El gobierno trata de 'arreglar' el escándalo de las escuchas telefónicas

El ministro del Interior colombiano, Fabio Valencia Cossio, aseguró el miércoles que el gobierno pretende intervenir a todas las entidades públicas y privadas que tienen oficinas y aparatos para la interceptación de teléfonos, informó la AP.

"Lo que queremos es meter en cintura a esas entidades", dijo Valencia a la AP en entrevista telefónica, luego de que se denunciara esta semana que desde tres instituciones oficiales —la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía— al parecer se hacían interceptaciones telefónicas ilegales.

Desde febrero pasado se desató un escándalo luego de que la revista Semana denunciara que la policía secreta realizaba escuchas ilegales de los teléfonos de periodistas, opositores y magistrados de las altas cortes eran escuchados ilícitamente.

"El gobierno tuvo conocimiento de una sala de interceptación en la Procuraduría. Por eso le he solicitado muy respetuosamente al señor procurador que, como él tomo la decisión de cerrar esa sala... nos diga cómo operaba esa sala y qué tipo de interceptaciones se hicieron", explicó Valencia.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, dijo en declaraciones que fueron publicadas en la página de internet de la Procuraduría que "adelanta la verificación de la legalidad de las interceptaciones realizadas por la entidad entre 1996 y 2008".

El ministro Valencia advirtió que con esta postura el gobierno no pretende evadir responsabilidades por el espionaje que al parecer se urdió desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta, una entidad que depende directamente de la Presidencia de la República.

Según el diario español El País, el gobierno colombiano ha dado tres meses de plazo para que desaparezca el DAS y, en su lugar, nazca otra entidad encargada de "producir inteligencia y contrainteligencia".

"Lo que pretende el gobierno es que se investigue esta práctica ilegal y generalizada" de escuchas telefónicas y seguimientos ilegales", dijo Valencia, quien además, sin dar nombres, confirmó versiones de prensa que dicen que en Colombia hay al menos 12 empresas que se dedican a la interceptación de teléfonos.

"Y esas empresas privadas son ilegales. Por eso sería bueno saber al servicio de quién funcionan", advirtió.

Valencia, finalmente, dijo que no descarta que con el tema del espionaje se trate de desprestigiar al gobierno.

El lunes, el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, reconoció que desde una sala de interceptación de la Fiscalía se había "chuzado" (interceptado) ilegalmente el teléfono celular de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, quien desde hace tres años es el encargado de recaudar las pruebas contra los congresistas que presuntamente tuvieron nexos con los paramilitares.

En esta operación también habrían participado tres efectivos de la policía.

El martes, el fiscal Mendoza dijo a la AP que no descartaba que la ilegal interceptación del teléfono del magistrado Velásquez "sea una cortina de humo" orquestada por los ex funcionarios del DAS que desde hace siete meses están siendo investigados por presunto espionaje.

El 30 de julio pasado, la Fiscalía ordenó la aprehensión de 10 funcionarios y ex funcionarios del DAS por los seguimientos y las interceptaciones telefónicas ilícitas. El martes dos de ellos recuperaron la libertad por errores de procedimiento en la investigación.

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