Hoja de ruta hacia la nada

Manuel Cuesta Morúa, víctima de la represión, acaba de presentar en rueda de prensa otro proyecto más para la reforma constitucional en Cuba. Este último conjuga “un proceso plural abierto y de debates [con la] recogida de firmas.”

Así tenemos otro avatar del Proyecto Varela, solo que en vez de proponerse por cinco [Oswaldo Payá, Miguel Saludes, Regis Iglesia, Juan Rodríguez y Antonio Díaz], será definido por consenso entre muchos, aunque desde ya se recogen no sólo las “propuestas ciudadanas,” sino también las firmas.

La premisa es válida: sin saber aún cuál será la hoja de ruta consensuada, la gente puede dar su firma, porque sabe qué cualquier ruta será mejor que la del gobierno. El problema está en que los promotores de estas iniciativas no acaban de entender la premisa del gobierno: “Tendrían que expulsarnos, declararnos unos imbéciles y unos incapaces, si nos dedicamos a atender o hacer aquí un debate parlamentario porque diez mil personas lo deseen, o pueden ser cien mil.” (Fidel Castro, Biografía a dos voces, Debate, 2006, página 392).

El engaño de las firmas

Precisamente de cien mil firmas fue la campaña en que Cuesta Morúa se embarcó [con Darsi Ferrer, Leonardo Calvo, Yusnaymi Jorge Soca, Wilfredo Vallin, y Pedro Llera] “para exigir el derecho de propiedad.” Arrancó el martes 10 de noviembre de 2009 y jamás nadie dijo en qué paró la cosa, pero la gente lo sabe: en nada.

Lo mismo sucederá ahora e igual suerte correrán todos los proyectos alucinados con que la constitución castrista autoriza para proponer leyes si se recogen al menos diez mil firmas de respaldo. Léase el pregonado artículo autorizante:

88. “La iniciativa de las leyes compete… g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil ciudadanos, por lo menos que tengan la condición de electores.”

No se habla de firmas y tendrían que expulsarnos, declararnos unos imbéciles y unos incapaces si pensáramos que Castro, al dictar la ley, no hizo la trampa. Lo primero que hay que preguntarse es cómo los ciudadanos acreditarían su condición de electores: ¿con una certificación del registro de electores, un hago constar del CDR o con qué? A tal efecto, la ley complementaria de la constitución es el Reglamento de la Asamblea Nacional (1996), que exige “declaración jurada ante notario” (Artículo 64).

En la tradición que data de la convocatoria, por el Partido Pro Derechos Humanos, a un plebiscito en 1988 similar al chileno, las firmas suelen recogerse —junto con el nombre completo, dirección y número del carné de identidad del firmante— por los propios promotores de los proyectos. Ya en ocasión del Proyecto Varela, el jurista disidente René Gómez Manzano comunicó por escrito a Payá que sus instrucciones para recoger firmas “me hicieron comprender que tú y los restantes promotores del proyecto desconocen las normas jurídicas que rigen en esta materia, pues el sentido común indica que, en caso contrario, no harían tanto hincapié en que se sea tan meticuloso en la recogida de unos datos personales que no poseen validez legal alguna.”

No vale la pena seguir arando con los mismos bueyes si se sabe de antemano que el arado chocará con la misma piedra. Y sinceramente, tendrían que expulsarnos, declararnos unos imbéciles y unos incapaces si creyéramos “que hay mejores condiciones para que la ciudadanía responda con una cifra crítica” a este nuevo avatar del mismo disparate jurídico-constitucional y político. El “pueblo cubano” nunca seguirá a las víctimas.

Coda

En el colmo del desparpajo político, Castro mismo indicó cómo reformar su constitución del socialismo irrevocable: “Hay que hacer una revolución, mejor dicho, una contrarrevolución” (Biografía a dos voces, 2006, página 555).

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