Condena a exmilitar chileno abre camino a extradición

Tres días después de haber sido detenido por las fuerzas militares de Augusto Pinochet el 12 de septiembre de 1973, Víctor Jara fue interrogado y brutalmente golpeado en uno de los vestidores del Estadio Chile.

El cantante de música popular chilena se encontraba bajo la custodia del teniente Pedro Barrientos, quien lideró las torturas y conspiró para asesinar a Jara, cuyo cuerpo apareció después con más de 40 balazos.

Así lo aseguró la demanda de los abogados de la familia Jara ante el jurado estadounidense que este lunes declaró que Barrientos fue responsable de la muerte del ícono de la canción protesta en Chile, informa BBC Mundo.

El juicio se realizó durante siete días en una corte federal de Orlando (Florida) luego de que la viuda de Jara, Joan, y sus dos hijas, Manuela y Amanda, presentaran una demanda civil en contra de Barrientos en 2013.

Barrientos, de 67 años, huyó de Chile a EEUU en 1989 y reside actualmente en el estado de Florida, donde se dedica a la venta de automóviles.

Además de tener que pagar una compensación de $28 millones a la familia Jara, Barrientos podría enfrentarse en el futuro a una extradición, si el gobierno de EEUU considera este precedente.

A pesar de los procesos legales e investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los años, la muerte del cantautor no ha sido del todo esclarecida ni los autores e implicados en el crimen condenados.

Sin embargo, este juicio contribuyó a arrojar más pistas sobre qué ocurrió entre el 12 y el 16 de septiembre de 1973.

En todas sus declaraciones, Barrientos negó conocer en esa época al popular cantautor y haber estado en el Estadio Chile (rebautizado Víctor Jara en 2003) en el momento de su asesinato.

Pero seis exsoldados del gobierno militar aseguraron en testimonios grabados en video desde Chile haberlo visto al menos unas 20 veces entre esos días.

Y uno de ellos, José Navarrete Barra, afirmó que Barrientos incluso llegó a jactarse del crimen que había cometido.

“Él dijo muchas veces que había matado a Víctor Jara”, aseguró en el video.

Según los abogados de las Jara, el 12 de septiembre de 1973 el general Sergio Arellano Stark envió a varios soldados al Estadio Chile, convertido en centro de detención y tortura luego de que Pinochet encabezara un golpe contra el presidente Salvador Allende el día anterior.

Las unidades enviadas al lugar incluyeron al regimiento Tejas Verdes, en el que Barrientos prestaba servicio.

Allí, él y sus subordinados mantuvieron a civiles que habían sido detenidos de forma arbitraria. Uno de ellos, Víctor Jara.

Tres días después, señala la demanda, Jara fue llevado a uno de los vestidores del estadio, donde fue víctima de interrogatorios y torturas por su postura comunista y por haber sido funcionario del gobierno de Allende.

“Luego de este cruel tratamiento, el exteniente Barrientos mató, hizo que otros mataran o conspiró para matar a Víctor Jara al dispararle en la cabeza y luego al cuerpo al menos cuarenta veces”, dice la demanda.

Barrientos no dio declaraciones posteriores al veredicto, pero su abogado, Luis Calderón, señaló que prepararían una apelación.

El inicio

Los abogados de las Jara, del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés), investigaron a Barrientos a partir de un reportaje transmitido en 2012 por la cadena televisiva Chilevisión.

A partir de ahí, la familia de Jara recurrió al Acta de Protección a las Víctimas de Tortura, un estatuto estadounidense que permite presentar demandas civiles en ese país contra exfuncionarios que hayan cometido actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales en el extranjero.

A pesar de que Joan Jara había solicitado abrir una investigación criminal en Chile por el homicidio de Víctor Jara en 1978, fue en EEUU que pudo escuchar el veredicto que había esperado por más de 40 años.

“Es el inicio de la justicia para toda esa gente, para los familiares en Chile que están esperando conocer el destino de sus seres queridos, y que por muchos, muchos años han querido justicia y conocimiento, como nosotras”, le dijo este lunes al diario británico The Guardian.

Joan Jara dice “inicio de la justicia” porque espera que el gobierno estadounidense considere el veredicto de esta demanda civil para extraditar a Pedro Barrientos a Chile, en donde un juez ordenó su procesamiento y el de nueve exmilitares más en julio del año pasado.

Segunda vez

Es la segunda vez que un exmiembro de los militares golpistas que apoyaron el derrocamiento de Allende por parte del general Augusto Pinochet comparece ante un tribunal estadounidense en relación con los asesinatos que ocurrieron en aquel entonces, de acuerdo a una información aparecida en El Nuevo Herald.

En 2003, miembros de un jurado en la Corte Federal en Miami encontraron a un excomandante del ejército chileno, Armando Fernández Larios, responsable de la muerte de varios partidarios de Allende después del golpe.

Fernández Larios también ha sido acusado de haber ayudado en el complot en que un terrorista colocó una bomba en el auto del excanciller chileno, Orlando Letelier, que estalló en 1976 en Washington, matando a Letelier y a su asistenta Ronni Moffitt.

Caso Letelier

A comienzos de este mes un juez en Chile procesó a tres exagentes de la policía secreta de Pinochet por el asesinato en Washington de la ciudadana estadounidense Ronnie Moffitt, muerta al estallar una bomba en el vehículo en el que viajaba con su esposo y Letelier.

Los procesados como autores del homicidio calificado de Moffitt son el coronel Pedro Espinoza, el exteniente Armando Fernández Larios y el estadounidense Michael Townley. Los dos últimos colaboraron en el juicio en Estados Unidos por el asesinato de Letelier y Moffitt y se acogieron a la ley de protección de testigos estadounidenses, que les da una nueva vida e identidad.

Espinoza y Manuel Contreras, el máximo jefe de la policía secreta de la dictadura, fueron juzgados y condenados en Chile en 1995 como autores intelectuales del asesinato de Letelier, ocurrida en el barrio de las embajadas en Washington. Letelier y Moffitt iban sentados adelante del vehículo, mientras el esposo de esta y asistente del exdiplomático, viajaba atrás y se salvó.

Contreras murió en 2015 mientras cumplía condenas superiores a 500 años por violaciones a los derechos humanos mientras estaba encarcelado en el penal de Punta Peuco, una cárcel para criminales de lesa humanidad, la misma donde ahora está recluido Espinoza.

En su dictamen el juez, especializado en casos de derechos humanos, dijo que hay “presunciones fundadas para responsabilizarlos en calidad de autores” del homicidio de Moffitt, cuyo asesinato no se ha juzgado en Chile.

El juez precisa que en múltiples documentos, incluidos los desclasificados por EEUU, “se encuentran acreditados” varios hechos, entre ellos que la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, la policía secreta del régimen militar, planificó una serie de atentados en el extranjero contra chilenos; que Fernández Larios viajó a Paraguay para conseguir pasaportes para viajar a EEUU, misma misión que desarrolló Townley.

El juez dice que a la misión se sumó el Movimiento Nacionalista Cubano, encargados de seguir a Letelier en Washington.

La Corte Suprema chilena solicitó el 18 de mayo último la extradición a Estados Unidos de Fernández Larios, de Townley y del cubano Virgilio Paz Romero por su participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, también en 1976.

Paz Romero, que fue convicto por colocar la bomba que mató a Letelier, permanece en libertad en Miami, luego que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara que las detenciones indefinidas eran inconstitucionales. Paz Romero fue dejado en libertad por el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) en julio de 2001. El FBI dijo que el 21 de septiembre de 1976, Paz Romero y otros dos individuos colocaron la bomba que ocasionó la muerte a Letelier y Moffitt en Washington.

El exiliado cubano vivió como fugitivo desde el atentado hasta su arresto en 1991. Paz Romero se declaró culpable de asesinato de un funcionario extranjero y cumplió seis años de una condena a 12 antes de ser dejado en libertad condicional en 1998. Pero seguidamente el SIN lo detuvo por considerarlo un peligro para la comunidad y un juez de inmigración ordenó su deportación, pero como EEUU carece de acuerdo de deportación con Cuba, Paz Romero y continuó indefinidamente en poder del SIN en Bradenton, Florida, hasta que un tribunal federal de distrito ordenó su libertad en Miami.

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