La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este viernes a abolir o imponer una moratoria a la pena de muerte en los países de la región que aún la mantienen, como Estados Unidos, Cuba, Guatemala y los países anglófonos del Caribe, reportó la AFP.

La CIDH pidió en un comunicado “a los Estados Miembros de la OEA que mantienen la pena de muerte a eliminarla o, en su defecto, a imponer una moratoria en su aplicación”.

La Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgó este viernes un informe sobre la pena de muerte en la región, en el que denunció ejecuciones en Estados Unidos, Guatemala y Trinidad y Tobago, desde la década de los años noventa, pese a que los condenados gozaban de medidas de protección emitidas por la CIDH, por irregularidades en sus procesos judiciales.

Según la CIDH, en los últimos 15 años Estados Unidos ejecutó a 37 personas beneficiarias de medidas cautelares, Guatemala a 3 y Trinidad y Tobago a 2.

“La ejecución de una persona protegida por medidas cautelares o provisionales, respectivamente, constituye una violación agravada del derecho a la vida”, indicó la CIDH.

El informe resaltó que el caso de Estados Unidos es particularmente complicado, ya que el gobierno federal estadounidense alega que no tiene potestad para intervenir en los sistemas judiciales estatales, lo que a juicio de la CIDH no lo exime de sus compromisos internacionales.

Asimismo, la Comisión resaltó que Trinidad y Tobago y Barbados son los dos únicos países del continente que mantienen la pena de muerte obligatoria para algunos crímenes.

No obstante, la CIDH observó signos alentadores en las últimas décadas, ya que “la mayoría, si no todos los Estados de la región que mantienen la pena de muerte, han iniciado una seria reconsideración de sus leyes y prácticas relevantes”.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos restringe seriamente la aplicación de la pena de muerte con el objetivo de “que se fuera reduciendo hasta su supresión final”, agregó la CIDH.

Guatemala y Cuba mantienen una moratoria de la aplicación de la pena capital, desde 1998 y 2003 respectivamente.

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