Bush pide al Congreso que apruebe el plan de rescate financiero acordado

El presidente estadounidense, George W. Bush, instó el lunes al Congreso a aprobar el proyecto de rescate financiero que los líderes del legislativo concensuaron en negociaciones maratónicas durante el fin de semana, aduciendo que es necesario para impedir que la crisis del sector financiero "se propague" al resto de la economía, informó la AP.

Bush sostuvo que los contribuyentes se beneficiarán con una serie de salvaguardias que los legisladores incorporaron al proyecto durante las negociaciones en el Capitolio, incluyendo controles mutuos sobre la operación del programa.

El presidente habló poco después de que dos prominentes protagonistas de las negociaciones acudieron a programas de televisión para instar a la aprobación del plan, aunque ambos admitieron que la necesidad de esta medida representa un día aciago para la nación.

Cuando se le preguntó si el proyecto de compromiso será aprobado en el Congreso, el senador demócrata Chris Dodd respondió: "Esperamos que sí".

El senador, presidente del Comité Bancario, de Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, agregó que el proyecto no es una panacea para todos los problemas que agobian los mercados financieros. No obstante, dijo que si no se actúa, el deterioro podría propagarse y restringir aun más los mercados crediticios.

Por su parte, el senador Judd Gregg, que representó a los republicanos en las negociaciones, calificó el plan de "torniquete" para la enfermedad en el sector financiero.

El acuerdo

Los líderes en el Congreso y la Casa Blanca llegaron al acuerdo del plan multimillonario de rescate del sector financiero después que los legisladores insistieron en compartir el control de gastos con el gobierno.

El mayor rescate económico en la historia de Estados Unidos obtuvo el apoyo tentativo de los dos candidatos presidenciales Barack Obama y John McCain y debía ser sometido a votación en la Cámara de Representantes este lunes.

El plan, que durante días se vio sumido en una confusión en medio de un año electoral, le daría al gobierno amplios poderes para utilizar el dinero de los contribuyentes con el fin de adquirir miles de millones de dólares en activos vinculados con hipotecas de vivienda, los cuales se encuentran en poder de firmas financieras carentes de dinero en efectivo.

La presidenta de la cámara baja, la demócrata Nancy Pelosi, dijo que la propuesta no es un rescate de Wall Street, sino más bien un financiamiento para ayudar a la economía a repuntar.

Pelosi habló con periodistas en el Capitolio justo después de que se dio a conocer la legislación final, el domingo, y en momentos en que los republicanos de la Cámara de Representantes y los demócratas se reunían en privado para revisar detalles y evaluar el nivel de apoyo.

El Congreso hizo uso de su fuerza política e insistió en que hubiera una mayor supervisión en el control del dinero de lo que la Casa Blanca deseaba. Los legisladores tuvieron que capear a los molestos electores, los cuales tienen poca consideración por los ejecutivos de Wall Street, y a funcionarios gubernamentales que advirtieron que la inacción en torno al problema derivaría en una recesión.

El rescate, la mayor intervención gubernamental en los mercados financieros desde la Gran Depresión, arroja la larga sombra de Washington sobre Wall Street. El gobierno asumiría grandes cantidades de activos devaluados de compañías financieras sumidas en graves problemas, con la esperanza de reanimar el crédito.

"No sé de nadie aquí que desee que el centro del universo económico sea Washington", dijo el senador Chris Dodd. Sin embargo, añadió, "el centro de gravedad está aquí temporalmente (...) no quiera Dios que esté aquí más tiempo de lo necesario para activar el crédito".

El plan le permitiría al Congreso bloquear la mitad de los 700.000 millones de dólares del rescate y obligar al presidente a tener que cumplir ciertos requisitos antes de poder utilizar todo el dinero. El gobierno podría obtener 250.000 millones de inmediato, 100.000 más si el presidente certifica que son necesarios, y los últimos 350.000 millones con una certificación aparte. Estos aún estarían sujetos al Congreso, que podría emitir una resolución para impedir el uso del dinero.

A pesar de ello, el presidente podría vetar la resolución, lo cual significa que se requeriría una oposición enorme en el Congreso para poderla detener.

© cubaencuentro.com