Carromero habló, ¿y ahora qué?

Al fin Ángel Carromero ha contado su versión sobre lo ocurrido el día en que perdieron la vida Oswaldo Payá y Harold Cepero, y por primera vez sus palabras plantean hechos concretos, cita documentos y personas a las que se puede preguntar al respecto. De esta forma, coloca en una posición delicada al actual Gobierno español. Una posición que podría tornarse embarazosa si la Moncloa decide ignorarlo y no hacer nada.

Con la entrevista concedida al diario español El Mundo, Carromero, vicesecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid, ha decidido arriesgarse —algo que siempre se le ha reprochado por no hacerlo—, y su testimonio merece ser atendido y contestado.

Ha transcurrido un año desde aquel 22 de julio de 2012 en Bayamo, en la zona oriental de Cuba, y lo ocurrido no ha dejado de ser noticia, tanto por el reclamo incesante de la familia Payá para que se realice una pesquisa transparente del suceso, como por las más diversas informaciones, editoriales de prensa, declaraciones de organizaciones del exilio y de derechos humanos en diversas partes del mundo —hasta rumores y especulaciones—, que no han cesado de producirse sobre lo que a todas luces es aún un incidente complejo, oscuro y sospechoso.

Porque lo que siempre ha despertado sospechas puede resumirse en dos aspectos: el historial del régimen totalitario de La Habana, de eliminar y desprestigiar a sus opositores más diversos —con mayor o menor potencialidad de acción—, y la destacada labor en favor de la democracia de los fallecidos, en especial Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y una figura con un amplio reconocimiento internacional. Sin embargo, en esta compleja madeja —siempre en crecimiento durante un año— habían faltado los datos que permitieran ir más allá de la opinión y la conjetura.

Carromero coloca a Madrid en una posición delicada por dos razones simples: tanto una de las víctimas era ciudadano español por naturalización, como el supuesto victimario involuntario lo es por nacimiento. Más allá de establecer que el régimen de los hermanos Castro es, en última instancia, responsable por lo ocurrido —algo que atañe en buena medida a las denuncias internacionales— lo que se trata ahora es de determinar si ese régimen es también culpable directo de las muertes. Se impone dar el paso del aspecto político a la investigación penal, y el encargado de dar ese paso es Madrid, en lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad y en determinar el grado de culpabilidad de los que —según Carromero— ejecutaron lo que él considera fue un asesinato, así como en precisar quienes ordenaron llevarlo a cabo; o al menos dieron luz verde para una persecución y hostigamiento que desembocó en las muertes.

Si se trató de una nueva chapuza, de las que al parecer se inclina cada vez más a cometer el régimen de Raúl Castro, y el objetivo era amedrentar y no matar, el delito es igualmente serio. Pero para el joven político de Madrid no se trató de un error, ni de un fallo en los cálculos, sino de un asesinato premeditado. La acusación es grave, e implica una gran obligación —no solo moral sino también jurídica—, tanto para el que acusa como para los acusados.

Lo importante del testimonio de Carromero es que algunas de las personas por él mencionadas pueden ser interrogadas al respecto, ya que aparentemente están fuera del alcance del gobierno de la Isla, y no tienen a su disposición el recurso fácil o difícil de refugiarse en la justificación o la cobardía, de invocar en secreto las presiones o amenazas que el poder puede ejercer sobre ellas —o al menos no deben ampararse en ello.

Los testigos

Carromero dice que los cuatro que iban en el automóvil salieron con vida tras la colisión producida cuando fueron embestidos por un vehículo con chapa estatal, que el impacto no fue fuerte, ya que no se rompieron los cristales del auto. “Las enfermeras y un párroco me aseguran que en el hospital hemos ingresado los cuatro”, afirma.

No dice específicamente que le informaron que las cuatro víctimas estaban con vida, aunque se deduce del ingreso, y hay además un dato significativo. Por supuesto que no se puede esperar, en las condiciones imperantes en Cuba, que las enfermeras declaren, pero ese sacerdote que aparece ahora debe ser buscado, y preguntarle al respecto. Es deber de la Iglesia Católica una aclaración.

Más adelante añade que la embajadora de Suecia tardó 24 horas en ir a buscar a su acompañante de esa nacionalidad, y en su caso especifica: “Yo sólo pude ver al cónsul general meses antes del juicio y nunca a solas. Siempre había un teniente coronel delante”. En Cuba siempre se ha afirmado que recibió la debida atención consular. El entonces cónsul general debe responder sobre este aspecto.

En otra parte de la entrevista afirma: “A mi abogado lo vi una vez el día antes del juicio y pude hablar con él a solas 60 segundos por el descuido de un coronel. En ese momento le dije: ‘Pepe, en España saben que no ha sido un accidente, ¿verdad?’. Él me contestó que sí, pero que me mantuviera en la versión oficial y me aseguró que el Gobierno y mi partido estaban conmigo”. Este es un punto fundamental, que debe ser aclarado por el abogado.

En otra pregunta detalla que se considera un buen conductor y que “la mayoría de las multas que tengo son de aparcamiento. Me quitaron los puntos del carné por ir hablando por el móvil y por superar en 10 kilómetros por hora el límite de velocidad en la A-3”.

De acuerdo a lo publicado en el diario español El País el 3 de agosto de 2012, Carromero había perdido su carnet de conducir por “homicidio por conducción imprudente”, y agrega el periódico que se trata de un “delito penado entre uno y diez años de cárcel, había acumulado 45 multas de tráfico desde marzo de 2011, tres de ellas por exceso de velocidad, aunque la mayoría eran infracciones por aparcamiento indebido que no generan la retirada de puntos. Antes de esa fecha tenía otras sanciones por infracciones más graves, que dieron paso a la decisión de Tráfico, que le comunicó que le iba a retirar la licencia”.

¿Cuáles fueron esas infracciones más graves, que Carromero no menciona o no recuerda en el momento de la entrevista con El Mundo?

Al preguntársele cómo valora la gestión del Gobierno español, Carromero responde: “Consiguieron traerme de vuelta y por eso les estoy agradecido”. Sin embargo, ahora denuncia un serie de irregularidades, que al parecer ese mismo gobierno, del cual dice estar agradecido, supuestamente permitió pasar por alto o hacerse de la vista gorda, para que siguiera en curso un proceso que tuvo como resultado su traslado a España a finales de ese mismo año en que ocurrieron los hechos.

La España actual

Las declaraciones de Carromero hay que verlas dentro del contexto actual de la situación política española: un presidente del Gobierno debilitado por el caso del exgerente y extesorero Luis Bárcenas y un Partido Popular (PP) que si públicamente ofrece una imagen de unidad, en lo interno está sumergido en una fuerte lucha por el poder y en divisiones que a veces salen a flote y otras se mantienen soterradas. Sus comentarios fueron dados a un periódico que mantiene una enconada batalla contra ese mismo gobierno. Es más, a partir de la comparecencia de Mariano Rajoy ante el Parlamento, el 1 de agosto, la rencilla entre El Mundo y la presidencia española se ha hecho incluso personal. El director del diario, Pedro J. Ramírez, denunció el viernes 2 de agosto que es “seguido y vigilado” por el gobierno de Rajoy por las informaciones que el rotativo ha publicado en el marco del escándalo de presunta financiación ilegal en el PP.

Al preguntársele en la entrevista sobre la fuerte defensa de su caso por parte de Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, Carromero ha respondido: “Esperanza está defendiendo la verdad. Se ha portado conmigo como una madre. Antes de todo esto no me había reunido nunca con ella, pero desde que me afilié al PP a los 16 años soy aguirrista”.

Que Aguirre dio luz verde a Carromero es algo que despierta muy poca duda, pero es posible que haya más: ¿Fue ella la que lo alentó o instigó a estas declaraciones, en un momento en que el caso Bárcenas se mantiene en el candelero, pero no ha proporcionado nuevos titulares tras el último discurso de Rajoy?

Pocos en España —podría afirmarse que nadie— duda de las aspiraciones presidenciales de Aguirre. Sus diferencias con Rajoy vienen de años. Su renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid no ha implicado “su retiro de la vida política”, como en su momento decretó desacertadamente Mario Vargas Llosa. Aguirre no solo mantuvo su cargo al frente del PP en la comunidad madrileña, sino que ha practicado una disidencia a veces vocinglera y otras más pausada. Su ferviente anticastrismo ha encontrado una afinidad política perfecta en su campaña de reivindicación de Carromero, con objetivos políticos propios.

Como suele ocurrir en todo lo relacionado con Cuba, la trama siempre tiene dos cabezas: una hacia el exterior, hacia la Isla, y otra nacional, sea Washington o Madrid, la Casa Blanca o la Moncloa.

Sin embargo, más allá de cualquier circunstancia, ahora es más imperioso que nunca la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido a Payá y Cepero. Carromero ha decidido asumir un riesgo, está en juego su prestigio —o lo que queda de éste— y por ello merece que sus acusaciones se investiguen. Pero, sobre todo, lo merecen más los opositores muertos y sus familiares, y también el pueblo cubano.

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