El conflicto entre los productores rurales y el gobierno parece ir a un callejón sin salida

El conflicto entre el gobierno argentino y los productores rurales parecía encaminarse hacia un callejón sin salida el martes, luego que éstos anunciaran la suspensión de la comercialización de granos para exportación y de carne vacuna, informó la AP.

El anuncio se produjo ante la negativa de la presidenta, Cristina Fernández, a retomar las negociaciones por un polémico esquema de impuestos a las ventas externas de soja y girasol, el cual rechazan los ruralistas. Es la primera ocasión desde que comenzó el conflicto en que los productores deciden tomar una medida de fuerza con la carne.

"Ante una recurrente negativa del gobierno nacional a retomar el diálogo, la comisión de enlace de entidades agropecuarias ha resuelto convocar a todos los productores del país a retomar medidas de protesta", dijo en rueda de prensa Mario Llambías, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El nuevo plan suspende desde este miércoles y hasta el lunes 2 de junio la comercialización de granos con destino a la exportación, mientras que a partir del jueves y hasta el mismo lunes no habrá comercialización de ganado vacuno.

Los titulares de las organizaciones rurales implicadas aclararon que la protesta no incluirá bloqueos de carreteras. "Se hace una especial recomendación a todos los productores que se facilite el libre tránsito de todas las personas, automóviles y transporte de pasajeros y cargas que no estén involucrados en las medidas de protesta", pidió Llambías.

También anunciaron que a partir del lunes 9 de junio van a "reforzar y profundizar las acciones sobre el Parlamento para lograr por la vía legislativa las soluciones que el sector necesita".

El anuncio de nuevas medidas de fuerza se produjo un día después de que el gobierno cancelara una reunión prevista con los delegados de las organizaciones rurales.

Hace ya casi tres meses que el gobierno y los productores están enfrentados por un nuevo sistema de retenciones (gravámenes) a las exportaciones de soja y girasol, que se fija de acuerdo a su cotización en el mercado internacional.

El conflicto desató dos huelgas agropecuarias y múltiples actos de protesta, el último el domingo, cuando en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, 300.000 personas —según la prensa— se manifestaron contra el gobierno por considerar que la medida es confiscatoria.

Minutos antes de que las entidades rurales anunciaran la nueva protesta, el Partido Justicialista (Peronista) que encabeza el ex presidente Néstor Kirchner, esposo de la actual mandataria, emitió un documento de respaldo a la presidenta Fernández con duros términos hacia los productores.

Kirchner, quien recientemente asumió la conducción del partido gobernante, convocó a gobernadores y legisladores de esa fuerza a una reunión de urgencia para analizar la primera crisis para el gobierno de su esposa, que asumió el 10 de diciembre.

Tras esa reunión, se emitió un documento en el que se calificó la protesta como un "ataque antidemocrático, con ánimo destituyente y falta de respeto a la voluntad popular contra la presidenta y los gobernadores".

La mandataria ha evitado referirse directamente al conflicto en los últimos días, aunque el documento emitido por el partido fija claramente su posición.

"Sorprende la virulencia de un 'lock out' (bloqueo) salvaje e interminable con el que pretenden erigirse en dueños del derecho a transitar, se ufanan de desabastecer y no les importa encarecer los alimentos que necesitan las familias argentinas en sus mesas. Sorprende que en esas condiciones pretendan que pueda haber un diálogo bajo presión, sorprende que invoquen voluntad de diálogo cuando sólo conciben ganar o ganar", agregó el texto.

En distintas localidades del interior del país el disgusto por la falta de una solución va en aumento y en la provincia de Entre Ríos, uno de los núcleos más combativos de la protesta campesina, los ruralistas iniciaron por la mañana bloqueos de carreteras para impedir el paso de transporte internacional y de granos en la localidad de Paraná. También ocurrió en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires.

El gobierno insiste en que el alza de las retenciones es una medida para redistribuir la riqueza de los sectores que obtuvieron mayor rentabilidad hacia los menos favorecidos y frenar la "sojización" del país en perjuicio de otros cultivos como el trigo y el maíz, así como de la ganadería, cuya escasez empuja los precios en el mercado interno en un contexto de inflación en aumento.

"Un sector no puede pensarse más importante que el conjunto. La redistribución debe realizarse desde lo que más tienen a los que menos tienen. El Estado es el único que puede operar ese cambio", sostuvieron los peronistas en su documento.

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