El Parlamento Europeo aprueba fuertes medidas para expulsar a los indocumentados

El Parlamento Europeo aprobó el miércoles nuevas normas para expulsar a los emigrantes ilegales del bloque, pese a las protestas de algunos países latinoamericanos, los grupos izquierdistas y los activistas de derechos humanos, informó la AP.

El endurecimiento de las medidas contra los indocumentados sucede a un cambio en parte de la opinión pública y oficial contra ese sector al que, por ejemplo, Italia culpa del aumento de la delincuencia violenta.

A ello se suma la crisis económica cada vez más grave, que presiona a muchos gobiernos del bloque a adoptar medidas draconianas para proteger los intereses de sus trabajadores.

Conforme a las nuevas directrices, aprobadas ya por los gobiernos de la UE, los indocumentados podrán permanecer detenidos hasta por 18 meses antes de ser expulsados. Los países del bloque deberán proporcionar a esos detenidos derechos básicos, incluyendo acceso a asesoría legal gratuita, y los menores no acompañados o las familias con menores deberán ser detenidas solamente como último recurso.

Algunos países latinoamericanos criticaron la medida por temor a que generen una ola de repatriaciones; ese temor se debe en parte a que en sus economías tienen un peso importante las remesas que envían sus ciudadanos que trabajan en Europa. Empero, los funcionarios de la UE insistieron que la reforma de por sí no ocasionará más deportaciones.

Una vez identificado como indocumentado por las autoridades, el emigrante tendrá un plazo de 30 días para abandonar voluntariamente el país. Si la autoridad aprecia el riesgo de que huya o no cumpla la orden de expulsión, podrá detenerlo por 6 meses mientras es procesada su deportación.

En casos concretos será posible una extensión de seis meses, por ejemplo ante la negativa del indocumentado a cooperar con las autoridades o si su identidad debe ser verificada con el país de origen. Los expulsados podrán encarar además una prohibición de volver al bloque durante 5 años si no cooperan o son considerados un peligro social.

Hasta ahora, no había una política común de la UE para expulsar a los emigrantes indocumentados, y los plazos de detención variaron desde 32 días en Francia a la custodia indefinida en Gran Bretaña. la UE calcula que podría haber hasta 8 millones de indocumentados en las 27 naciones del bloque.

"Hemos logrado el mejor acuerdo posible, dadas las diferencias" entre los países del bloque, dijo el líder de los liberales demócratas en la cámara, Graham Watson.

El acuerdo, aprobado por 369 votos contra 197 y 106 abstenciones, fue elaborado durante más de dos años, y las naciones de la UE dispondrán de otros dos para adoptarlo. Las nuevas normas —parte de una campaña para crear una política común de inmigración y asilo hacia 2010— no serán de aplicación automática en Gran Bretaña e Irlanda porque no son miembros del acuerdo-marco de Schengen, una zona sin fronteras internas, y Dinamarca, que decidió no sumarse al pacto.

Muchos legisladores socialistas y verdes se opusieron a la medida, por considerar que el plazo máximo de detención es excesivo y no está justificada la prohibición del regreso. Empero, tuvieron menos votos que los conservadores y liberales, que consideraron la nueva legislación una mejora.

"Al adoptar salvaguardias mínimas, limitamos las posibles conductas excesivas de los gobiernos", dijo la liberal demócrata holandesa Jeanine Hennis Plasschaert.

Indicó que en varios países, los indocumentados aguardan su deportación en cárceles regulares, junto a delincuentes convictos, lo que no será ya permitido con las nuevas normas.

Amnistía Internacional condenó la legislación, por considerar que no garantiza el regreso de los inmigrantes con suficiente dignidad y seguridad.

"Un periodo excesivo de detención de hasta año y medio así como la prohibición de regreso en toda la UE para los que sean obligados a regresar a sus países corre el peligro de reducir las normas vigentes en los estados miembros, además de dar un mal ejemplo a otras regiones del mundo", afirmó el grupo.

El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, rechazó esos reparos e insistió que no serán reducidas las garantías y que el plazo de detención de 32 días, no será alterado en Francia.

El Ministerio francés de Inmigración calcula que de 200.000 a 400.000 inmigrantes ilegales residen en el país, de 63 millones de habitantes.

Italia, que endureció su política de inmigración bajo el primer ministro Silvio Berlusconi, elevó ya al máximo el periodo cautelar de detención en anticipación a la ley.

El grupo galo Red de Educación Sin Fronteras, dijo temer que más países adopten ahora medidas similares, en una carta firmada por políticos, artistas e intelectuales.

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