La oposición cubana estimó el miércoles entre 50 y 60 los presos políticos susceptibles de ser liberados pues no están acusados de hechos de violencia, en caso de que el Gobierno de Cuba decida superar la cifra de 52 disidentes que comenzó a excarcelar la semana pasada.

“A entre 50 y 60 de los presos actuales no se imputaron hechos de violencia o coautoría de ellos”, precisó a la AFP el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez, al referirse al propósito expresado por el Gobierno de liberar a los presos que no hayan causado muertes.

Laura Pollán, líder de las Damas de Blanco, coincidió en esa cifra de los que llamó “presos políticos pacíficos”, por cuya liberación el grupo continuará sus marchas en demanda de liberación, de acuerdo a lo expresado por ella.

En entrevista con la AFP en Ginebra, el jefe del Parlamento, Ricardo Alarcón, afirmó que “la voluntad del gobierno cubano es la de sacar de la cárcel a todas las personas” sobre las cuales “no pesen sobre ellos responsabilidades de la vida de otras personas”.

El canciller español Miguel Ángel Moratinos destacó el miércoles que Alarcón reafirmó lo que él mismo había adelantado hace unos días tras su visita a La Habana, durante la cual se reunió con el presidente Raúl Castro y el cardenal Jaime Ortega, y se anunció la liberación de los 52 presos políticos.

Sánchez había cifrado en 167 los presos políticos en su informe semestral de junio pasado, número que bajará a 115 con la excarcelación que realiza el Gobierno, y cuyo plazo máximo es de cuatro meses.

Algunos presos salieron en las semanas pasadas de prisión por cumplimiento de condena, con lo que quedarían un centenar, dos de los cuales —un salvadoreño y un cubano— están condenados a muerte por atentados con bomba cometidos en 1997 en La Habana, sentencia no ejecutada por una moratoria vigente.

Según Sánchez, entre 50 y 60 son opositores arrestados por causas de activismo político, como “propaganda enemiga” o colaboración con medios de prensa opositores extranjeros.

Sobre el resto de los prisioneros, según Sánchez, pesan cargos de coautoría o complicidad en algunos hechos violentos o de fuerza, como secuestros de naves aéreas o marítimas.

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