó el martes que Platte River exportó una sofisticada tecnología para crear un modelo potencial de explotación de yacimientos petroleros y de gas en aguas cubanas, sin haber obtenido la correspondiente licencia del Departamento del Tesoro.

La compañía reconoció haber facilitado a la Isla programas técnicos para computadoras y entrenamiento especializado en octubre de 2000 sin la autorización requerida por el gobierno estadounidense.

El presidente de Platte River, Jay E. Leonard, también estaría en problemas y podría encarar un año de cárcel y una multa de 100.000 dólares por presuntamente acceder sin autorización a una computadora protegida para robar información en beneficio del gobierno cubano.

Según la acusación federal, el 30 de octubre de 2005 Leonard habría utilizado una conexión inalámbrica desde su computadora portátil en el aeropuerto internacional de Houston para acceder a información protegida en un servidor localizado en el estado de Georgia, propiedad de la corporación Zetaware, de Texas.

Leonard y los abogados de la corporación comparecieron el martes ante un tribunal federal en Colorado y para escuchar los cargos que se les imputan.

Platte River fue creada en 1985 para proveer servicios especializados en exploración petrolera.

Esta es la tercera compañía petrolera estadounidense investigada por negociar con el gobierno cubano en los últimos dos años, de acuerdo con El Nuevo Herald.

En el 2006, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) multó con 171.300 dólares a Dresser-Rand Group, una empresa de tecnología para la explotación de hidrocarburos radicada en Nueva York, por vender equipos a la Moa Nickel S.A. a través de una sucursal brasileña entre 2002 y 2005.

En mayo del año pasado, PSL Energy Services, una proveedora internacional de tecnología y servicios para las perforaciones, pagó 164.006 tras reconocer que entre abril y septiembre de 2004 se involucró en operaciones ilegales de exportación de equipos y entrenamiento para la industria de hidrocarburos de la Isla.

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