Cuatro disidentes fueron condenados este martes a penas de entre 3 y 5 años de cárcel por “desacato agravado” y “desorden público” al haber lanzado octavillas en contra del Gobierno, informaron fuentes familiares y de la disidencia interna.

Los acusados Luis Enrique Labrador (33 años), David Piloto (40 años) y Walfrido Rodríguez (42 años), fueron sentenciados a cinco años de prisión, y Yordani Martínez (23 años), a tres años.

Según las fuentes, los cuatro opositores fueron arrestados en enero pasado, después que lanzaron octavillas antigubernamentales con inscripciones como “Abajo la dictadura de los Castro” y “Libertad para los presos políticos” en la Plaza de la Revolución de La Habana y en una esquina de la barriada de El Cerro.

Los cuatro son militantes del grupo opositor La fuerza de la verdad.

El portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Elizardo Sánchez, señaló que durante el juicio “el énfasis mayor se hizo en el cargo de desacato debido al contenido de las proclamas por considerarse falta de respeto a máximas autoridades del país”.

Fuentes de la oposición interna y familiares refirieron que a la salida del tribunal se produjo un incidente, cuando familiares de los acusados protestaron por las condenas impuestas y fueron apoyados por una docena de disidentes que se encontraban apostados allí desde el comienzo del juicio.

Sánchez detalló que un grupo de unos 60 manifestantes progubernamentales profirieron insultos contra los disidentes, entre los que se encontraban algunas representantes del movimiento Damas de Blanco y ex presos políticos.

“La Comisión estima que las condenas impuestas son extremadamente desproporcionadas porque los cuatro sancionados son inocentes y actuaron dentro de los límites de la libertad de expresión”, comentó el líder de la CCDHRN.

“Es sabido que cada día en otros lugares el mundo hay cientos y miles de personas protestando en contra de los Gobiernos y por eso no los encarcelan”, añadió.

El activista de derechos humanos opinó que los cuatro condenados deben apelar con un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, además, cree que “ellos pudieran calificar para ser adoptados como prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional”.

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