La instalación del cable de fibra óptica de 1.630 kilómetros de distancia que unirá Cuba y Venezuela se iniciará este miércoles y se espera esté en funcionamiento en 2011, según explicó el ministro venezolano de Ciencia y Tecnología, Jesse Chacón, reportó AFP.

"Nos propusimos un cronograma para que el miércoles nos reunamos y a partir de ese día comenzar la ejecución del cable que es un elemento vital de las relaciones entre los dos países. Este es un elemento que en dos años esperamos que esté disponible", dijo Chacón en un comunicado oficial de su despacho.

El cable, de dos pares de fibra, tendrá una capacidad 640 gigabytes y multiplicará por 3.000 la capacidad de conexión de la Isla con el exterior, según expertos de ambos gobiernos.

Los extremos del cable submarino estarán localizados en la zona de Camurí, cercana al puerto de La Guaira, en el estado venezolano de Vargas (norte), y en la playa Siboney, en las afueras de Santiago de Cuba.

El proyecto será ejecutado por la empresa mixta binacional Telecomunicaciones Gran Caribe, creada en enero de 2008, y contará con una inversión de 63,4 millones de dólares, según el texto oficial.

"Este proyecto nos va a permitir fortalecer la integración latinoamericana y caribeña", celebró Chacón al señalar que el cable permitirá a Venezuela conectarse "vía República Dominicana con Europa y con todas las islas del Caribe oriental y por su lado, Cuba, con Jamaica y Centroamérica".

El proyecto del cable submarino se conoce desde 2007, cuando Chávez señaló que lograría un crédito chino de 70 millones de dólares para ese fin.

Desde junio, el gobierno de La Habana autorizó a la empresa estatal Correos de Cuba a proveer a la población servicios de internet, que hasta entonces estaban limitados a algunos profesionales.

No obstante, las conexiones son muy limitadas dado que el acceso a la red en Cuba se logra únicamente a través de satélite, lo que significa una banda más estrecha y elevados costos.

Según La Habana, estas limitaciones son generadas por el embargo económico, aunque Washington atribuye las restricciones a un control político.

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