Amnistía Internacional denuncia el aumento de las ejecuciones extrajudiciales

La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció el aumento de las "ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden" en Colombia y de las violaciones de derechos humanos cometidas por grupos paramilitares, según un informe publicado el martes en Madrid, reportó la AFP.

En el documento Déjennos en paz, consultado por AFP, el grupo de defensa de los derechos humanos señala que, según el gobierno colombiano, en el país hay "un renacimiento irreversible de una paz relativa, un rápido descenso de los índices de violencia, la desmovilización con éxito de miles de combatientes paramilitares y una justicia efectiva para las víctimas de abusos".

"Sin duda, es cierto que en los últimos años se ha reducido la incidencia de algunos abusos", prosigue AI en su informe de 85 páginas. "Pero otros, sin embargo, han aumentado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales perpetradas directamente por las fuerzas de seguridad y los desplazamientos forzados" de las poblaciones.

Además, "el aumento reciente de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas también es motivo de preocupación", enfatiza AI.

"Los grupos paramilitares continúan activos y siguen cometiendo violaciones de derechos humanos, a pesar de que el gobierno afirma lo contrario", dice el informe, que insiste en particular en la existencia en Colombia de un conflicto que implica al ejército, a los paramilitares y a las guerrillas, y que no es sólo una "guerra contra el terrorismo", como afirma el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe.

Este conflicto, que AI dice haber investigado durante dos años en Colombia para elaborar su informe, se ha cobrado la vida de más de 70.000 personas en 20 años, la mayoría de ellas civiles.

Según el organismo, entre 15.000 y 30.000 personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace 40 años.

AI denuncia además a los grupos ilegales armados de izquierda, en particular las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por los secuestros, desplazamiento forzado de poblaciones —también atribuible a los paramilitares—, uso récord de minas antipersonales (884 muertos en 2007) y reclutamiento de niños.

La cantidad de secuestros sin duda bajó —de 3.570 en 2000 a 520 en 2007—, pero "Colombia sigue siendo un país en el que millones de civiles, en particular quienes viven afuera de las grandes ciudades, siguen siendo castigados por el conflicto violento y prolongado", afirma AI.

La ONG denuncia también la impunidad de la mayoría de los 31.000 paramilitares desmovilizados desde 2002 —el 90%, según ésta—. Por otra parte, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre 3.500 y 5.000 hombres que pertenecen a grupos armados de este tipo todavía están activos en 22 departamentos.

"Los dos bandos implicados en el conflicto —el Estado y los grupos guerrilleros— deben respetar de una vez por todas la inmunidad de la población civil y protegerla de las consecuencias del conflicto", concluye el informe.

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