A propósito de la expulsión de una estudiante de la Universidad Central de Las Villas

Acabo de leer la comunicación de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Universidad Central de Las Villas (UCLV) sobre el caso de una estudiante expulsada por pertenecer a un grupo opositor. Con la calma y experiencia de haber sido expulsado del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI), en 1991, cuando era estudiante del mismo por “ideas y conductas que no son compatibles con la disciplina y lo que se espera de un futuro diplomático cubano” (fue lo que se me dijo entonces por el rector Oscar García), siento el deber de solidarizarme con la víctima de esa arbitrariedad y repudiar la decisión tomada.

En mi caso, debo decir que el ISRI rectificó la decisión incorrecta, y se me permitió terminar mis estudios, graduándome en 1993. Gracias a esa rectificación, y al apoyo de personas que en su mayoría siguen apoyando hoy al gobierno del PCC o aun discrepando del mismo (pues son nacionalistas y patriotas), pude terminar mis estudios. Aun cuando discrepo con algunas de las ideas de esos compatriotas y sigo teniendo las ideas socialdemócratas que desde entonces empecé a cultivar, no albergo ningún resentimiento ni al ISRI, ni al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), ni a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) —donde fui a cumplir el servicio militar como soldado, como periodo probatorio—, ni a mis compañeros de entonces. No albergo resentimiento, pero sí recuerdo y constato que varios de los que apoyaron mi expulsión son hoy los mayores anti-comunistas y rabiosos anti-gubernamentales. Su pasión hoy, al alinearse con lo peor de la derecha reaccionaria y racista cubana, o el callarse solo preocupados por su beneficio personal, es coherente con el oportunismo y la lacaya actitud de entonces. Cambian de collar, pero son lo mismo.

La UCLV es una institución que quiero mucho. No estudie en sus aulas, pero sí crecí y me eduqué entre la gente buena que enseña y estudia allí, donde mis padres eran profesores. No soy quien para erigirse en fiscal y emprenderla ahora en contra de los que tomaron la decisión descalificándolos como cubanos, ni como personas. Sé de los errores que se cometen por gente noble cuando se actúa con pensamiento de grupo y se aceptan criterios impuestos por los que tienen más poder o son mayoría. Por eso, más que apelar o cuestionar la bondad de las personas, prefiero preguntar si las instituciones tienen el diseño apropiado para que las decisiones que toman sean guiadas por lógicos y justos criterios de ciudadanos que viven una vida de auto-reflexión y diálogo. Los que defienden que en Cuba hay un Estado de derecho, deben empezar por ubicarse en que para que exista tal Estado tienen que haber derechos e instituciones que los garanticen.

Es evidente que tan mala decisión de la FEU de la UCLV contra Karla María Pérez González contradice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en lo que a la igualdad ante la ley y el derecho a la educación se refiere. No es la federación de estudiantes la encargada de decidir en estos menesteres. Tal acción solo puede ocurrir como resultado de una decisión de la dirección del plantel, con todas las connotaciones legales que eso conlleva. El derecho a la educación es un derecho inalienable, en cuya realización progresiva la Revolución cubana ha invertido un gran capital y prioridad. Aunque nada borra ese esfuerzo desde la alfabetización hasta hoy, usar una “selectividad política” para la concesión de un derecho sí lo demerita. Ojalá los dirigentes de la educación superior cubana rectifiquen esta metedura de pata, con la que ya están haciendo zafra sus adversarios más rabiosos.

Estoy consciente de que varios de los que hoy se rasgan las vestiduras por esa joven han sido cómplices, o hasta participantes, en claros actos contra la libertad de expresión en Miami; nunca reclaman por ninguna pluralidad de ideas en la discusión del tema Cuba en las emisoras de esa ciudad, ni por el derecho de réplica en sus periódicos, ni en las universidades de esa ciudad. Tengo el honor de casi sufrir un “acto de repudio” en un panel de la Conferencia de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana (ASCE), en 2011, con un moderador de panel que lejos de imponer orden se prestó para serias desviaciones de las practicas académicas.

No me conmueve nadie que coquetea y se calla cuando habla en Estados Unidos (algunos vienen ahora de Cuba como parte de la sociedad política opositora o de la sociedad civil emergente, como favoritos de liberales y conservadores del lado de acá del Estrecho) sobre el embargo/bloqueo norteamericano contra Cuba. Guárdense las lágrimas de cocodrilo los ciegos a conveniencia que no ven las múltiples violaciones de una derecha cubana que ha fijado límites estrictos sobre el discurso que se puede ejercer en todo lo que controlan, que es bastante en Miami, donde deciden quiénes son los contratados e invitados a sus centros y universidades. No le reconozco mérito moral a los cómplices, que condenan el embargo de boca para afuera en un post, pero nunca se les enfrentan de cara a sus gestores cuando están en sus predios y corren ahora a condenar a la UCLV. Que empiecen por solidarizarse con los excluidos en los sesgos estructurales escandalosos de los programas de conferencias del ICCAS, de la Universidad de Miami, del CRI de Florida International University, los periódicos, radios, canales de televisión y otros foros en el sur de la Florida. Ni de mercado libre de ideas pueden hablar, pues el Gobierno de Estados Unidos los subsidia en Radio y TV Martí.

Esa gente sigue allí porque tienen el dinero de los contribuyentes, botado a raudales por el Gobierno de Estados Unidos, pero no engañan al que no se quiere dejar engañar. Hablan de racismo y homofobia en Cuba, pero no lo tocan en el exilio. Tratan con suavidad a los de la derecha pro-embargo, como si fueran gente noble equivocada, mientras se reservan toda denuncia dura contra el gobierno cubano. Son “pluma vendida”, que es pluma muerta. Hipócritas, que se acuerdan de los derechos humanos los martes y jueves (cuando les conviene) y se olvidan de la libertad de expresión y de los derechos los lunes, miércoles y viernes, cuando sus aliados son los violadores. Para ser demócrata hay que serlo la semana entera.

Pero nada de eso justifica una expulsión de una universidad en Cuba por pensar diferente. Es un ultraje al nombre de José Martí usar el adjetivo martiano en un acto de naturaleza represiva al pensamiento, como lo hace el comunicado. El Apóstol fue condenado por escribir una carta a un apóstata, al que le recordaba la pena que se le aplicaba a los de su clase en la antigüedad, pero jamás abogó por imponerle a la brava a nadie una forma de pensar. La persuasión y el apelar a la moral y la dignidad del ser humano fueron su prédica y acción.

Martí llamó a crear repúblicas nuevas, “naturales”, ajustadas a los pueblos que se gobierna, pero tenía principios de libertad muy claros. Desde ese espíritu martiano, no soy partidario de copiar en Cuba, el absolutismo de la primera enmienda norteamericana, en términos de libertad de expresión irrestricta en áreas como el tratamiento a los símbolos patrios, la apología al terrorismo, o la autorización a organizaciones que promuevan el odio racial o la concesión a poderes extranjeros de prerrogativas que caen exclusivamente bajo soberanía cubana (como lo hace el embargo/bloqueo norteamericano).

Las universidades son espacios para pensar lo impensable y decir lo indecible. Son el reservorio primero de la libertad de pensamiento en una nación. A la universidad se va a debatir, cuestionar, y reflexionar, no a reafirmarse en la comodidad de ideas preconcebidas, ni a ser “becario del pensamiento oficial”. Muchas de las ideas que llevaron a los progresos más importantes de la historia de Cuba, incluida la independencia y la Revolución, no eran apoyadas inicialmente por una clara mayoría.

Es en esos predios donde la liberación se alcanza por el ejercicio de la cultura. La educación no puede ser tal si no se logra en y para la libertad. En todos los lugares los debates de ideas tienen márgenes estructurales, explícitos e implícitos. La ampliación de esos márgenes, y un movimiento hacia mayores libertades, es una necesidad nacional dictada por un país y una sociedad que es cada día más plural. La democratización ordenada de las estructuras y foros es funcional al interés nacional para un mayor desarrollo e integración con estabilidad política. Lo patriótico no es apisonar y reprimir la diferencia, sino canalizarla dentro de valores nacionalistas. Un patrón preocupante parece emerger con el cierre del contrato al profesor Julio Fernández Estrada por sus artículos, y ahora se expulsa a una alumna por ser miembro de un grupo opositor que quiere presentar candidatos en las elecciones del propio sistema político. Es manipulador mezclar por tirios y troyanos visiones históricas de contextos completamente diferentes. No es lo mismo resistirse a que la UCLV sirva para rendir honores al guerrillero anti-castrista Porfirio Ramírez, cuyo grupo estaba insurreccionado en alianza con un poder extranjero en su lucha armada y terrorista contra el gobierno de su país y matando maestros, que usar el discurso revolucionario para acallar opiniones pacíficas sin vínculo conocido con las políticas norteamericanas de cambio de régimen.

La defensa de la Revolución —como la quieran entender los que la arguyen— no puede ser más importante que el respeto a derechos humanos que son inalienables estándares internacionales. Allí terminan los intereses de Cuba, los martianos, y empiezan los de aquellos que pretenden proteger su arrogancia y pretensión de superioridad con prácticas totalitarias. Para defender eso tendrán frases de Lenin, pero no de José Martí. “Ser cultos para ser libres” dijo el más grande de todos los cubanos, que pidió de todos sus compatriotas un culto a la dignidad plena de todos, de la tuya, de la mía, de la de aquel o aquella que tiene un pensamiento diferente.

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