ONU: Situación de los derechos humanos en Cuba

La tensión extrema entre Cuba y los Estados Unidos de América crea un clima poco propicio para el desarrollo de las libertades de expresión y de reunión. Las leyes estadounidenses y los fondos destinados a la "edificación" de la democracia en Cuba hacen que se considere a los opositores políticos de la isla simpatizantes del extranjero y brindan a las autoridades cubanas la oportunidad de intensificar la represión contra ellos.

En los meses de marzo y abril de 2003 tuvo lugar en Cuba una ola de represión sin precedentes, con el pretexto de que el representante de los intereses estadounidenses en La Habana intervenía activamente en la oposición política. Fueron detenidas casi 80 personas de la sociedad civil, a las que se enjuició y condenó a largas penas de entre 6 y 28 años de cárcel, con arreglo al artículo 91 del Código Penal o bien a este mismo artículo combinado con la Ley Nº 88, que tipifica como delito los actos "contra la independencia y la integridad del Estado".

Los procesados fueron acusados de publicar artículos o entrevistas en los medios de información; comunicarse con diversas ONG internacionales y con exiliados en los Estados Unidos o en Europa; poseer cintas de audio o de vídeo provenientes de la Sección de los intereses estadounidenses en La Habana; y comunicarse con grupos no reconocidos oficialmente, como sindicatos, asociaciones profesionales o academias cubanas independientes.

Los juicios fueron muy breves (unas pocas semanas, incluso unos días) y se celebraron a puerta cerrada. Los acusados recibieron la asistencia de abogados que no pertenecían a colegios independientes. En la actualidad están encarcelados en condiciones sanitarias, físicas y mentales que suscitan gran preocupación, tanto más cuanto que la información sobre su caso facilitada por las autoridades cubanas a la Alta Comisionada o a los relatores especiales signatarios de los llamamientos urgentes es muy sucinta, o incluso inexistente.

En 2005, se registraron nuevas detenciones y condenas desproporcionadas de personas que manifestaban opiniones políticas disidentes. El llamamiento dirigido a las autoridades cubanas el 28 de julio de 2005 por la Representante Personal de la Alta Comisionada ha quedado sin respuesta. Así pues, la Representante Personal formula diez recomendaciones que permiten, por un lado, poner fin a la situación presente restaurando el respeto de los derechos humanos en el país y, por el otro, garantizar la protección internacional de esos derechos mediante la adhesión de Cuba al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a sus dos Protocolos Facultativos, y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

INTRODUCCIÓN

1. En su resolución 2002/18, la Comisión de Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dispusiera el envío de un Representante Personal a fin de que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cooperara con el Gobierno de Cuba en la aplicación de la resolución. En su resolución 2003/13, la Comisión, expresando su satisfacción por el nombramiento de Christine Chanet como Representante Personal de la Alta Comisionada, instó al Gobierno de Cuba a que la recibiera y le prestara todas las facilidades necesarias para que pudiera cumplir plenamente su mandato. La Comisión reiteró esta petición en su resolución 2004/11. En su resolución 2005/12, la Comisión renovó el mandato de la Representante Personal de la Alta Comisionada.

2. El 6 de febrero y el 12 de mayo de 2003 Christine Chanet, mediante cartas dirigidas al Representante Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, invitó a las autoridades cubanas a reunirse con ella para entablar un diálogo constructivo. El 30 de mayo de 2003, el Alto Comisionado apoyó esa solicitud por el mismo conducto. El 26 de junio de 2003, las autoridades cubanas hicieron saber al Alto Comisionado que no reconocían el mandato de su Representante Personal.

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