Actualizado: 23/04/2024 20:43
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Venezuela

El gobierno nacionalizará la venta y el transporte de combustible en el país

Las empresas privadas dedicadas a esos negocios deben negociar un acuerdo en 60 días.

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Al menos media docena de empresas venezolanas y tres transnacionales que surtían gasolina a estaciones de servicio serán estatizadas por una ley que aprobó el jueves la Asamblea Nacional, según la cual el gobierno controlará ese negocio y el transporte de combustibles, informó la AP.

La Asamblea, controlada por aliados del presidente Hugo Chávez, aprobó la ley que declara de utilidad pública la intermediación de gasolina y ordena a los mayoristas de combustible negociar en 60 días un acuerdo para la nacionalización de las empresas.

Las compañías que serán afectadas son: la inglesa British Petroleum, las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron-Texaco y los grupos locales Llano Petrol, Trébol, La Petrolea, Combustibles de Monagas, Petro Canarias, Delta Petrol.

Estas compañías le compraban combustibles a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y lo vendían a gasolineras.

La ley aprobada prevé que, de no llegarse a un arreglo al vencer el plazo de negociación, el gobierno podrá realizar la "adquisición de los activos" de las intermediarias por medio de un decreto de expropiación.

La normativa establece que el Estado se reserva también "las actividades de transporte terrestre, acuático y de cabotaje de combustible líquidos" y se da potestad al gobierno para asumir las empresas transportistas sólo cuando "desarrollen concentraciones de mercado".

El diputado oficialista Ángel Rodríguez dijo a la prensa que la corporación estatal PDVSA tiene previsto asumir el "60% de transporte" de combustibles y dejar en manos de privadas el resto del negocio.

Rodríguez consideró que la ley redundará en "un mejor servicio" en las estaciones de gasolina.

El diputado del partido opositor Podemos, Juan José Molina, dijo que la nueva regulación "confisca a través de ley las posibilidades de hombres y mujeres que desarrollen la actividad de transporte de combustible".

"En el caso de esta ley... se le está permitiendo al Estado que de manera arbitraria, que de manera abusiva, diga quiénes son los que van a manejar la distribución del combustible y cuándo lo van a manejar y qué empresas lo van hacer", declaró Molina a la AP.

Onofrio García, directivo de la Federación Venezolana de Transporte de Petróleo e Hidrocarburos, elogió que los congresistas eliminaran la propuesta que imponía la estatización expresa de las empresas con más de cinco camiones y dejaran la decisión final en manos del Ministerio de Energía.

El vicepresidente de la mayorista privada Trébol Gas, Orlando González, dijo a la AP que, a pesar de que la nueva legislación no favorece a los intermediarios, las 460 familias que trabajan en ese negocio esperan "poder acompañar al Ejecutivo".

"Seguiremos haciendo propuestas alternativas para seguir operando sin ser mayoristas. No hay problemas. El juego no se ha cerrado", acotó.

La nueva legislación fue aprobada por los 160 diputados aliados al gobierno y sólo la rechazaron los siete congresistas de Podemos.

La ley prevé que los grupos extranjeros y locales deberán vender a PDVSA los surtidores de gasolina, bombas sumergibles y tanques que han instalado en las estaciones de servicio a las que abastecían.

Dispone además que las 1.854 estaciones de combustible del país con distintas marcas pasarán a nombre de la corporación estatal. PDVSA cuenta en la actualidad con unas 600 estaciones de gasolina y el resto —un 67%— está en mano de inversionistas privados locales.

PDVSA tiene planeado invertir 700 millones de bolívares fuertes (unos 325,5 millones de dólares) para adquirir 60% de la flota de transporte de gasolina, que representan 1.200 unidades.


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