El fiscal general pide investigar a varios senadores por presuntos nexos con las FARC

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, pidió el jueves que la Corte Suprema de Justicia investigue a la senadora Piedad Córdoba, quien ha actuado como mediadora con las FARC para liberar rehenes, y a otros dos congresistas, como parte de un grupo que incluye políticos, periodistas y extranjeros sospechosos de mantener vínculos con ese grupo ilegal armado, informó la AP.

Iguarán informó que abrió investigaciones contra la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, el también ecuatoriano Iván Larrea; el venezolano miembro del Parlamento Latinoamericano, Amílcar Figueroa, y el estadounidense James Jones, antropólogo y economista.

Además de Córdoba, los legisladores sospechosos son el representante Wilson Borja y la senadora Gloria Inés Ramírez, de los opositores partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo, respectivamente, en cuyos casos "la Fiscalía ha compulsado de manera inmediata copias ante la honorable Corte Suprema de Justicia para lo pertinente", dijo Iguarán.

Sólo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene facultad para investigar a legisladores, según la ley de Colombia.

El fiscal general dijo que los nombres de los políticos y el resto de los mencionados aparecen en documentos extraídos de tres computadoras que supuestamente fueron confiscadas por militares colombianos cuando el 1 de marzo incursionaron ilegalmente a Ecuador para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Iguarán también dijo que abrió investigaciones contra los periodistas Carlos Lozano y William Parra, corresponsal de la cadena de noticias Telesur; el ex ministro Álvaro Leyva, quien había sido autorizado por el gobierno para mantener contactos con el grupo, el ex asesor de paz Lázaro Viveros y la directora de la organización no gubernamental Cruz de Agro, Liliana Ovando.

El fiscal expresó que "en cuanto a los ciudadanos y extranjeros (...) la Fiscalía ha dispuesto nueve indagaciones, radicadas en la misma fecha y asignadas a la unidad nacional contra el terrorismo".

El canciller Fernando Araújo declaró a periodistas que, en caso de que la Fiscalía requiriera la presencia de esas personas en Colombia, se solicitaría "la extradición a los gobiernos respectivos".

Ante estudiantes universitarios en Cali, 250 kilómetros al suroeste de Bogotá, la controvertida senadora Córdoba dijo que estaba en "capacidad de responder con la verdad".

"El país me conoce. Este es un proceso jurídico-político y es un ataque contra la razón y la argumentación", dijo.

Córdoba afirmó que seguirá buscando el acuerdo humanitario "no solamente porque tengo el mandato de los familiares con la autorización de los familiares, sino porque tengo un mandato personal".

Lozano, director del semanario comunista Voz, expresó a radio Caracol que las personas señaladas por el fiscal han venido trabajando "de manera pública" por el intercambio humanitario", con conocimiento del gobierno, de la comunidad internacional y de "cara al país". Dijo estar dispuesto a "aclarar lo que sea necesario".

Después, comentó que le parece "muy grave" que entre los sospechosos haya tres periodistas —contando a Viveros—, pues parece una amenaza a la libertad de expresión. "Hay unos periodistas que tienen todo el derecho a acceder a esas fuentes y otros que lo tenemos prohibido y entonces vamos a hacer judicializados", comentó a radio RCN.

Córdoba actuó este año junto al presidente venezolano, Hugo Chávez, en las gestiones que culminaron con la liberación de seis rehenes en manos de las FARC. La senadora comentó la semana pasada a medios colombianos que temía ser acusada ante la justicia de mantener nexos con los rebeldes.

Jones, un experto en desarrollo alternativo, que ha trabajado con las Naciones Unidas y con demócratas en el Congreso de Estados Unidos, calificó de "absurda" la decisión del fiscal general colombiano.

"Veo esto y me río (...) ni siquiera merece que lo responda", comentó en una conversación telefónica desde Washington. Jones dijo que sostuvo contactos con el fallecido jefe de las FARC Raúl Reyes, en aras de lograr la liberación de rehenes, entre los que están tres estadounidenses.

Viveros expresó que "temía que eso pudiera presentarse", refiriéndose al anuncio de que será investigado. Argumentó que se ha dedicado a "lograr la liberación de los secuestrados".

Las indagaciones contra los Córdoba, Borja y Ramírez se suman a las que la CSJ sigue contra más de 30 congresistas, casi todos aliados del presidente Álvaro Uribe, por supuestos vínculos con grupos paramilitares.

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