El gobierno declara el estado de excepción para hacer frente a la huelga judicial

El gobierno del presidente Álvaro Uribe declaró el jueves el Estado de "Conmoción Interior" o de excepción a fin de conjurar un paro de 32 días del sistema judicial colombiano, informó la AP.

El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, leyó el decreto que declaraba dicho estado. Con ello, el gobierno podrá emitir decretos con fuerza de ley que le permitirían nombrar funcionarios interinos para que realicen la labor de los jueces en huelga.

Uribe explicó que, en defensa de los derechos ciudadanos, expedirá los primeros decretos con fuerza de ley con el propósito de facultar "al Consejo Superior de la Judicatura para crear, suprimir, trasladar, nombrar y dar posesión a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público esencial de la justicia".

Al anunciar la medida, Uribe dijo que más de 2.000 peligrosos criminales han salido libres a las calles porque no hay jueces que puedan oficializar sus capturas.

"La administración de justicia presenta más de 120.751 procesos que se han dejado de fallar", precisó Uribe, e indicó que más de 36.000 acciones de tutela o amparo no han sido decididas por la rama judicial. También se han dejado de realizar más de 25.000 audiencias.

"Esto le causa al país una tragedia. Hemos estado en permanente consulta con la Fiscalía General de la Nación" y con otros organismos del Estado, explicó el gobernante en una rueda de prensa transmitida por radio y televisión.

El mandatario aseguró que el fiscal general, Mario Iguarán, le informó que existe el riesgo de que en los próximos días varias personas acusadas de delitos graves queden en libertad por el paro de las labores de justicia.

Uribe también dictará medidas para descongestionar, mediante atribuciones de competencia a los notarios, todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción.

Asimismo otorgará facultades a mismo Consejo para "suspender funcionarios judiciales que de manera injustificada se abstengan de prestar sus servicios al público", entre otras medidas que permitirán impartir justicia.

Según la Constitución, el estado de Conmoción Interior no puede suspender las garantías constitucionales de los civiles, pero sí limitarlas. Estas garantías incluyen el libre tránsito, el derecho a la vida y el derecho a la libre expresión, entre otros.

Uribe señaló que su gobierno hará las modificaciones presupuestales necesarias para descongestionar el sistema judicial al amparo de la medida de excepción, e indicó que mantiene la "voluntad de diálogo y concertación con todos los sectores de la sociedad, especialmente con los servidores judiciales".

El sistema judicial, con unos 45.000 funcionarios, está agrupado en el sindicato Asonal Judicial, que inició el paro de labores hace 32 días, exigiendo una nivelación salarial para todos los empleados sindicalizados.

Antes de que el gobierno emitiera el decreto, Fabio Hernández, presidente de Asonal, dijo al telenoticiero de Caracol que la medida no tenía soporte jurídico porque la Constitución establece muy bien las condiciones, y dijo que de presentarse la Conmoción "habría que hacer las demandas correspondientes".

Unos pocos funcionarios se han reintegrado a sus labores, sin que sus compañeros opongan resistencia.

En los próximos tres días, el gobierno está obligado a informar al Congreso los motivos por los cuales tomó la medida, la cual no puede durar más de 90 días. En caso de una prórroga tendría que consultar primero con el legislativo.

© cubaencuentro.com