El gobierno abre otro proceso a Globovisión por declaraciones de un periodista

El ente regulador del sector de telecomunicaciones de Venezuela anunció el martes la apertura de un nuevo proceso, el cuarto en seis meses, al canal Globovisión, por una presunta violación a la ley del sector que habría cometido al difundir unas declaraciones de un periodista contra el presidente Hugo Chávez, informó la AP.

El director de la televisora, Alberto Federico Ravell, denunció el martes que la acción de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) responde a "un tema político del gobierno" que busca el cierre de Globovisión, crítica de Chávez.

"El gobierno tomó la decisión de quitarse de encima ese fastidio, esa piedrita en el zapato en que ha convertido este canal", añadió.

El nuevo procedimiento contra la televisora ocurre en medio de las tensiones generadas por las dos recientes investigaciones que abrió la Fiscalía General contra Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, y la notificación que recibió el medio para cancelar unos 4,18 millones de dólares por una multa e impuestos omitidos de los años 2002 y 2003.

El Tribunal Supremo de Justicia emitió el pasado 4 de junio una sentencia que ratificó el decomiso de unas microondas de Globovisión, que ejecutó Conatel, así como una multa de 582.000 bolívares fuertes (unos 270.697 dólares) que impuso ese organismo al canal por utilizar los aparatos sin autorización.

La consultora jurídica de Conatel, Roselyn Dager, informó el martes que fue iniciado un proceso contra Globovisión por la difusión de unas declaraciones que realizó el periodista Rafael Poleo, en octubre pasado, en un espacio del canal, donde afirmó que Chávez debía cuidarse de no terminar como Benito Mussolini, "colgado con la cabeza para abajo".

Dager dijo a la televisora estatal que el hecho podría ser catalogado como "punible, un hecho sancionado por el Código Penal venezolano".

Al ser preguntada sobre si Globovisión tendría alguna responsabilidad directa por las afirmaciones que efectuó Poleo en un programa de un productor nacional independiente, Dager refirió que "la ley establece claramente la responsabilidad, tanto del medio como un productor nacional independiente".

"De determinarse que Globovisión haya coadyuvado o haya permitido la realización de actividades delictivas o hechos catalogados como punibles, entonces Conatel actuará conforme a la ley, y podrá revocar la concesión", dijo la funcionaria.

Ana Cristina Núñez, abogada de Globovisión, expresó que Conatel va a "esperar que la Fiscalía determine si en efecto hay responsabilidad penal en cabeza de Globovisión para, a parte de las consecuencias penales que eso evidentemente ocasionaría, proceder a revocar la concesión de Globovisión".

"Van tras nosotros porque es la única forma que tienen de criminalizar a un canal que lo que ha hecho es defender la libertad de expresión", dijo Ravell al rechazar el proceso de Conatel y considerarlo una acción "política".

"Esto no es un tema judicial, esto no es un tema de reglamento, esto no es tema de leyes, esto es un tema político", añadió.

Ravell dijo a la AP que los representantes del canal obtuvieron el martes una planilla del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) donde les notifican un "incremento por un supuesto ajuste" de la multa y los impuestos omitidos de los años 2002-2003, que dobla la deuda y la "lleva a 9,0 millones de bolívares (fuertes)", es decir 4,18 millones de dólares.

El Seniat informó la semana pasada que la obligación tributaria de la televisora era de 2,3 millones de dólares. El ente estatal no confirmó de momento el aumento de la multa.

El directivo afirmó que el ajuste de la obligación tributaria representa "un golpe bajo, muy duro, pero vamos a superarlo". Precisó que con las colectas de dinero que ha hecho la población a favor del canal en los últimos días, así como los recursos que aporten los propietarios del medio se pagará la multa.

La Fiscalía General anunció el martes en un comunicado que Perla Jaimes, abogada del presidente de Globovisión, fue imputada por "la presunta comisión del delito de obstaculización a una orden judicial" en el que habría incurrido durante un allanamiento que hicieron las autoridades el pasado 21 de mayo a una propiedad de Zuloaga.

Conatel abrió en octubre pasado un primer procedimiento a Globovisión por las afirmaciones que realizó Poleo contra el mandatario venezolano, pero la investigación no ha concluido.

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