El gobierno y los prefectos opositores avanzan en un acuerdo para superar la crisis política

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y los nueve prefectos del país —entre ellos cinco férreos opositores— avanzaron en un acuerdo para desactivar una aguda crisis política en una reunión de casi 12 horas celebrada entre lunes y martes, que continuará la semana próxima, informó la AFP.

En la reunión, realizada en el Palacio presidencial, oficialistas y opositores determinaron dejar en manos de equipos técnicos la evaluación detallada de los temas en los que los desacuerdos son mayores, como la nueva Constitución propuesta por el gobierno, el recorte de un ingreso a los departamentos y el proceso autonómico que demandan cuatro regiones.

"Hemos encontrado un principio de acuerdo en base a seis puntos que volveremos a analizar el próximo lunes en La Paz", informó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al final de la reunión.

El funcionario explicó que el gobierno y los prefectos decidieron buscar un pacto final que priorice "la unidad nacional, el rol del Estado en la economía, el apoyo al proceso de cambio (impulsado por el mandatario) y la necesidad de seguir profundizando el proceso democrático con el desarrollo de las autonomías".

De su parte, el prefecto de la próspera Santa Cruz, Rubén Costas, considerado la cabeza visible de la oposición, confirmó que "se comienzan a dar las pautas para un gran acuerdo nacional" y opinó que "en este camino se tiene que avanzar con responsabilidad".

Sobre la mecánica en la búsqueda del acuerdo final, el prefecto opositor de la central Cochabamba, Manfred Reyes, informó que se decidió conformar "una gran comisión para evaluar los temas fundamentales de la nueva Carta Magna y los estatutos autonómicos".

"Hemos dejado abierta la posibilidad de revisar el proceso constitucional, revisar el recorte (a los departamentos) del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las autonomías", resumió el prefecto de la gasífera Tarija, Mario Cossío.

Las regiones rebeldes rechazan la nueva Constitución de corte indigenista y estatista que impulsa el presidente Morales y piden que se les restituya la parte de sus presupuestos públicos anuales que el gobierno pretende utilizar para financiar un bono para los ancianos.

El diálogo gobierno-prefectos se instaló en un intento de concertar una salida a la confrontación que se ha radicalizado en las últimas semanas y que amenaza con desbordar en actos violentos.

La reunión bajó el tono de la confrontación y se desarrolló entre pedidos de pacificar Bolivia en busca de un gran pacto nacional "para construir un país sin odios, imitando a Sudáfrica", según lo propuso el prefecto Costas.

"Tiene que haber un desarme espiritual, repetir lo que hizo (el líder Nelson) Mandela en Sudáfrica, pues se necesita el perdón, para construir un país sin odios", afirmó el líder del departamento de Santa Cruz, quien junto a sus homólogos y organizaciones civiles de otras cuatro provincias son la más fuerte oposición al gobierno de La Paz.

A mediados de diciembre el oficialismo aprobó sin debate y sin la oposición un proyecto de Constitución, que es considerada por la derecha y por las regiones como ilegítima.

Los gobernadores de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija —que suman la mayor parte de la riqueza del país— respondieron declarando una autonomía de facto, no reconocida por el gobierno central, que los acusa de ser "secesionistas".

En la cita de La Paz participaron los prefectos opositores Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Ernesto Suárez (Beni), Leopoldo Fernández (Pando), Manfred Reyes (Cochabamba) y José Luis Paredes (La Paz), los oficialistas Mario Virreira (Potosí) y Alberto Aguilar (Oruro), y el interino Ariel Iriarte (Chuquisaca), que suple al titular, que escapó a Perú por la violencia política en su región.

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